El pasado martes 4 de julio se llevó a cabo una charla en el Ateneo de Santander, presidida por el presidente de esta institución, Manuel Ángel Castañeda, y por el abogado, periodista y profesor de la Universidad Europea del Atlántico Rafael Maldonado de Guevara. En ella contó una sorprendente historia sobre un privilegio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres datado en 1373.

“Es una carta regia otorgada por Enrique II de las Mercedes el 24 de julio de 1373”, contaba Maldonado de Guevara, situándose concretamente en el actual municipio de Mazcuerras, en la Sierra de Ibio. Esta carta regia fue dada a Juan Fernández, la cual “privilegiaba a la descendencia de esta familia de una exención tributaria”, algo relativamente común en la época, según cuenta en una entrevista concedida a EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM.

Sin embargo, lo que ha hecho que esta carta regia destaque respecto al resto fue “la gran singularidad de este privilegio es que se transmitía en contra de la norma general, (…) en este caso la mujer era capaz de comunicar el privilegio al marido” cosa que en la época sólo se daba del marido a la mujer, aceptando la mujer las condiciones del marido.

“Está bastante documentado porque las ramas de esta familia lo fueron registrando generación tras generación en los tribunales para hacer valer el privilegio” aclaraba el profesor. Además, como las mujeres también gozaban de esta condición, se expandía de forma más rápida, debido al interés de burgueses ricos a casarse con ellas y obtener este privilegio ellos también. 

Esta normativa acabó llegando a varios pueblos cántabros como Valles, Cabezón de la Sal, Reocín, Viveda, Pesquera o Santillana, donde se encontró el registro de este privilegio en 1517. Y ya a finales del siglo XVI, da el salto al resto de la península. “Lo tenemos documentado en las actuales provincias de Valladolid, Palencia, Salamanca, Cuenca, Cádiz y especialmente Toledo y Madrid”.

“Se convierten en agentes facilitadores de los negocios en la corte madrileña”, explica Maldonado de Guevara. Esto se producía debido a que estaban exentos de pagar las “Alcabalas”, un impuesto en las transacciones del 10%, abaratando los costes de las transacciones. “Por eso tuvo un impacto tan importante a nivel tributario en la Corona, usándolo comerciantes cántabros para maximizar sus beneficios».

La ventaja económica que llegaba a dar este privilegio no pasó desapercibido, ya que varias instituciones trataron de invalidarlo. “La justicia ordinaria del Marquesado de Santillana del Mar trató de que estas familias pagaran las Alcabalas”, concreta el profesor. Sin embargo, gracias a la intervención de la Chancillería de Valladolid, tribunal superior de justicia de la Corona de Castilla al norte del río Tajo, convalidó en varias ocasiones la validez del privilegio de la familia.