El PP de Santander sigue viendo compatible las concentraciones contra los crímenes machistas con mantener en su cargo a un asesor condenado por violencia de género
El PP de Santander sigue viendo compatible, mes tras mes, mostrar solidaridad con las víctimas de crímenes machistas en todo el país con el hecho de mantener en su cargo a un asesor de confianza municipal que tiene una condena por violencia de género contra su expareja. La solidaridad genérica en clave nacional choca con la actitud en la parte que depende de sus propias competencias.
Es una incoherencia que sigue recordando la Comisión 8 de Marzo, que agrupa a las organizaciones feministas de Cantabria –entre ellas algunas que trabajan directamente con víctimas de violencia de género, como Consuelo Berges– tal y como ha hecho este mismo jueves en la concentración que cada mes se convoca en el Ayuntamiento –en realidad en ayuntamientos de toda España- para ‘repasar’ los asesinatos que se producen cada mes.
En este caso, se recordó una mujer de 78 años asesinada presuntamente por su cónyuge en Navarra, y a otra de 34 años en Badajoz, madre de cuatro menores y con antecedentes de denuncias contra su agresor –frente al argumentario de las denuncias falsas, es más frecuente que no se denuncie y más grave que la denuncia no siempre se atienda con medidas–. Con estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2025 asciende a 24, según datos del Ministerio de Igualdad. Desde que existen registros oficiales en 2003, se contabilizan 1.318 víctimas mortales.
El caso que compete al Ayuntamiento de Santander, al equipo de Gobierno del PP que gobierna con mayoría absoluta, se refiere a Francisco Javier Gallego Gamucio, un policía local que lleva varias legislaturas con responsabilidad extras de designación directa y con complementos económicos ligado a la Concejalía de Festejos primero, y la de Barrios después.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Santander le impuso penas de prisión (conmutables), así como medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con su expareja. Sus defensores alegan que contra la sentencia se han interpuesto recursos, interpretando que el hecho de que no sea la sentencia firme con prácticamente una absolución en lugar de como la culpabilidad certificada que ya hay.
Por su parte, el PP de Santander, y la alcaldesa Gema Igual, han justificado el mantenimiento en su cargo de un asesor que se ha significado profundamente con el partido, incluso en actos de campaña, con su condición de funcionario.
Es una manipulación, ya que Gallego es funcionario por ser policía, pero el cargo de asesor –palabra que niega insistentemente el PP– fue designación directa, sin concurso abierto y le lleva a compartir protagonismo prácticamente en condiciones de Igualdad en actos y visitas con la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez.
Y la propia alcaldesa defendió en su día apartar a policías locales –funcionarios, por tanto- del servicio tras una detención en una operación antidroga –es decir, sin sentencia siquiera de primera instancia–.
En cualquier caso, Igual –20 años de responsabilidad en el ayuntamiento como concejala o alcaldesa– se remitió a un informe municipal para que determine como se cesa a un asesor municipal. Meses después, no se sabe nada de este informe.
Tanto la Comisión 8 de Marzo como partidos de oposición como PSOE, IU y PRC han pedido su destitución y subrayado la incoherencia de un discurso genérico contra la violencia machista que no se refleja en actitudes contundentes en sus propias áreas de responsabilidad.
Un discurso que choca con los propios mensajes del Ayuntamiento en sus campañas contra el machismo, en las que viene reiterando la necesidad de reconocer todos los pasos que identifican la violencia de género antes de que se produzca una agresión física –como recuerdan las asociaciones que trabajan con víctimas, la agresión física se produce tras una escalada que empieza con los celos, el control y la vigilancia, el aislamiento social o el control económico– o de rechazar estas actitudes sin ningún tipo de matiz.
Violencia de género en cifras
En España, la violencia machista continúa siendo una de las principales emergencias sociales. Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en 2024 se confirmaron 56 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Además, más de 32.000 mujeres estaban activas en el sistema de seguimiento policial VioGén a finales de ese año.
Cantabria, por su parte, registró en 2024 1.330 denuncias por violencia de género, de acuerdo con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
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