Valdecilla sí se vende: menos de un año después, Portobello pone en venta la concesión de sus servicios no sanitarios

18/11/2022 - 11:51 am

Junto a la parte que quedaba en manos de Ferrovial, en un proceso capitaneado por el Banco Santander y que ya ha interesado a otros fondos, según avanza EL ECONOMISTA || Los sindicatos piden un plan industrial de futuro para CELSA frente a los modelos de los fondos

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Manifestantes en una concentración en defensa de Valdecilla

La referencia que es para Cantabria el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla vivió una jornada trágica hace, justo este mes, 23 años, cuando se produjo un derrumbe parcial de la fachada de lo que entonces se llama Trauma (el actual edificio 2 de Noviembre), provocando tres muertes. El proceso de reconstrucción fue ambicioso, costoso y complejo, y se dilató en el tiempo, sufriendo dificultades que el Gobierno del PP trató de solventar incentivando a la empresa que acabara las obras con un contrato que implicaba un pago anual a la empresa (759 millones de euros hasta 2034) y, sobre todo, la gestión en un único contrato de todos los servicios no ligados directamente a lo sanitario, desde la alimentación hasta la limpieza, con el matiz de que en un mecanismo complejo como es un hospital todo acaba confluyendo en lo sanitario (el ejemplo más claro es la alimentación).

Ese contrató recayó en Ferrovial, potente constructora, ya evolucionada a multiservicios, en un momento de crisis en el que el sector buscaba contratos estables para garantizar su estabilidad. Hace menos de un año, Ferrovial vendió parte de su división de servicios a Portobello, un fondo financiero español, con intereses en múltiples áreas, de los hoteles a las cadenas dentales.

Y, según cuenta esta misma semana el medio especializado EL ECONOMISTA, esa parte, los servicios no sanitarios, se ha vuelto a poner a la venta.

Formalmente, la parte que mantenía Ferrovial y el resto que era de Portobello forman una sociedad, que se llama Serveo, especializada en infraestructuras.

UN PROCESO QUE GUIARÁ EL BANCO SANTANDER

Es, según detalla El Economista, esa empresa la que pone a la venta la concesión de los servicios no sanitarios de Valdecilla, lo que se bautizó como Smart Hospital Cantabria.

La información de EL ECONOMISTA también revela que Serveo ha contratado para asesorales en el proceso al Banco Santander.

Y QUE HA DESPERTADO EL INTERÉS DE LOS FONDOS

Y también que todo el proceso ha despertado un “elevado interés” entre los fondos de inversión, según reseña EL ECONOMISTA citando a fuentes del sector, toda vez que los fondos de infraestructuras están entrando en los hospitales al estar marchándose las constructoras que se hicieron con sus contratos de mantenmiento.

Firmas como la neerlandesa DIF, las británicas Aberdeen y RiverRock, las francesas Meridiam y Vauban, la española Bestinver, la suiza Quaero o la canadiense Brookfield son en la actualidad propietarias de muchas de las concesiones de servicios no sanitarios en hospitales de autonomías como la Comunidad de Madrid, Galicia o Baleares. Algunas de ellas figuran como potenciales compradores de la concesión que ha sacado al mercado la filial de Portobello y Ferrovial.

PORTOBELLO

Portobello, el fondo que asumió estos servicios ahora a la venta. En total, el fondo Portobello suma hasta 108 millones de euros en rescates públicos a distintas de sus empresas: 25 millones para la cadena hotelera Blue Sea Hotels, 40 a la cadena dental Vivanta, 28 para Mediterránea de Catering, servicio de restauración con mucho peso en lo sanitario y 15, al margen de la SEPI, para Sidecu, que gestiona la cadena de gimnasios Supera.

Ya antes de la crisis COVID el fondo intentó vender alguna de estas empresas: en el caso de Vivanta, resultado de la compra y fusión entre sí de varias clínicas en el año 2017, lo hizo al año siguiente, sin que se culminara, por un importe que se estimó en 300 millones de euros, el doble del valor de la -compleja- operación inicial.

Y SIGUE LA PREOCUPACIÓN POR EL ASALTO DE LOS FONDOS A CELSA

La llegada de los fondos financieros a la economía más real y productiva se materializa en los intentos de los fondos que compraron la deuda del grupo industrial CELSA por convertir esa deuda directamente en propiedad. El grupo CELSA tiene en Cantabria referentes industriales como GSW (la Global o la antigua Nueva Montaña Quijano). Un juzgado afronta el concurso de acreedores.

A nivel estatal, las federaciones de industria de UGT y Comisiones Obreras reclamaban recientemente un plan industrial para el grupo CELSA que garantice compromisos de no segregación ni venta de unidades de negocios, y de mantenimiento de las inversiones, entre otros puntos

UGT FICA y CCOO valoran la entrada de créditos públicos en la empresa Celsa, a través del fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, como un hecho fundamental para el mantenimiento del modelo industrial que impulsa la compañía y que garantiza la reinversión de recursos y la generación y mantenimiento de empleo estable y de calidad.

Y defienden que «para el mantenimiento de los 4.500 empleos directos que ofrece la compañía, y de un entorno de proveedores de más de 7.500 pymes, es necesario apostar por una economía real y proteger a la industria estratégica española, como Celsa, de posiciones financieras y cortoplacistas».

Ya que, según advierten, los fondos acreedores «nunca han sido una solución por su bajo perfil industrial». En general, en el sector se teme que la estrategia de propiedad de los fondos pase luego por la división de las fábricas en lotes o servicios para futuras ventas (es lo que está pasando en Valdecilla y lo que ha sucedido con otros fondos en Cantabria, como los que revendieron el centro comercial Bahía Real o los que cerraron la mayoría de las tiendas de la cadena de perfumerías Douglas).

Es más, inciden en que la propuesta de los fondos acreedores actuales, «que nunca financiaron al Grupo» (es una deuda que compraron más barata, no una que se adquiriera directamente con ellos), «no implica, tampoco ahora, una entrada de dinero efectivo en el Grupo».

También señalan que la nueva Ley Concursal exige que todo plan de reestructuración deba incluir necesariamente, como parte imprescindible del mismo, las medidas de información y consulta adoptadas en relación con las personas trabajadoras.

En su primer análisis, CC.OO y UGT abogan porque el grupo mantenga su tamaño actual, que el centro de decisión del grupo se siga manteniendo en España –se llegó a plantear trasladarlo–, además de la tributación.

Piden que no se segreguen ni vendan por separado sus unidades de negocios y que se mantenga la inversión –y el empleo–, en una visión a medio y largo plazo del grupo, así como el compromiso de no reparto de dividendos hasta que no se sanee la situación financiera del grupo.