Se acaba el curso y en el colegio El Pedregal, en Castro Urdiales, eso puede querer decir también que se acabe el propio centro educativo. Eran inquilinos de la Fundación Barquín, que ha preferido dedicar el edificio a una empresa privada del sector náutico –ni siquiera a usos educativos–, en lo que sería además una forma de ‘cargarse’ a la competencia: la Fundación tiene un colegio en el mismo municipio, que recibe fondos públicos ya que es concertado. Todo con participación del Gobierno de Cantabria, cuyos representantes forman parte del patronato de la Fundación.

Para impedirlo, STEC y la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del colegio público El Pedregal de Castro  han acudido a los tribunales, interponiendo un recurso contencioso-administrativo conjunto, contra la supresión de las plazas docentes y la intención de cerrar el centro escolar, que solicitan quede en suspenso como medida cautelar. Es decir, que hasta que se resuelva el fondo del asunto no se ejecute la medida para que, si al final del proceso se les da la razón, no se encuentren con que el daño ya esté hecho.

Entre los demandantes están también la mayor parte de los docentes del centro escolar cuyas plazas se suprimen, que alegan no haber recibido hasta anteayer notificación alguna sobre la supresión de sus plazas ni sobre su nuevo destino. La inexistencia de la causa alegada para suprimir las plazas, la falta de motivación para la supresión de un servicio público esencial y las circunstancias del municipio en cuanto a escolarización son otros de los fundamentos del recurso.

Paralelamente, la Junta de Personal está promoviendo el apoyo de todos los claustros docentes de Cantabria a la lucha del CEIP El Pedregal, mediante un documento que rechaza el cierre de ningún colegio público mientras no bajen las ratios y no se reviertan los conciertos a la privada.

“Es indecente que el Gobierno acceda a cargarse un proyecto educativo así para dar pie a la especulación con un edificio que se dejó en herencia para contribuir a la educación gratuita de los jóvenes castreños”, aseveran desde el sindicato.

Además, desde STEC han desvelado que ya la anterior administración educativa planteó el cierre, pero consiguieron disuadirla, lo que evidencia que se trata de una decisión estrictamente política, con el Gobierno ostentando la representatividad mayoritaria en el patronato de la Fundación Barquín.

Desde entonces, el centro no ha hecho más que crecer en matrícula, hasta el punto de haber familias que se han quedado fuera por no haber plazas suficientes para cubrir la demanda. La falta de alumnos fue un motivo que se esgrimió cuando estalló la polémica por el cierre –que tuvieron que comunicar las familias sin que se les haya ofrecido ningún plan más allá de una garantía de escolarización del alumnado, básicamente, una obligación legal hubiera o no Pedregal–.

Pero no se había planteado antes, y no hay que olvidar que estamos hablando de Castro, no de un municipio en riesgo de despoblación o con poca natalidad. En este punto, la diputada del PRC Paula Fernández ha argumentado que en la Comunidad Autónoma existen cuatro colegios con una ratio de alumnos inferior a la del castreño y todos ellos se mantienen abiertos, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno que reconsidere el cierre anunciado y tenga en cuenta que El Pedregal es «modelo en inclusión».

Ahora parece esbozarse otro argumento, la posibilidad que trata de justificar el Gobierno de Cantabria de que el motivo del cierre se debe a problemas económicos de la fundación Barquín Hermoso,  a lo que la alcaldesa de Castro, la socialista Susana Herrán, ha señalado que “se puede intentar incrementar el precio del arrendamiento para poder mantener abierto este centro educativo con su metodología en Castro Urdiales”, planteando también  dotar de otra infraestructura para albergar el centro educativo.

El manifiesto promovido por las familias ha recabado 11.000 firmas, que han registrado en el Parlamento. Las familias lamentan tener que acudir a los tribunales ante la falta de opciones de diálogo con el Gobierno, responsable de las competencias educativas y del derecho a la escolarización, que ha centrado sus declaraciones públicas en criticar al Ayuntamiento de Castro o a los partidos de la oposición.

«Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para alcanzar nuestra meta y para proteger a nuestros hijos e hijas: que el colegio, que nuestra comunidad educativa, no se cierre», señalan lamentando que las instituciones, «las personas que deberían velar por nuestro interés colectivo», «hayan actuado con la mayor frialdad, distancia y opacidad».

También denuncian la opacidad cuando han solicitado información para conocer la situación en la que se encuentra el contrato de alquiler entre la Fundación Barquín y el Gobierno de Buruaga, petición que han tenido que llevar ante el Consejo de Transparencia del Gobierno central.

En el plano político, la vicesecretaria general de política municipal delPSOE de Cantabria y alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha afirmado que el consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, debe dimitir si no se cumple el acuerdo parlamentario para mantener abierto el CEIP El Pedregal.