La Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, aprobada esta legislatura, activará por primera vez su mecanismo de tramitación prioritaria con el Campus Tecnológico de Centro de Datos ‘Altamira’. Se trata de una inversión superior a los 3.600 millones de euros, impulsada por Felipe Morenés Botín, hijo de Ana Patricia Botín, a través del fondo de inversión Stoneshield Capital.

Este miércoles, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha solicitado su comparecencia en pleno del Parlamento de Cantabria para presentar el proyecto, como paso previo a su declaración oficial como Proyecto Empresarial Estratégico, una categoría que da acceso a vías rápidas de gestión urbanística, administrativas y de coordinación interinstitucional. Cantabria contaba con la figura del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional), concebida en teoría para agilizar plazos.

El Ejecutivo autonómico considera que el proyecto cumple “de manera clara” con los requisitos de esta nueva figura legal: inversión superior a 50 millones, creación de más de 100 empleos indefinidos y pertenencia a un sector considerado estratégico para la región o la Unión Europea.

La tramitación exprés se estrena con un fondo de inversión ligado a los Botín

La puesta en marcha de esta herramienta legal se centra en un megaproyecto promovido por un miembro de una de las principales familias económicas del país, en alianza con un fondo de inversión especializado en activos tecnológicos e inmobiliarios, como detalló EL FARADIO tras la presentación.

Felipe Morenés, nacido en 1994, nieto de Emilio Botín y formado en EE.UU., cofundó en 2018 Stoneshield Capital junto al financiero argentino Juan Pepa. Desde entonces, el fondo ha acumulado una cartera de activos valorada en más de 5.000 millones de euros, y es accionista de referencia en Neinor Homes (25%).

En Cantabria, Stoneshield actuará a través de XDC Properties, su filial para el desarrollo de infraestructuras digitales. El ‘Campus Altamira’ ocupará una superficie de 637.000 metros cuadrados en los municipios de Piélagos y Villaescusa, y se desarrollará en tres fases, centradas en inteligencia artificial, servicios en la nube y computación avanzada.

El Gobierno espera que las obras de la primera fase comiencen en enero de 2026, tras la aprobación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), ya redactado y cuya validación está prevista para diciembre.

Una inversión histórica para un sector estratégico

Arasti ha subrayado que se trata de la mayor inversión empresarial en la historia de Cantabria, con capacidad para generar más de 1.500 empleos durante la construcción y otros 1.450 en su operación. Además, ha defendido su valor tractor sobre el tejido productivo regional, ya que podría atraer a compañías tecnológicas de referencia como Meta o Google.

En palabras del consejero, el centro de datos convertirá a Cantabria en un nodo clave dentro de la red de hubs tecnológicos europeos, al nivel de Madrid, Londres o Frankfurt. Su desarrollo coincide con una creciente demanda de espacios digitales seguros, sostenibles y cercanos a los mercados consumidores, en un contexto donde la soberanía tecnológica y el almacenamiento de datos se consideran activos estratégicos.

El terreno donde se ubicará el campus permanecía sin uso desde hace 18 años. Su adquisición fue formalizada el pasado mes de mayo por 9.492.450 euros (IVA incluido), tras un acuerdo entre SICAN, empresa pública autonómica, y SEPIDES, sociedad estatal.

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