De Senegal son muchos de los marineros que embarcan en los barcos que estos días trabajan el bonito  y es una de las comunidades migrantes africanas más mayoritarias en Cantabria.

Estos días les preocupan, además de sus habituales luchas contra la precariedad y por la supervivencia diaria a las facturas y las horas de trabajo, las noticias que llegan desde su país.

Represión en manifestaciones, muertes, detenciones y restricciones a la libertad de información e incluso a las redes sociales llevaban a un grupo de representantes de la comunidad senegalesa en Cantabria a manifestarse el sábado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para hacer visible allí, en pleno centro, donde pasa la vida, lo que sucede en el país de estos vecinos.

Recientemente, Amnistía Internacional llamaba a las autoridades a detener de inmediato la violencia policial y restaurar las redes sociales en Senegal.

En respuesta a la violencia que estalló en los últimos días en Dakar y otras localidades tras la sentencia en el juicio contra el líder de la oposición Ousmane Sonko, Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, se manifestaba contra las restricciones al acceso a las redes sociales y la alteración de la señal del canal de televisión privado Walf TV por parte de las autoridades senegalesas tras las manifestaciones que tuvieron lugar en Dakar, Ziguinchor y Kaolack, entre otros lugares.

También urgían al cese de las detenciones arbitrarias y la libertad incondicional a Aliou Sané, coordinador de Y’en a Marre, que permanece detenido desde el 29 de mayo, y que liberen también a dos miembros del FRAPP: Bentaleb Sow, detenido desde el 31 de mayo, y Tapha Diop, arrestado cuando se dirigía a la gendarmería de Foire para preguntar por el paradero de los detenidos.

Seydi Gassama, director ejecutivo de Amnistía Senegal, añade la petición de que se lleven a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre las muertes que se produjeron durante las manifestaciones en Dakar y Ziguinchor, recordando que la fuerza por parte de las autoridades “sólo debe utilizarse cuando sea necesario y de manera proporcionada” y que “las fuerzas de la ley y el orden deben respetar la vida y la integridad física de todas las personas”.

Según recuerdan, el  jueves 1 de junio, el opositor político Ousmane Sonko fue condenado a dos años de prisión por cargos de corrupción de jóvenes. Tras este anuncio, ese mismo día, estallaron manifestaciones espontáneas y violentas en varias localidades, incluidas Dakar, Ziguinchor y Kaolack. Según el gobierno, nueve personas perdieron la vida.

Aliou Sané, líder de Y’en a Marre y miembro de la plataforma Forces Vives de la Nation (F24), fue detenido el 29 de mayo en Dakar cuando intentaba visitar a Ousmane Sonko, a quien han impedido salir de su casa desde el domingo.

Aliou fue llevado al día siguiente a la Fiscalía y acusado de, entre otras cosas, participación en una manifestación no declarada, reunión pública y alteración de la paz. Bentaleb Sow, miembro del FRAPP, fue detenido en su casa de Colobane el 31 de mayo. Permanece recluido en la gendarmería nacional de Colobane. Moustapha Diop, otro miembro del FRAPP, fue detenido el 1 de junio cuanto intentaba preguntar por los detenidos, y fue puesto bajo custodia en la gendarmería de Foire.

Ha habido casos de uso excesivo de la fuerza que han provocado la muerte de 14 personas en marzo de 2021, 2 personas en junio de 2022, y al menos 2 personas en mayo de 2023, una de ellas un agente de policía. Hasta el momento, estos casos han quedado impunes.

El último informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación en Senegal sobre la situación de los derechos humanos expone restricciones en la libertad de reunión y de expresión, casos de mendicidad forzada de niños y niñas –sin que se haya conseguido una protección legal– o como se declararon incendios en centros de salud debido a su deficiente mantenimiento.

Y aunque las autoridades manifestaron su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático siguió provocando una erosión costera que afecta a los medios de vida de la población, como el barrio pesquero de Guet Ndar, en la ciudad de Saint-Louis, que amenazaba los medios de vida y obligó a algunas comunidades a trasladarse al interior.

Según la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres de Gambia, estas operaciones obligaron a 691 personas senegalesas a buscar refugio en Gambia. Más de 5.600 personas gambianas que vivían cerca de la frontera también se vieron desplazadas de sus localidades.

Se reportan casos de detenciones, juicios y condenas contra líderes opositores tanto por participar en manifestaciones como por discursos o actividad en medios y redes, además de hostigamiento posterior en prisión.

Y se suman problemas de violencia contra la población LGTBI, cuyas relaciones todavía el año pasado estaban tipificadas en el Código Penal