60 años en la misma vivienda dan para mucho: para ver pasar de la dictadura a la democracia, ver crecer la ciudad, abrir y cerrarse negocios… E incluso asistir a la turistificación intentando expulsarte de ella.

Edificio calle Santa Clara, 8

En esas está ahora –en intentar evitarlo- Concepción Mantilla (todo el mundo la llama Chitín o Conchita, aunque ella dice que a sus años ya no le pega), que, como publicaba ayer EL DIARIO MONTAÑÉS, junto al resto de vecinos en la calle Santa Clara, 8 (enfrente mismo del popular instituto santanderino) se han encontrado con eso, con que la propiedad del edificio, unos hermanos mexicanos, se lo está vendiendo a otra dueño, que ha mostrado su intención de dedicar el bloque entero a viviendas turísticas ofreciéndoles simplemente costear la mudanza.

Ella es inquilina de renta antigua (una modalidad por la que los alquileres eran más baratos), y advierte de que no es tan fácil acabar con un contrato de renta antigua antes de plazo, por lo que vaticina pelea legal.

“Al principio nos asustamos”, confiesa en conversación con EL FARADIO, a quien relata como “de repente nos hemos encontrado con este problema”, con este “susto”.

Chitín reivindica que durante este tiempo ella ha cumplido “todas las obligaciones”, tanto el pago como el mantenimiento de la casa, mientras que como inquilinos estaban “desatendidos”, hasta el punto de que para lograr las reparaciones que corresponde asumir al propietario,”casi había que llevarlos al juzgado”. “Una forma de decirnos: ‘No nos interesais’”, resume.

Y también ha visto como el edificio –en el que vemos restos de una reciente quema de contenedores– ha sido víctima del mismo vacío en que se ha ido convirtiendo el urbanismo santanderino (con el ejemplo extremo del Cabildo y sus solares): el edificio se ha ido “vaciando” y de las 27 viviendas que componen el bloque, ya sólo quedan cuatro familias. “Cada vez que un piso se vaciaba, desde hace 15 años, no se ha vuelto a alquilar”, cuenta.

Ellos quieren quedarse “donde están nuestros recuerdos”: en su caso, el piso al que se fue a vivir cuando se casó, donde formó su familia, o donde tuvo el despacho de abogados su marido. “Estamos luchando para que respeten nuestras casas”, expresa, un paso adelante que han dado “para que la gente se entere” porque esto, alerta, le está pasando a más gente “que no se atreve” a contarlo o no tiene las herramientas para afrontarlo.