Hace ya tiempo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid empezó a detectar que en los desahucios que atendía y en los problemas de acceso a la vivienda en los que asesora cobraba peso el factor de las viviendas turísticas, el foco de negocio al que se dirigen “las fuerzas del rentismo y la especulación”, generando, como comprueban a diario sobre el terreno, “un daño enorme a las vecinas, inquilinas y tejido comunitario”, según repasaba en EL FARADIO Lucas Vaquero.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid compartirá este sábado con colectivos y personas preocupados por la turistificación en Cantabria su experiencia de lo que ya no es que se venga, sino que ya está aquí, en una mesa redonda que ha organizado la PAH de Santander el sábado a las 19.00 horas en el Centro Cultural Eureka, en la calle San Simón (un espacio que resiste los embates mientras ve como a su alrededor proliferan hoteles, apartamentos y terrazas).

Este colectivo apela a la organización “antes de que se llegue a una situación límite”: “no hay que esperar a verse devoradas por el problema, completamente acechadas” para “pasar a la ofensiva” y “plantar cara” a los fondos buitres, las grandes empresas, el rentismo y en general el modelo extractivo. Esa situación límite es inminente y cercana, porque, alertaba, tal y como está planteada la legislación, los precios de los alquileres pueden subirse cuando expire un determinado plazo del contrato, es decir, que “cualquier persona que lleve más de 7 años de alquiler está en riesgo de desahucio”.

Además de las manifestaciones masivas (este mismo fin de semana los movimientos vecinales de Madrileños organizaban una protesta en Lavapiés, pero citaba las protestas de Canarias, la que se prepara en Baleares o la multitudinaria marcha en Loredo y Langre contra “la Ibiza del Norte”), ellos ya están participando en procesos como técnicas de mapeo colaborativo con las que tratar de censar cuántas viviendas hay realmente y cuántas de ellas tienen permiso para operar legalmente. En Madrid, más del 92% de las viviendas turísticas son ilegales, por ejemplo, y se están viviendo “procesos de expulsión a gran escala”.

De momento, la dimensión del problema está llegando al plano institucional: ayer el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, señalaba desde Torrelavega al papel de las comunidades autónomas (en Cantabria se está elaborando un decreto que estará para después del verano y sobre el que la presidenta Sáenz de Buruaga ha enfriado ya la expectativa) y ayer mismo el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, anunciaba un proceso de inspección de si las viviendas que se presentan en los portales puedan incurrir en publicidad engañosa si no tienen los permisos necesarios.

En el Sindicato de Inquilinas de Madrid ven “un primer éxito” en su lucha contra la “depredación” el que las administraciones públicas estén empezando a asumir que “este modelo turístico no es sostenible”, pero temen que sean “declaraciones cosméticos” para “calmar los ánimos” sin tomar medidas políticas “a la altura” del reto

En este sentido, ellas apuestan por “parar para salvar”, es decir, detener la concesión de licencias, porque “estamos en una situación de emergencia”, no sólo por el crecimiento de los precios de la vivienda acompasado a los récords turísticos pero no a las mejoras salariales, sino también por el “punto de inflexión ambiental” .