Ecologistas en Acción Cantabria y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, en representación del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, han presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la resolución del 2 de abril de 2025, firmada por el director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, que autoriza la eliminación de hasta 41 lobos en el plazo de un año.

El recurso también impugna las resoluciones del 25 y 30 de abril de 2025 de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, que desestimaban los recursos de alzada interpuestos contra la decisión inicial. De forma paralela, se ha solicitado como medida cautelar la suspensión de cualquier autorización o ejecución que conlleve la muerte de lobos en la comunidad hasta que se dicte sentencia firme sobre el caso.

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Según las organizaciones recurrentes, esta decisión vulnera la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a garantizar el mantenimiento de las especies protegidas en un estado de conservación favorable. Recuerdan que el último informe oficial disponible sobre el estado del lobo ibérico, correspondiente al sexenio 2013-2018, concluye que la especie presenta una situación “desfavorable-inadecuada” en todas las regiones biogeográficas en las que está presente, incluidas las manadas de Cantabria.

Dudas sobre el censo de lobos

Una de las principales críticas del recurso se centra en la falta de rigor en la estimación poblacional del lobo en Cantabria. Según los datos oficiales, se habrían contabilizado 207 ejemplares, pero el informe pericial incorporado al recurso cuestiona la metodología y considera que la cifra puede ser muy superior a la real.

El cálculo oficial se basa en una media de nueve lobos por manada, algo que las organizaciones ecologistas consideran “claramente incierto”, ya que estimaciones realizadas por especialistas apuntan a que las manadas tienen entre 3,8 y 4,9 ejemplares de media. De aplicarse esta media a los 23 grupos identificados en la comunidad, la población real rondaría el centenar de lobos durante el invierno.

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Daños al ganado: cifras y contexto

El recurso también contextualiza los daños al ganado atribuidos al lobo. En 2022, el Gobierno de Cantabria cifró en un 0,49% el porcentaje de la cabaña ganadera afectada por ataques. Aunque reconocen que estos daños deben ser compensados, recuerdan que la mortalidad media anual del ganado en extensivo supera el 5%, con causas como enfermedades, accidentes o edad avanzada que superan ampliamente la incidencia del lobo.

En este sentido, consideran injustificable la afirmación de que los ataques de lobo hacen insostenible la ganadería extensiva, ya que los datos no avalan ese argumento. De hecho, añaden, existen regiones sin presencia de lobo con tasas de mortalidad similares.

Incompatibilidad con el marco europeo

El dictamen emitido el 30 de abril de 2025 por el Comité Económico y Social Europeo, máximo órgano consultivo de la UE, respalda los argumentos del recurso. En dicho dictamen se advierte de que los modelos de gestión basados en la eliminación de lobos no son efectivos para reducir los daños al ganado, salvo que se llegue a una reducción tan drástica que comprometa su conservación.

En cambio, los modelos que priorizan medidas preventivas, como cercados, mastines o compensaciones, han demostrado ser más eficaces y compatibles con la conservación de la especie. Estas medidas son las recomendadas por la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha condenado a varios Estados por autorizar caza sin una evaluación adecuada del estado de conservación ni acreditar la inexistencia de soluciones alternativas.

Las organizaciones demandantes denuncian que el Gobierno de Cantabria ignora tanto la normativa europea como la jurisprudencia, al autorizar la eliminación genérica de ejemplares sin identificar con precisión a los animales responsables de daños graves, ni justificar la medida en términos de conservación.

El Fondo para la Protección del Lobo

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico es una organización sin ánimo de lucro creada en 2011, dedicada a la defensa de esta especie emblemática mediante la promoción de estrategias de conservación, acciones legales, formación y divulgación. Tiene como objetivo fundamental lograr la coexistencia sostenible entre el lobo y las actividades humanas, especialmente la ganadería extensiva, a través de medidas preventivas y de gestión basadas en el conocimiento científico.

Con sede operativa en Asturias, el Fondo trabaja en varias comunidades del norte peninsular, incluyendo Cantabria, Galicia y Castilla y León, zonas clave para la presencia del lobo ibérico. La entidad colabora con científicos, juristas, ganaderos y administraciones públicas para impulsar modelos de gestión no letales, y es especialmente activa en el ámbito jurídico, donde ha promovido múltiples recursos para evitar políticas que considera contrarias a la normativa de conservación de especies.

Además, desarrolla programas de seguimiento poblacional, apoyo a explotaciones ganaderas para implementar medidas de protección como cercados o mastines, y campañas de sensibilización social que buscan combatir la imagen negativa del lobo y reforzar su valor ecológico como especie clave en los ecosistemas.

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