La fiscalía relata en su escrito que el acusado y la que entonces era su pareja mantuvieron una fuerte discusión en la vivienda de él, ante lo cual la mujer intentó abandonarla pero el acusado se lo impidió “cerrando la puerta con llave y retirándola de la puerta, comenzando a golpear y romper el mobiliario de la casa”.

Ante esta situación, la mujer intentó llamar al 112, pero el acusado le arrebató el móvil. Después, ella logró recuperarlo y llamó a su cuñada para que avisara a la Guardia Civil.

Los agentes se personaron en el lugar y observaron a la mujer en uno de los balcones de la casa.

El hombre se asomó y los agentes intentaron persuadirle para que depusiera su actitud y dejara a la mujer que abandonara la vivienda.

Sin embargo, él se negó “rotundamente” y les manifestó “con ánimo de intimidarles que si entraban se iba a liar gorda y que saldrían con los pies por delante”. Estos hechos son objeto de otro procedimiento judicial.

Finalmente, “ante las reiteradas negativas a permitir la salida de la mujer, el estado de alteración del acusado y los instrumentos potencialmente lesivos de los que disponía, se procedió de modo coordinado a efectuar la entrada simultánea por la puerta principal y la terraza al interior del inmueble, consiguiendo liberar a la mujer”.

En el momento de los hechos, el ministerio fiscal explica que el acusado “estaba afectado parcialmente, al menos en grado moderado, en sus bases psicobiológicas, como consecuencia de presentar un diagnóstico compatible con trastorno del control de impulsos, crisis de ansiedad y alteración conductual”.

Los hechos constituyen, para la fiscalía, un delito de detención ilegal y otro de violencia de género, merecedores de una condena de cinco años y dos meses de prisión, 30 días de localización permanente, y prohibición de comunicar y acercase a la mujer durante un plazo de ocho años.