La Fundación Franz Weber pide que se realicen controles antidoping a los cazadores, también en Cantabria, toda vez que desde 2007 en España se han producido 125 víctimas mortales como consecuencia de la caza y más de 700 personas lesionadas de diversa consideración para una actividad que practica menos del 2% de la población.

Detrás de estos incidentes y muertes se encuentra una sospecha habitual: el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias estupefacientes que, en ningún caso, su control está detallado en las normas autonómicas, si bien el Reglamento estatal de Armas de 1993 detalla que queda prohibido portar, exhibir o usar armas «bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas».

Por ejemplo, en el caso de Cantabria su Ley de Caza de 2006 no realiza ninguna aseveración al respecto, ni establece los medios técnicos y humanos necesarios para facilitar estas pruebas.

La Fundación Franz Weber, que desarrolla una intensa campaña para alejar a personas menores de edad de actividades lesivas como las propias cacerías o la tauromaquia, ha advertido que la consideración legal de la caza como «disciplina deportiva federada» debería llevar aparejadas medidas de vigilancia, entre las que se encuentran los controles anti-doping.

Sin embargo, lamentan,  ni el Gobierno cántabro ni el Consejo Superior de Deportes (CSD) ni mucho menos los lobbies procaza han desarrollado protocolo alguno para desarrollar controles de alcoholemia y drogas. Estas actuaciones, consideran, podrían ser fácilmente asumidas por el Cuerpo de Agentes del Medio Natural de Cantabria, y su estrategia se podría establecer en la propia normativa autonómicas sobre batidas.

Los naturalistas denuncian que las administraciones públicas «ignoran deliberadamente el consumo de bebidas alcohólicas que se da en estos contextos, señalando que la única tasa aceptable mientras se portan armas debería ser cero».

En este sentido, mencionan un reciente informe del Senado de Francia, cuya principal propuesta es prohibir estos consumos a los cazadores alertando sobre el número de víctimas y heridos que provoca la actividad en el país vecino.

FFW señala que la caza en estas condiciones es un peligro para la Naturaleza, para la biodiversidad y para cualquier persona que participe en las batidas o que sea ajena a las mismas. Así, ponen como ejemplo las víctimas causadas por escopeteros que afirman «haberse confundido» al disparar.

Si un individuo es incapaz de reconocer a un jabalí, corzo o zorro con sus capacidades volitivas supuestamente adecuadas, estando bebido o drogado los riesgos se multiplican de manera exponencial.

Piden al PRC rectificar su NO a la Ley de Protección Animal estatal

Por otra parte, esta asociación ha pedido al PRC que rectifique el NO que dio su diputado en el Congreso, José María Mazón, hace unas semanas, al proyecto de Ley de Protección Animal. El PRC se sumaba a PP y vox, secundando «el argumentario de los grupos de presión ganaderos y procaza, votando junto a la ultraderecha y comprando argumentos de muy difícil encaje científico y ético, como el hecho de que el texto legislativo se haya elaborado de espaldas a los colectivos implicados».

Lamentan que el diputado Mazón volvió a usar la protección legal del lobo ibérico para tratar de justificar su voto afirmativo a la devolución del Proyecto de Ley sin entrar en profundidad en la urgencia de una norma estatal para combatir el maltrato y el abandono animal.

Así, la ONG naturalista recuerda que en semanas anteriores invitó al presidente cántabro y máximo responsable del PRC, Miguel Ángel Revilla, a visitar un refugio de perros para ver las consecuencias de la irresponsabilidad humana, y para comprobar ‘in situ’ la actitud de algunos cazadores que dejan a su suerte a los canes al finalizar la «temporada».

No obstante un estudio de Fundación Affinity refleja que durante 2021 el abandono de perros al finalizar las cacerías supuso el 13% del total. Es decir, que una minoría de personas es mucho más proclive a este acto que el conjunto de la ciudadanía.

Un podenco con un disparo en la cabeza; una perrera ilegal con un centenar de animales desnutridos; perros gravemente heridos en peleas o abandonados en zoos cerrados son algunos de los casos que la ONG naturalista ha documentado desde el comienzo de la pandemia. Estos contextos de maltrato han quedado reflejados en el llamado ‘Dossier de los Horrores’.

La ONG internacional fundada en Suiza en 1974, con misión permanente en España desde hace más de una década, presenta este documento como prueba real de que el abandono, el maltrato y el sadismo contra los animales se ha servido de la crisis sanitaria para aumentar. Destacan actos de extrema violencia contra perros utilizados para la caza, así como criaderos donde hay prácticas crueles generalizadas, como la mutilación de las cuerdas vocales.

El documento constata que la crisis sanitaria favoreció la impunidad, cuyos actos de maltrato y abandono se vieron beneficiados de la disminución del tránsito en la vía pública y el descenso de la interacción social.

Sus promotores esperan que estos 100 ejemplos contribuyan a estimular una respuesta institucional adecuada a la gravedad del problema actual que refleja el documento. La práctica totalidad de los grupos del Congreso ha recibido una copia de este dossier, a excepción de la ultraderecha.