En la última década, Héctor ha demostrado su fortaleza en varias ocasiones: desde que tuvo que afrontar las dificultades económicas en casa con los sucesivos problemas de salud de distintos miembros de su familia hasta que se produjo la tormenta ‘perfecta’ que desembocó en la expulsión de la vivienda familiar tras un complejo proceso que implicó a unos prestamistas asturianos y los nuevos titulares de la vivienda.

Ejecutado el desahucio de Gama y detenido Héctor

Eso nunca significó que Héctor dejara de luchar, tanto por la recuperación de la vivienda como porque se supiera lo que había pasado, con todas las armas a su alcance, desde los juzgados, con varios procesos iniciados, hasta todas las posibilidades de contarlo, vía los colectivos o personas que le han apoyado, los medios de comunicación o, directamente, los carteles frente a la vivienda.

Paradójicamente, esos carteles llevaron casi a que se le considerara a él el atacante o agresor y a quienes participaron en el proceso que llevó a la pérdida de la vivienda, en víctimas.

Ese fue el escenario que se planteó en los tribunales, pero, finalmente, sin éxito, porque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santoña ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un presunto delito contra la intimidad, como lo había denunciado Francisco Javier Rionda.

No es la primera vez que los participantes en el proceso que llevó a la expulsión de la vivienda de Héctor y su familia han recurrido a la vía judicial tras ser señalados públicamente. Años atrás, otro, Alfredo Moreno, promovió una denuncia similar por injuris y calumnias, para luego no presentarse ni a las conciliaciones ni al juicio. El propio denunciante de este proceso ahora sobreseído ya lo había intentado el año pasado, en prácticas que se interpretan como una maniobra para desanimar a Héctor de su lucha y para que deje de contar su propia historia.

Héctor, la persona que fue desahuciada y ha sido señalada como autora de los carteles, interpreta esta denuncia como parte de una estrategia de presión judicial ejercida por quien compró su vivienda. En declaraciones a este medio, sostiene que el archivo de la causa demuestra que el verdadero motivo de la denuncia era intimidarlo y frenar su protesta pública.

Según explica, “la preocupación del comprador-especulador por no poder deshacerse de mi casa se evidencia tanto en la denuncia, ahora archivada, como en el cambio constante de inmobiliaria”. En este sentido, apunta que ya son tres las agencias que han puesto la vivienda en el mercado sin éxito.

“Pensaba que iba a coser y cantar, o más bien desahuciar y especular, pero ha visto que no es así”, añade. Asegura que su oposición ha sido constante y frontal: “No puede pretender enriquecerse con el esfuerzo y el sufrimiento de mi familia sin que me oponga con todos los medios a mi alcance”.

Aunque reconoce que no sabe si logrará recuperar la vivienda, tiene claro que la lucha no ha terminado: “Lo que sí puedo asegurar es que queda batalla para rato, y pase lo que pase, espero que al menos a este especulador se le quiten las ganas de volver a jugar a ser el anciano del Monopoly con las vidas de la gente humilde”.

📢 Rompe el algoritmo y lucha contra el odio compartiendo esta información en tus redes o grupos de mensajería.
💬 Podemos contar lo que ocurre en los juzgados de Cantabria gracias a apoyos como el tuyo.
Súmate y hazte socia o socio por 8 euros al mes.