La empresa que se encarga del mantenimiento de la aplicación del padrón municipal de Santander seguirá gestionando ese contrato.

No porque haya ganado un concurso con competencia, que es lo habitual, ni siquiera porque se haya acogido a una prórroga, que es la otra opción que se da cuando no hay concurso y es una figura recogida en los propios pliegos que saca el Ayuntamiento.

En este caso, ha sido porque se ha recurrido a un procedimiento negociado sin publicidad, lo que significa que no hubo licitación abierta ni posibilidad de concurrencia para otras empresas. Es decir, ni posibilidad de conocer los detalles técnicos del contrato o las condiciones económicas de partida, ni competencia por parte de otras empresas.

La oferta de 2025: sin rebaja, sin mejoras y con puntuación mínima

En detalle, según documentación municipal examinada por EL FARADIO, la empresa es Aytos Soluciones Informáticas, integrada en el grupo francés Berges-Levrault,  y el contrato tiene un importe de  40.898 euros.

La firma andaluza, propiedad del grupo francés Berger-Levrault, fue la única invitada. Presentó una propuesta sin rebaja económica —exactamente por el precio base de licitación— y con una oferta técnica que apenas alcanzó 15 puntos sobre 45.

Tras recibir un requerimiento formal para mejorar su propuesta, no introdujo modificación alguna alegando que no podía mejorarse esa propuesta, tesis avalada por el Ayuntamiento al final.

Esa oferta obtuvo 15 de los 45 puntos en liza: 5 por reducción de tiempos, 5 por disponibilidad y 5 por el plan de formación. No se detallan ni los tiempos concretos ni el contenido de la formación.

La oferta de 2019: rebaja económica y cumplimiento técnico parcial

La empresa ya prestaba el servicio antes. En 2019 lo consiguió por concurso, si bien fue la única sociedad que se presentó.

En otros contratos municipales está pasando que la apertura de plicas revela un único aspirante, y pese al carácter secreto de la existencia o no de más competidores, este único aspirante no rebaja la cifra económica como es la tónica y se hace para ser más competitivos, y además rebaja lo técnico, algo extremadamente infrecuente cuando se compite ya que se premia el mayor encaje posible en lo técnico. Esa tendencia de baja técnica pero no económica cuando se es el único se ha producido al menos en contratos como las escaleras mecánicas, el Parque 2020 o el campo de golf de Mataleñas. 

No fue el caso del mantenimiento de la aplicación del padrón en 2019: ahí, la adjudicataria se comportó como se espera cuando se cuenta con competencia: u propuesta supuso una rebaja del 33,87 %, al ofrecer 82.656,48 euros (más IVA) respecto a los 125.000 euros de licitación (licitación es el precio que marca el Ayuntamiento).

Esto le valió la máxima puntuación en el criterio económico (35 sobre 35). En lo técnico, la oferta fue evaluada sobre 49 puntos a los que se podía aspirar y obtuvo 32,5 puntos, con un 66 % de cumplimiento. Se le otorgaron 13 puntos de 20 en la descripción técnica, 8 sobre 13 en migración de datos, 8,5 de 10 en organización y 3 de 6 en formación.

Además, comprometía una implantación en tres meses, tiempos de respuesta inferiores a una hora en incidencias graves y de 30 minutos en críticas, y ofrecía 120 horas de formación. Sin ser una oferta excelente, cumplía y mejoraba los valores económicos de referencia.

Un incumplimiento previo y la renuncia a desarrollos «smart»

Antes de esta nueva adjudicación de 2025, Aytos ya había gestionado el desarrollo del padrón bajo el contrato de 2019. Sin embargo, en diciembre de 2022, el Ayuntamiento acordó con la empresa una resolución parcial del contrato, al no haberse implantado uno de los bloques clave del proyecto (Hito 3).

Entre los desarrollos no ejecutados se encontraban integraciones con sistemas estratégicos como el gestor de expedientes Xperta, el libro de resoluciones, el sistema de notificaciones electrónicas, el archivo electrónico, el registro inveSicres, la plataforma SmartCity y el sistema GIS municipal basado en tecnología Esri.

La renuncia se formalizó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con una reducción del contrato en 17.275 euros. No se aplicó ninguna penalización y ello no impidió que en 2025 volviera a adjudicársele el servicio, sin competencia y con una oferta sin mejoras.

El procedimiento más cuestionado

El procedimiento usado —negociado sin publicidad con único licitador, previsto en el artículo 168.a) de la Ley de Contratos del Sector Público— está previsto solo de forma excepcional, cuando se justifica que sólo una empresa puede prestar el servicio por razones técnicas o exclusivas.

No obstante, tanto el Tribunal de Cuentas como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) han alertado de su uso abusivo por administraciones locales, señalando que reduce la competencia y limita la obtención de mejores condiciones económicas o técnicas.

Incluso el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha anulado adjudicaciones mal justificadas, exigiendo demostrar la exclusividad de forma objetiva y documentada.

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