Al igual que sucede en los casos de violencia de género, las víctimas de explotación sexual o trata no son sólo víctimas: son los principales testigos del delito, sin cuyo testimonio para corroborarlo resulta muy difícil lograr la condena.

Y si bien en el caso de la prostitución existen otras pruebas en las que se apoyan los juicios, la memoria de la Fiscalía de 2021, presentada la semana pasada y recogida por EL FARADIO, constata, entre distintas situaciones de desprotección de las víctimas, que las dificultades para testificar se acabaron traduciendo en menores condenas.

LA SENTENCIA CONTRA EL BLANQUEO QUE PUDO SER MUCHO MAYOR

La lucha contra todo lo que hay detrás de la prostitución se hace en lo legal desde distintos frentes. Era habitual el laboral (cuando se hace pasar por trabajadoras de un supuesto local de hostelería, pero luego no estaban dadas de alta).

Y el año pasado se consiguió en Cantabria, según destaca la Fiscalía, un hito importante: una sentencia que incluía el blanqueo de capitales derivado de las ganancias obtenidas por la propia explotación.

Fue a raíz de un juicio que se saldó con cinco años de cárcel para el jefe de una banda acusado de explotar a 137 mujeres extranjeras, coordinada desde uno en Los Corrales. Sus cinco hijos fueron condenados a seis meses de prisión. Hubo penas por blanqueo: medio millón de euros en multas.

Y fue, relata la Fiscalía, un juicio “complicado”: había pasado el tiempo, hubo agentes que no pudieron intervenir y mujeres que no testificaron.

En el juicio se puso de manifiesto como las ganancias económicas esquivaban el control a través de traspasos de alquileres, transferencias a sociedades ficticias, adjudicaciones en pago de deudas inexistentes, inversiones en otras sociedades de carácter inmobiliario…

Pero el paso del tiempo llevó a que, aunque hubo condenadas para todos los acusados, estas se redujeron por lo que jurídicamente se llama dilaciones indebidas, retrasos significativos en la tramitación previa del juicio que se traducen en atenuantes.

Y al final, la sentencia sólo condenó por las 5 mujeres que llegaron a declarar y no por todas las que fueron identificadas por la Policía como víctimas: 137, ya que el resto no llegó nunca a declarar en sede judicial.

LA FISCALÍA RECLAMA MEDIDAS PARA APOYAR A LAS VÍCTIMAS QUE TESTIFIQUEN

Por eso en la Memoria la Fiscalía pone a esta sentencia como un “exponente” de la “relevancia” del papel de las víctimas en el éxito de los procedimientos por delitos de prostitución.

En consecuencia, la Fiscalía reflexiona sobre el apoyo a la hora de que declaren las víctimas, en especial cuando no cuentan con abogado ni con una ONG de referencia, y muestran “inquietud y miedo” por la situación en la que quedarán una vez que se celebre el juicio.

Así, inciden en que no hay que “limitarse” a decirles cuáles son sus derechos, sino hacerlo de una manera efectiva y realmente comprensible para ellas (muchas son mujeres inexpertas, muy jóvenes, desconocedoras de nuestro sistema judicial y en muchas ocasiones del idioma castellano), asegurándose de que lo han entendido, y de transmitirles cuál es su situación real como testigos (en particular si se acogen a protección), la realidad de los procedimientos judiciales y sus tiempos, y el alcance de sus decisiones en el curso del proceso. «De esta forma evitaremos generar en ellas sensación de desamparo, abandono e incertidumbre», añaden.

Por tanto, consideran que “la ley debería contener previsiones mucho más concretas, proporcionando la más amplia cobertura protectora a estas personas, creándose incluso una red de profesionales dedicados al seguimiento y apoyo de los testigos protegidos” que, advierten, «a menudo temen fundadamente por su seguridad y las de sus familias en los países de origen (porque por mucho que se oculte su identidad, los tratantes y explotadores la mayoría de las veces saben quiénes son)» y se quejan habitualmente de la sensación de “abandono” en que se encuentran una vez que han declarado en el Juzgado de Instrucción

Y así, la Fiscalía incluso apunta a la posibilidad de potenciar la ya existente figura de la Oficina de Protección de Victimas, como “enlace” entre el testigo protegido y el proceso penal, en coordinación con las organizaciones no gubernamentales y las propias unidades policiales.

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