Los registros y detenciones del pasado miércoles siguen siendo el tema central de la actualidad en Cantabria. Aún no habíamos salido del debate de los trenes que no cabían en los túneles cuando nos encontramos con un hecho noticioso de los que no se suelen ver en esta Comunidad.

Mientras se va descubriendo el sumario del caso y se espera a ver si hay más consecuencias, ya sea en el ámbito policial/fiscal/jurídico como en el político, se puede mirar cómo ha sido la relación de las cuatro empresas investigadas, Rucecan, API Movilidad, La Encina y Cannor con la Administración autonómica.

Según se puede comprobar en el portal contratosdecantabria.es, que puso en marcha el ingeniero Jaime Gómez-Obregón para que sirviera como un mapa de la contratación entre el Gobierno de Cantabria y las empresas, la relación entre esas cuatro entidades y el Ejecutivo ha sido intensa.

En los últimos nueve años, esas cuatro empresas han logrado 665 adjudicaciones, por un montante económico que se acerca a los 67 millones de euros. Teniendo en cuenta la naturaleza que tiene estas compañías, sobre todo la constructora Rucecan, la especialista en señalización de carreteras API Movilidad y la también constructora, sobre todo en el ámbito de la obra pública y civil, Cannor, no sorprende que el 80% de esos contratos sea con la Consejería de Obras Públicas (532 en total), bien en su versión antigua, donde también se apellidaba Vivienda, bien en la actual, que también incluye la Ordenación del Territorio y el Urbanismo.

Mirando más en detalle, se puede observar que 476 de esas adjudicaciones correspondían a contratos menores, ya sea de obras o de servicios. Son un 71,57% del total. Hacer contratos menores es algo que facilita mucho más el proceso de contratación, pero también puede convertirse en una sombra de duda, sobre todo si se hace de manera muy habitual.

Tras varios años donde los casos de corrupción han ocupado habitualmente los espacios más importantes de los medios de comunicación, las dudas respecto a los contratos que las administraciones públicas adjudicaban se extendían con mayor facilidad. Hasta el punto de que la última modificación legislativa en la materia encogía un poco los límites para que un contrato pudiese ser considerado menor. La Ley 9/2017, aprobada en octubre de ese año, pero que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, rebajaba de 50.000 a 40.000 euros (sin contar el IVA) la cuantía para que un contrato de obra sea considerado menor, y de 18.000 a 15.000 euros en el caso de los contratos de servicio y suministro.

El portal de Gómez-Obregón se remonta a 2014 e incluye las cantidades económicas de cada contrato adjudicado, pero con el IVA incluido, así que hay que tener en cuenta que, entre 2014 y el 9 de marzo de 2018, el tope de un contrato de obra para que recibiese el calificativo de menor era de 60.500 euros (21.780 los de servicio) y, a partir de la entrada en vigor del nuevo texto legal, ese límite se situaba en los 48.400 (18.150 los de servicio).

El caso de cada empresa

De estas cuatro empresas, Rucecan es la que más veces se ha presentado a concursos y la que más adjudicaciones ha recibido, un total de 293. De ellas, 188 han sido contratos de obra menores, un 64,16% del total. 226 se firmaron con la Consejería de Obras Públicas, y el montante total ha sido de casi 28,7 millones de euros.

Con la Ley anterior, de 2007, Rucecan obtuvo 100 contratos, de los que 87 fueron menores (87%). Sólo uno tenía una cifra muy pegada al límite legal, pero se adjudicó a sólo tres días del cambio legislativo efectivo. Cuatro de esos documentos fueron adjudicados entre la aprobación de la Ley en 2017 y su entrada en vigor en 2018 y que excedían la cantidad de 48.400, el nuevo listón que se ponía para esos contratos de obra.

Pero es ya con la nueva legislación donde la constructora consigue multiplicar sus cifras. Tras un 2018 en que la suma de los contratos no llegó a 1,8 millones de euros, para saltar en 2019 (año electoral) hasta los 9,3. En 2020, con la pandemia, esa cifra se redujo hasta los dos millones, pero la suma de 2021 y 2022 le ha otorgado a la empresa adjudicaciones por un valor que roza los 12 millones.

En estos cinco años con la nueva Ley en marcha, Rucecan ha conseguido 193 contratos, 101 de ellos menores, un 52,33%. Y de ellos, prácticamente la cuarta parte, 24, han tenido un importe que se quedaba a menos de 1.000 euros del límite establecido para que se considerase un contrato normal y hubiese posibilidad de que más empresas concurriesen para llevárselo.

API Movilidad también puede considerar que ha tenido éxito en su relación con el Gobierno. Empezando a contar desde el segundo trimestre de 2015, esta empresa de señalización de carreteras ha establecido 162 contratos con la Administración, de los que 117 fueron menores, un 72,22%. De todos los adjudicados, 135 con Obras Públicas.

Antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, la empresa ya había conseguido 51 contratos, de los que la práctica totalidad, 49, no llegaba al baremo para considerarse mayor y no menor. El porcentaje se ha moderado con la nueva normativa, con la que ha conseguido 111 adjudicaciones y 68 eran menores, un 61,26%. En este caso, sólo cinco de los 68 presentaba un importe muy cercano a los 48.400 euros (IVA incluido).

Han sido casi 23,5 millones los que ha facturado API al Gobierno de Cantabria en estos últimos ocho años. El de mayores ingresos fue 2021, con 8,3 millones de euros, debido al contrato de vialidad invernal, que supuso casi 6,7 millones. 2022, sin embargo, ha sido muy diferente, pues apenas han superado los 700.000 euros en concreto. Bien es cierto que, en el caso de esta empresa, aún no está incluido el último trimestre del año pasado en el portal.

Cannor también es empresa ligada totalmente al sector de la construcción y las obras. En su caso, 2019 y 2021 fueron sus mejores años si nos fijamos en los contratos recibidos del Gobierno. En ambos casos estuvieron en el entorno de los 1.9 millones.

Aunque no ha tenido tanto éxito como sus predecesoras en cuanto a las adjudicaciones conseguidas, tampoco les ha funcionado mal la relación con el Ejecutivo. En nueve años han logrado 149 contratos, 120 de ellos menores, un 80,53% del total. 114 de los 149 fueron suscritos con la Consejería de la que hoy es titular José Luis Gochicoa.

Al igual que el caso de API, con la antigua legislación casi todo lo que consiguió la empresa fueron contratos de obra menor, 52 casos de 54. Desde que ese panorama legal cambió, 95 adjudicaciones y 68 de ellas de contratos de obra menor, y 15 de ellos a menos de 1.000 euros del límite. En total, casi 8,7 millones ha obtenido Cannor a través de sus trabajos para la Administración autonómica.

El último caso es el de La Encina, que tiene un menor volumen de adjudicaciones. Sin embargo, un porcentaje muy alto de ellas responden a contratos menores, sean de obra o de servicio. Del total de 61 logradas, 51 fueron con esas condiciones, un 83,6%. Han sido cerca de 5,9 millones de euros la suma de todos esos acuerdos con la Administración. Sólo cuatro de esos contratos no fue firmado con Obras Públicas. 14 de los 17 suscritos con la antigua Ley fueron menores, y 37 de los 44 adjudicados con la nueva, también.

También resalta aquí que 15 contratos se quedaron a menos de 1.000 euros del límite que tiene que respetar un contrato menor.

El mejor año para la empresa en cuanto a su relación con el Gobierno fue 2017, donde sobrepasaron los 1,4 millones. Después han tenido altibajos, sobrepasando en 2022 el millón de euros.