Sam, el joven cántabro que participó en una protesta climática en el Museo del Prado, se enfrentará próximamente a un juicio oral por esos hechos, sucedidos en noviembre de 2022.

En la acción, el activista se pegó con adhesivo al marco del cuadro ‘La Maja Vestida’ de Francisco de Goya, en una iniciativa enmarcada en una oleada de protestas ecologistas en museos de toda Europa.

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La Fiscalía y el Abogado del Estado, este último en representación del Museo, le acusan de un delito contra el patrimonio histórico (artículo 323.1 del Código Penal). La petición fiscal incluye una multa de 3 euros diarios durante 12 meses, lo que se traduce en 1.080 euros. La responsabilidad civil reclamada varía: 2.850 euros según la Fiscalía y 3.646,47 euros por parte del museo.

Además, se ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil, lo que podría conllevar el embargo de bienes si no se abona la cantidad exigida, que asciende a 4.861,96 euros.

El marco no estaba protegido y los daños fueron mínimos

El Museo del Prado ha reconocido en informes periciales que el daño fue “insignificante”, afectando solo a una franja dorada de ocho centímetros del marco. La obra original no sufrió daños. El marco en cuestión no está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y desde 2013 estaba previsto su reemplazo por otro más similar al original de Goya.

Los informes técnicos estiman que las tareas de limpieza y restauración costaron entre 350 y 2.500 euros, según el tipo de intervención.

Una protesta en el marco del ‘Caso Spora’

La acción se enmarca dentro del denominado ‘Caso Spora’, una investigación que afecta a más de 15 activistas climáticos a quienes se les imputa pertenencia a organización criminal por haber participado en protestas de alerta sobre el impacto del cambio climático. Esta acusación podría acarrear penas de entre 2 y 8 años de prisión.

Según el manifiesto del colectivo, se trata de una operación policial que criminaliza el derecho a la protesta, y forma parte de una tendencia represiva creciente. Denuncian seguimientos por parte de la Brigada Provincial de Información, intervenciones en sus comunicaciones, bloqueo de cuentas bancarias y detenciones en domicilios y centros de trabajo o estudio.

Desde la campaña #AbsoluciónCasoSpora, los activistas defienden que su objetivo es visibilizar la inacción climática de los gobiernos y la complicidad de las grandes empresas en el agravamiento de la crisis ecosocial.

Denuncian una «represión política»

En su manifiesto, el grupo advierte que “pretenden parar esta lucha criminalizándola y deslegitimando la movilización social”. La protesta se enmarca en una estrategia de desobediencia civil no violenta, que ha sido histórica en procesos de cambio social.

El manifiesto llama a la unidad de movimientos sociales, especialmente en un contexto de auge de la extrema derecha en Europa y de endurecimiento legislativo. Además, expresa su solidaridad con otros colectivos perseguidos judicialmente, como los movimientos antifascistas, sindicales, y el apoyo explícito al pueblo palestino.

El colectivo no descarta futuras movilizaciones y apela a la creación de redes de apoyo mutuo, asistencia legal y solidaridad activa como respuesta a lo que consideran una deriva autoritaria.

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