API MOVILIDAD, una de las empresas adjudicatarias de obra pública en base a los informes que emitía el jefe de Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, tuvo entre sus filas de estudiantes de prácticas a una de las hijas del matrimonio formado por este funcionario y su esposa, Beatriz, receptora de ingresos de esas empresas a través de la copistería familiar o del contrato laboral con LA ENCINA.

Así lo recogen varias llamadas a las que ha tenido acceso EL FARADIO que figuran en el sumario de la Operación Suricats-Sésamo, como se llaman los seguimientos y escuchas que desembocaron en la redada en la sede de la Consejería de Obras Públicas y en varias empresas adjudicatarias de obras en base a los informes emitidos por Díez, detenido e investigado, como API, LA ENCINA-CANNOR o RUCECAN.

PRÁCTICAS QUE CONFIRMAN LA RELACIÓN CON LA EMPRESA

Son varias llamadas que se mantienen en diciembre de 2022 con Jaime, de API MOVILIDAD (delegado de zona  de la empresa, no es el máximo responsable, que es José Luis, sino un perfil con quien las conversaciones afloran detalles más técnicos de las licitaciones).

Estas llamadas se originan porque Miguel Ángel se encuentra realizando la memoria de prácticas de la universidad de su hija y necesita diversa información acerca de la dinámica de la empresa y su organización. 

Los investigadores han realizado comprobaciones en las bases de datos de la Agencia Tributaria y el resultado es que en enero de 2023 API MOVILIDAD presentó el modelo 111, relativo a los Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. 

Según estos datos, así como según las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, una de las hijas, Cecilia, figuraba  como trabajadora en API MOVILIDAD S.A en el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2022 y el 3 de septiembre de 2022, percibiendo una retribución de 1.260 euros. 

Los investigadores inciden en que estos datos “no hacen más que confirmar el trato personal y de favor que los gestores de API MOVILIDAD S.A tienen con Miguel Ángel Díez Barrio, al facilitar la posibilidad de que su hija realice prácticas en esa empresa, así como de certificarle horas que, como se desprende de las conversaciones, realmente no ha trabajado”.

API MOVILIDAD era la empresa que se hacía cargo del renting del Volvo que usaba el funcionario, además de haber realizado pagos tanto a la copistería familiar, PARIVARA –la administraban tanto la madre como las dos hijas, formalmente, y tenía su lugar de actividad en el propio domicilio familiar– como a la propia hija.

La hija del funcionario de Carreteras estaba al frente de una empresa de fotocopias mientras estudiaba la carrera en Madrid

BUSCÁNDOLE PRÁCTICAS

Las prácticas o el destino laboral de la hija centran algunas de las llamadas del funcionario, que habla con un tal Juan Antonio Echevarría sobre la posibilidad de unas prácticas en el Banco Sabadell para las que ha conseguido una entrevista pese a que aún no ha terminado la carrera (requisito para las prácticas en esta entidad, que ella no tiene que cumplir “por los buenos contactos que tiene”). La entrevista sería en Bilbao.

El propio funcionario le concreta a su hija instrucciones, pidiéndole que haga “eso”, en referencia al programa Jóvenes Talentos del Banco Sabadell, además de pedirle que se esfuerce con el inglés.

 AUTÓNOMA Y UNIVERSITARIA

Esta hija recibió tanto de API como de LA ENCINA o RUCECAN un total de 170.000 euros en 2021 y 2022, ligados al objeto de la actividad de la empresa, la realización de fotocopias, que se suman a los 225.000 que recibió la propia empresa, supuestamente gestionada por esta hija mientras estaba en Madrid en la Universidad y por su  madre, a quien no se le detectó actividad laboral o profesional alguna.

Para esta actividad, la hija se dio de alta en el régimen de Autónomos durante 2020-2021, bajo el epígrafe de fotocopias.

Durante esos ejercicios, declaró  unos ingresos de 135.559,93 euros (2020) y de 34.971,42 (2021): en ambos años estos ingresos proceden en exclusiva de CANNOR OBRAS Y SERVICIOS CANTABRIA, SL, RUCECAN SL y CENTRO DE JARDINERÍA LA ENCINA SL, lo que para los investigadores indica que “la declaración de esa actividad pretende ser una justificación para introducir en el circuito económico legal importantes cantidades de dinero procedentes de comisiones ilegales cobradas por cuenta de su padre”.  

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DONACIONES “SOSPECHOSAS” Y CUENTA EN LUXEMBURGO

También recibió, al igual que su hermana, una donación de medio millón de euros por parte de su madre en 2019, y otra de 225.000 euros en 2022, operaciones financieras que los investigadores ven sospechosas.

Es titular de hasta cinco cuentas bancarias, además de tener una en Luxemburgo.

En una de ellas tenía 286.385 euros, en otra dos millones de euros, en una de ellas entraron y salieron 15.000 euros. 

A su nombre está el coche Mini Cooper que utiliza a diario su madre.

ERA “CONSCIENTE” DEL ORIGEN DEL DINERO

Los investigadores tienen claro que “necesariamente, la hija tenía que ser consciente de que en los años 2020 y 2021, recibía fondos de unas sociedades por una actividad que no realizaba, situación que se hace extensiva a la actividad de PARIVARA de la que tiene que ser igualmente consciente, siendo una de sus socias y al ver como fluyen elevadas cantidades de fondos por cuentas tituladas por ella”. 

Asimismo, “tiene que ser consciente que de las actividades de Miguel Ángel Díez se derivan un flujo irregular de fondos hacia su entorno familiar, y que se reviste a estos fondos de un carácter lícito, simulando un origen mercantil, sin necesidad de conocer exactamente cuáles son las actividades desarrolladas por Miguel Ángel”, por lo que el delito en que la encuadran en esta fase de la instrucción los investigadores sería el de blanqueo de capitale  y el de falsedad documental por las facturas falsas para la empresa familiar de la que tenía participaciones y recibía ingresos.