El magistrado Acayro Sánchez pide incidente de nulidad ante la sentencia del Supremo que le inhabilita por 10 años
Es una causa que se sigue alargando en el tiempo. Parte de un caso juzgado en 2016 y la causa echó a andar en los tribunales en 2019. Y es una causa donde el magistrado Luis Acayro Sánchez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, sigue buscando defenderse ante la posibilidad de que sea definitivamente inhabilitado. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) le impuso una pena de cinco años en los que tendría que dejar de ejercer. Pero el Tribunal Supremo (TS) se la ha subido a 10.
Ahora, Sánchez ha presentado un incidente de nulidad para que esta sentencia quede sin efecto y él sea absuelto del delito de prevaricación. Lo hace basándose en el argumento de que se han vulnerado sus derechos fundamentales en esta última sentencia.
La explicación de esa vulneración proviene del hecho de que esta nueva sentencia modifica los hechos probados de la sentencia del TSJC, «rechazando aquellos hechos que ya constaban y que, en una correcta subsunción jurídica, debieron llevar a la absolución del Sr. Sánchez, de manera que ha creado hechos nuevos sobre los que fundamentar y desestimar el recurso de casación interpuesto por esta parte», según el escrito presentado por la representación legal del magistrado, al que ha tenido acceso EL FARADIO.
Cambiar esos hechos probados ha llevado, como se ha señalado más arriba, a que la pena de inhabilitación no sólo se mantenga, sino que se duplique. Y esa, señala la defensa de Sánchez, supone una segunda vulneración de sus derechos fundamentales. «Dicho proceder jurídico, por tanto, es doblemente errático», sostiene el escrito, que apela al artículo 24.2 de la Constitución, que defiende el derecho a un proceso con todas las garantías.
Cómo se llegó al juicio contra el magistrado Luis Acayro Sánchez
La intención del magistrado Sánchez es la de interponer un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Pero su defensa recuerda que se deben agotar todas las opciones judiciales antes de llegar a ese punto. Y como los nuevos hechos que fundamentan, según el TS, que se refrende y aumente la condena han aparecido en este último paso del proceso, es ahora cuando se la defensa debe interponer esta petición de nulidad, antes de pasar al más alto Tribunal español, que es el Constitucional.
La defensa del magistrado apela al artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde dice que no es sólo el Tribunal Constitucional el capacitado para atender posibles vulneraciones de derechos fundamentales, sino que los tribunales también deben atender estas reclamaciones.
La sentencia del TS no fue unánime contra Sánchez. Fueron tres votos a dos. Quienes votaron en contra, los magistrados Antonio del Moral y Leopoldo Puente, han emitido un voto particular para justificar su postura contraria al resultado final de la sentencia.
La condena del TSJC se produjo en 2022
En otoño de 2022 es cuando se produjo el juicio contra el magistrado Luis Acayro Sánchez, acusado de prevaricación. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) fue una pena de cinco años de inhabilitación para seguir ejerciendo como titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander. Pero lo primero que resultó sorprendente es que la sentencia la firmó José Luis López del Moral, quien concurrió frente a Acayro Sánchez en la elección de la presidencia del TSJC.
Fueron rivales en esa carrera, y uno acabó juzgando a otro sin que ello pudiera ser motivo de recusación y sin que nadie decidiese que eso podía sonar a irregularidad. Sánchez intentó esa vía, pero de manera infructuosa, así que quien compitió contra él fue el encargado de enjuiciarlo y redactar la sentencia del juicio.
Sánchez presentó recurso a principios de 2023 y el pasado junio es cuando el TS estudió y sentenció sobre el caso. Era simplemente una deliberación y decisión, sin que se celebrase una vista, lo que, en principio, significaba que no podía agravarse la pena contra él, que es lo que se solicitaba desde Fiscalía y desde el Colegio de Abogados de Cantabria.
Aparte de que López del Moral se encargase de juzgar el caso, también fue llamativo que la causa contra el magistrado se originase en un caso del Ayuntamiento de Castañeda del año 2016 y que hasta 2019 no mereció ninguna atención. Un particular presentó un recurso contencioso-administrativo contra un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castañeda del 29 de septiembre de 2016 que había desestimado su recurso de reposición frente a un acto administrativo previo. Pero no fue hasta 2019 cuando el abogado trasladó una queja al Consejo General del Poder Judicial por la actuación del magistrado, que archivó la queja porque la cuestión había sido resuelta, se le había permitido el derecho de defensa y no apreció falta de consideración ni abuso de poder. Sin embargo, en 2021 el asunto sí llegó a los tribunales.
Todo comienza con las facturas del Ayuntamiento de Castañeda con un abogado experto en urbanismo, que es lo que llega al Juzgado del magistrado Luis Acayro Sánchez. Y él decide enviar esas facturas a Hacienda por presuntas irregularidades que detecta y que le obligan a hacer ese envío, como certificaba un informe de la delegada de Hacienda en Cantabria, Ana María Jiménez. En el juicio se trató de desestimar el informe que validaba la actuación del magistrado e incluir en el inicio de la vista, algo que sí sucedió, el expediente administrativo donde constaban las cuatro contrataciones del Ayuntamiento de Castañeda que afectaban a la causa juzgada por Sánchez, incluida la contratación del abogado que le denunció posteriormente.
Derribar al juez pero no viviendas: claves de la sentencia contra Luis Acayro Sánchez
Entre todas las patas que aparecieron en el juicio contra Sánchez, que fueron muchas, otra era muy llamativa: condenar a alguien por prevaricación, pero argumentando que lo que hacía el magistrado era su trabajo, que era investigar si había irregularidades en esos contratos del Ayuntamiento de Castañeda. La prevaricación es un concepto que camina en otra dirección. Es, en el caso de un magistrado, hacer mal su trabajo a sabiendas de que lo hace mal. Si se comete un error al intentar hacerlo bien, ya no debe ser prevaricación.
Pero las claves del juicio fueron muchas más. El comportamiento de Sánchez al enjuiciar, las quejas del abogado para denunciar y que Fiscalía y Colegio de Abogados se unieran, el fondo urbanístico del asunto o también antecedentes en los que el Supremo ya salió al paso de actuaciones de la justicia cántabra contra este magistrado.
Hace ya más de dos años y medio que el juicio contra el magistrado Sánchez tuvo sentencia. Recordemos, redactada por el magistrado que compitió contra él para presidir el TSJC. Aquí se puede ver el auto por el que acabó siendo denunciado y enjuiciado.
El auto por el que juzgaron y condenaron a Luis Acayro Sánchez
