El Mercado de Puertochico, atado a Baika hasta 2057
El Mercado de Puertochico funcionará hasta 2057 bajo una fórmula de concesión administrativa de obra pública, otorgada en octubre de 2016 a las empresas Abastos Gestión S.L. y Baika Puertochico S.L. por el Ayuntamiento de Santander para la gestión de la parte que no depende de los mercados, sino la hostelería, según consta en el expediente urbanístico consultado por EL FARADIO.
El acuerdo, con una duración de 40 años, autoriza a la empresa concesionaria a rehabilitar, explotar y mantener los locales del mercado municipal, incluyendo la posibilidad de incorporar operadores de restauración en los espacios definidos como de gestión indirecta, entre los que se encuentra el futuro restaurante McDonald’s que no sólo ocupará el edificio, sino que ocupará más de la mitad de esos usos.
El McDonald’s se ‘come’ el Mercado de Puertochico: ocupará el 62 % del espacio de hostelería
Una concesión prolongada en un edificio público
El contrato, todavía vigente, establece que la planta baja del edificio (donde se localiza el mercado) será gestionada en parte por el Ayuntamiento —en su zona sur, donde seguirán ubicados los puestos tradicionales de alimentación— y en parte por el concesionario, que controlará el resto del inmueble, incluyendo las zonas destinadas a hostelería y restauración.
La adjudicación se enmarca en la Ordenanza de los Mercados Municipales de Abastos de Santander, que permite la incorporación de “servicios de restauración o dinamización económica” siempre que se garantice un mínimo del 35 % del espacio total dedicado a comercio minorista alimentario.
En el expediente se indica que el proyecto incluye una inversión total para el acondicionamiento del local y la terraza superior, sumando 400,42 m² construidos y una terraza de 54,11 m², lo que eleva a 225,60 m² la superficie destinada a uso hostelero, justo el límite máximo permitido por la normativa urbanística.
La empresa Restaurantes McDonald’s S.A.U. tramita su instalación en uno de los espacios gestionados por Baika Puertochico S.L., y ha obtenido informe favorable para la apertura tras completar los requisitos técnicos exigidos por el Ayuntamiento.
El proyecto urbanístico contempla además la colocación de instalaciones técnicas en cubierta, la creación de un espacio acristalado con altura máxima de 3,5 metros y una terraza anexa en la parte superior, es decir, en la plaza del Centro Cultural Doctor Madrazo.
Un contrato blindado durante cuatro décadas
El pliego técnico y jurídico del contrato, aprobado en su momento por el pleno municipal, contempla la posibilidad de rescisión anticipada únicamente en casos de incumplimiento grave.
En este sentido, el Ayuntamiento no puede modificar unilateralmente los usos ni intervenir en la selección de operadores mientras no se acredite una causa justificada.
El modelo de concesión limita así el margen de actuación municipal durante 40 años, dejando bajo supervisión privada aspectos clave como el perfil comercial del edificio, el tipo de actividad desarrollada y las condiciones económicas de explotación.
A esa gestión privada se aferra la alcaldesa de Santander, Gema Igual, como argumento para negar que el Ayuntamiento tenga margen de acción en la definición del proyecto (obviando que pudo haber fijado en los pliegos para la concesión alguna especificación en esa línea).
Con todo, peor es la otra línea argumental, la que trata de rebajar la oposición vecinal, representada por la Comisión Salvemos el Mercado. a una mera cuestión de gustos gastronómicos, en lugar de a lo que es, la defensa de un modelo (un mercado de proximidad, de cercanía), frente a otro (uno de comida rápida y explotación intensiva que va contra la identidad y la historia de ese espacio concreto).
2057 como fecha de referencia
La duración del contrato —confirmada en la documentación técnica y en el proyecto de actividad del restaurante— se extiende hasta el año 2057, lo que condiciona el modelo de usos del mercado durante casi medio siglo.
Para introducir cambios sustanciales en la gestión o recuperar el control directo del espacio por parte del Ayuntamiento, sería necesario esperar al vencimiento del contrato o iniciar un procedimiento de rescisión por causa grave, que, como en otros casos similares, podría requerir años de informes técnicos y respaldo jurídico.
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