La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha dado a conocer que Phone and Fun, empresa radicada en La Albericia y que cuenta con una plantilla de 321 personas, ha anunciado al Comité de Empresa, tras la reunión celebrada esta misma mañana, que va a solicitar la entrada en concurso de acreedores.

El anuncio viene después de que el martes la Federación de Servicios anunciara el impago de la mitad de la nómina de agosto a sus trabajadores y trabajadoras. Hoy, la empresa ha citado al Comité para anunciarles que en una semana se supone que tendrán asignado un administrador concursal.

Por otra parte, ante el impago de la mitad de la nómina del mes de agosto, la empresa ha trasladado a la representación sindical que si el día 20 de septiembre recibe el pago de uno de sus clientes, abonará a la plantilla lo que les adeuda.

“El anuncio del concurso de acreedores supone que hay un serio riesgo de cierre y que, es posible que se inicie un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, en tal caso, tendremos que negociar”, ha señalado Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, quien ha subrayado “que desde CCOO trabajaremos y lucharemos por el mantenimiento del empleo y evitar el cierre y, de no ser factible, por salidas con las mejores condiciones posibles”.

La federación ha recordado que una vez esté asignada la administración concursal, es esta quien asume la gestión de la empresa y es la responsable de asegurar que se cumple la normativa, que buscar la manera de saldar la deuda de la empresa con sus acreedores y de asegurar la continuidad de la empresa.

UGT convoca este lunes una huelga nacional en la Inspección Médica de la Seguridad Social  

La Federación UGT-Servicios Públicos ha convocado este lunes 18 de septiembre una huelga general de ámbito nacional en la Inspección Médica de la Seguridad Social en respuesta a nueva normativa legal que suprime los tribunales médicos en las bajas laborales de larga duración y cede su calificación o no como incapacidad permanente al criterio de un solo facultativo o inspector.

El paro, que afecta a algo más de 600 inspectores médicos de toda España, 14 de ellos en Cantabria, se convoca «tras haberse agotado la negociación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Secretaría de Estado y el propio Ministerio de Sanidad», según aclara en un comunicado la sección sindical de UGT en la Administración General del Estado (AGE).

Según aclara el sindicato, esta nueva normativa «y la particular interpretación que hace de ella el INSS», suprime los tribunales médicos para las bajas laborales entre los 12 y los 18 meses de duración, que ahora pasarán a ser competencia de un solo médico inspector

Para UGT esto implica «un perjuicio claro para el paciente y para el propio médico porque ve incrementadas sus cargas de trabajo, funciones y responsabilidades, además de las dificultades para el cumplimiento de las tareas que tiene asignadas; y todo ello, en un contexto de falta de seguridad y sin la preceptiva modificación de sus puestos de trabajo».

La sección sindical de UGT en la AGE agrega que «estas modificaciones legales son justificadas por motivos económicos que nada tienen que ver con el interés de la ciudadanía y el libre ejercicio de la profesión de los médicos, que han llegado a recibir instrucciones internas encaminadas a favorecer las altas médicas con distintas bonificaciones».

El sindicato matiza sólo los médicos inspectores de la Seguridad Social tienen competencia para determinar la incapacidad permanente o el alta en una baja laboral de entre año y año medio, tras subrayar que «una de las principales reivindicaciones de este colectivo profesional es dejar de depender del mismo organismo encargado de abonar las prestaciones económicas dependientes de sus decisiones».

«Antes el criterio de los médicos inspectores con sus correspondientes informes eran preceptivos pero no vinculantes para unos tribunales médicos, que con una composición plural y de manera colegiada resolvían la capacidad o la incapacidad de la persona trabajadora para ejercer todas o parte de sus tareas profesionales», precisa el sindicato.

Por el contrario, UGT-AGE critica que ahora «únicamente un médico inspector ha de decidir sobre la situación del trabajador sin todos los datos técnico administrativos, sin tiempo suficiente de estudio y sin la seguridad necesaria; algo que este colectivo exige que se solucione, sobre todo en los casos de especial complejidad».