La huelga indefinida del personal del transporte sanitario urgente comenzará el viernes 31 de mayo

El Comité de Huelga y la empresa tienen este jueves, 23 de mayo, un acto de conciliación en el ORECLA para acercar posturas e intentar llegar a un acuerdo para desconvocar la movilización
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La huelga convocada por el Comité de Empresa de Autransa, la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario urgente en Cantabria, comenzará el próximo viernes, 31 de mayo, y tendrá carácter indefinido. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa los representantes sindicales de CCOO, UGT, USO y CSIF, que han visto en la movilización el único camino posible ante los reiterados incumplimientos por parte de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.

Además, la convocatoria, decidida en una asamblea a la que estaban llamadas las 350 personas que trabajan en el servicio, a los que se suman una treintena de eventuales, surge también ante las condiciones de insalubridad y falta de limpieza y desinfección de numerosas bases así como de vehículos de soporte vital básico y avanzado, la ausencia de registros apropiados o la carencia de medios técnicos y materiales adecuados para el adecuado desarrollo de la actividad.

Se trata de una situación idéntica a la que ya vivió el servicio en 2020, cuando hubo incluso una sentencia condenatoria en la que se declaró que se había atentado contra su vida. Cuatro años después siguen como conejillos de indias a pesar de estar en primera línea sanitaria y de que existan varios requerimientos de la Inspección de Trabajo que reconocen cada una de sus denuncias.

“Aunque se trata del contrato más importante del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con 40 millones de euros que pagamos la ciudadanía de Cantabria, parece que al consejero de Salud, César Pascual, le da igual porque no vigila que se cumpla lo que estipula el pliego de condiciones del servicio”, ha lamentado Miguel Ángel Expósito (CCOO), presidente del Comité de Empresa de Autransa.

Durante la rueda de prensa, Expósito que ha estado acompañado por Ignacio Achurra (UGT), Rubén Pérez (USO) y Julián Sainz (CSIF), ha señalado que la empresa también les adeuda dinero en concepto de horas de exceso de trabajo de 2023 así como varias unidades de formación que deberían haberse realizado, y con suficiente antelación, de la puesta en marcha de los nuevos vehículos.

El Comité de Empresa ha subrayado que Autransa les hace responsables de todos los incumplimientos del pliego con la complicidad del SCS y de la Consejería que, a pesar de ser conocedores de todo lo que se está haciendo mal, están haciendo oídos sordos e ignorando la situación porque, por ejemplo, el déficit de plantilla ya es un motivo de rescisión de contrato.

“Además, estamos recibiendo entre 20 y 30 cartas de advertencia a la semana y ya han sancionado a tres compañeros por un supuesto mal uso de los nuevos vehículos cuando el problema principal es que estamos recibiendo la formación tarde porque han apurado al máximo los plazos. Nos estamos viendo en la obligación y responsabilidad de autoformarnos ante la irresponsabilidad de la empresa, que es la que causa las incidencias”, han apuntado.

El próximo jueves, 23 de mayo, tienen un acto de conciliación en el Orecla para intentar acercar posturas y llegar a un acuerdo que les permita desconvocar la huelga. Al respecto, desde el Comité de Empresa tienen muy claro que no van a dar ni un paso atrás si Autransa no se compromete a cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, garantizando una adecuada limpieza y desinfección tanto de los equipos de protección individual como de los vehículos adscritos al Servicio de Transporte Sanitario Urgente y las bases.

Además, el Comité de Empresa no va a tolerar la política sancionadora sobre las personas trabajadoras cuando el problema, insiste, está en la ausencia de la formación obligatoria para el uso de los nuevos vehículos y de los medios técnicos incorporados.

“Si no atienden a nuestras reivindicaciones y nos vemos abocados a la huelga tenemos planteadas una serie de movilizaciones y de actos reivindicativos para que se nos escuche porque lo que está en juego es nuestra integridad física y la de los usuarios y usuarias que hacen uso del servicio”, han concluido.

 

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