Las políticas económicas y la elaboración de Presupuestos son asuntos centrales de cualquier sociedad organizada, pero hay una parte importante de la población que suele desligarse de estas cuestiones por considerarlas temas muy complejos y que creen alejados de su realidad diaria. Sin embargo, alguien como Carlos Sánchez Mato, que fue concejal de Hacienda de Madrid en la legislatura 2015-2019, cree que eso puede conducir a sitios peligrosos. Si se deja todo en manos de los supuestos expertos en la materia, «compramos todas las papeletas para que haya dificultades», dice en una entrevista concedida a EL FARADIO.

Este mismo jueves estará en Torrelavega para hablar de cómo se elaboran unos presupuestos municipales, las cosas que se pueden tener en cuenta y las maneras de enfocar algo que sirve para regir la vida de un Ayuntamiento durante un año. La charla se enmarca en una campaña de Izquierda Unida y Podemos que se titula ‘¿En qué gastarías el dinero de tu ciudad?’

El exconcejal madrileño estima que el enfoque «no debería ser nunca el dinero del que dispongo, sino más bien el enfoque de necesidades» de la ciudadanía, porque si no se satisfacen, la utilidad de los gestores queda completamente en entredicho. Cuando eso sucede, cree que se abre la puerta de la antipolítica «y eso es gravísimo», porque conduce a menudo a que crezcan movimientos de corte totalitario. Y pone como ejemplo la vivienda, un derecho básico que resulta imprescindible para desarrollar un proyecto de vida. Si la situación conduce a que esa necesidad principal no se vea cumplida, hay que ponerla en el primer plano y tratar de encontrar los recursos que cubran esa y otras prioridades.

Por eso señala las grandes posibilidades que tienen las administraciones públicas, ya sean municipales o de un ámbito superior. «Las administraciones públicas no son como las familias o como los sindicatos, nosotros ya tenemos una serie de limitaciones que no tienen ellas». Su capacidad coercitiva les da la posibilidad de modificar el cobro de impuestos, o crear unos nuevos, tasas, contribuciones especiales… Así pueden conseguir recursos para acometer las necesidades de la ciudadanía.

La pega que ve Sánchez Mato habitualmente en las administraciones es que no logran recursos extra elevando la carga fiscal de los más pudientes, sino más bien todo lo contrario. Escuchan más a quienes tienen una mayor capacidad de influencia, y eso «no es lo justo», porque disminuye o se aparca la atención por el interés general. Esto puede llevar a una frustración que desencadene un alejamiento de la ciudadanía. «Si la gente deja de creer en la acción colectiva puede pensar que cada uno por su cuenta se las apaña mejor, y eso es una desgracia enorme, porque eso nos lleva a totalitarismo, nos lleva a fascismo, nos lleva a enfrentamientos entre la sociedad y sobre todo, a no cubrir las cosas de manera general conjunta, que no dejan de ser otra cosa que salario indirecto», reflexiona.

El salario directo, dice Sánchez Mato, es el conocido, el que vemos a través de una nómina o una pensión, pero el indirecto es el que nos llega a través de los servicios públicos, al que contribuimos con los impuestos y que no pagamos en el momento, sino que forma parte de nuestra retribución también. Hasta el punto de que alguien que puede tener unos ingresos directos por debajo del umbral de la pobreza, y gracias a esos servicios ya no lo está. Es otra forma que tiene este economista de explicar el poder de una administración.

Recuerda que los enfoques del Gobierno municipal del que formó parte eran distintos de lo que habían sido habituales. La oposición que tuvieron en Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, vaticinaba que iban a «arruinar a la ciudad de Madrid, y conseguimos incrementar la inversión, el gasto social en mil millones de euros, y al mismo tiempo tuvimos superávit y redujimos la deuda en casi tres mil millones, y no fue un milagro», sino que se dedicaron, explica, a aplicar una política económica con voluntad de ser eficaces.

En esa época se abrieron procesos participativos desde el propio Ayuntamiento para fomentar que la ciudadanía se implicase en toma de decisiones importantes para la ciudad. Es algo costoso que la participación crezca, porque son dinámicas «que lleva mucho tiempo cambiar». Sánchez Mato piensa que las administraciones deben ayudar a que cada vez participe más gente, sobre todo con las tecnologías que tenemos ahora al alcance de la mano. No para elaborar un presupuesto completo, menos en un municipio tan grande, pero sí para «dedicar partidas presupuestarias muy significativas a cubrir necesidades que quien mejor las conoce es la persona más cercana y eso también tiene sus riesgos. Es decir, eso no es la panacea de la participación democrática, no resuelve todos los problemas. Entre otras cosas, porque hay mucha gente que ni quiere ni va a participar nunca, pero no podemos lastrar la posibilidad de los que sí que quieren hacerlo».

Lo que defiende claramente es que la cuantía y la calidad de las políticas presupuestarias mejorarían si no se permitiese que la parte minoritaria de la población con más recursos y las grandes empresas paguen un porcentaje de sus ingresos menor que la retención que se aplica a la gran mayoría de los trabajadores. Anhela una reforma fiscal justa, algo que dice puede querer, en la teoría, mucha gente, pero «en la realidad, mucha menos».

Ahora llevamos más de seis años con gobiernos de coalición a nivel estatal, y Sánchez Mato afirma que «alguna cosita se ha hecho, pero muy limitada y no con el carácter general que estoy hablando que permitiría acabar con la injusticia fiscal y la falta de progresividad del sistema. ¿Cómo se traduce eso? En que eso se convierta en más y mejores servicios públicos, en más y mejores redes de seguridad, porque luego cuando arrecia la tormenta y no tenemos paraguas, pues lo que sí que queremos es que la administración pública responda. ¿Y cómo responde? Bueno, pues entre otras cosas con recursos que recauda con impuestos».