Hay dos testimonios importantes en la parte municipal de la gestión de la tragedia de El Bocal (el derrumbe de una pasarela de la fracasada senda costera de Santander que causó la muerte a seis jóvenes y herida a una séptima) que aescucharemos en el juicio, si finalmente se produce (tal y como está yendo la compleja fase de instrucción todo apunta a que sí, salvo que se produzca un acuerdo entre todas las partes, que en este momento se antoja difícil).

Es en la parte que afecta a la responsabilidad del Ayuntamiento de Santander (toda vez que ya parece bastante definida la de Costas, que licitó y adjudicó la obra de la senda costera en la que se enmarcaba esta infraestrucura), y que es la gestión de la incidencia cuando llegó a la Policía Local, un cuerpo cuyo funcionamiento el Consistorio intenta diferenciar de la institución, pese a que depende de ella –como el 112 del Gobierno–.

Durante la investigación judicial ha aflorado la inexistencia de protocolos de funcionamiento que puedan cumplir los mínimos estándares para llamarlos así y que la alcaldesa y su equipo sostienen que no se han cumplido, dentro de su estrategia de cargar todas las responsabilidades en una única persona, la agente que lo gestionó, en lugar de en el funcionamiento estructural de la Policía (algo, el incriminar a la profesional, que apenas tardaron tres días en hacer, pese a que cuando dieron ese paso todabía existía información que no habían sido capaces de localizar y se empezaron a detectar problemas en la centralita de la Policía)

Así, durante esta fase han ido aflorando cuestiones, documentadas por EL FARADIO como:

-el desconocimiento de los supuestos protocolos por parte de los sindicatos policiales y de los agentes que trabajan o han trabajado en la sala

-la falta de formación suficiente al respecto, reconocida por el mando del cuerpo

-lo genérico de sus indicaciones, con mismas soluciones para distintas causas, que además le hacían depender demasiado de lo que hicieran los agentes en lugar de ser, como se dijo, un manual que les fuera guiando,   frente a lo definido de los protocolos del 112, (cuyos responsables están apoyando a sus profesionales en lugar de incriminarles)

-la constatación de que en realidad era el manual de uso del programa informático, corroborada porque la minima formación que se impartió se hizo precisamente cuando se implantó el nuevo programa

Precisamente lo que estaba en cuestión en esta fase era la declaración de dos agentes que la defensa solicitaba al considerarles claves ya que su testimonio permitiría discernir el grado de conocimiento real de los protocolos que invoca el Ayuntamiento de Santander y la forma general de funcionar en la gestión de avisos que llegan a la Policía, que han sido responsables de la supervisión directa del Centro de Coordinación de Servicios (la conocida como Sala de 092),

En concreto, se refieren a un agente que desempeñaron funciones de Jefatura del Centro de
Atención de Emergencias entre 2013 y 2017, para que confirme si en esos años aplicó o no el protocolo aportado por el Ayuntamiento, del que se intuye que se aportó a posteriori a la causa; y también al Jefe de Grupo dentro de la Sala 092 en los últimos tiempos, para que corrobore si lo único con lo que trabajaban era una aplicación informática y que la práctica habitual era que si una llamada viene inicialmente del 112, es este quien debe movilizar los recursos (en ese caso, los bomberos).

En respuesta, la jueza descarta tomar esas declaraciones ahora, justifcándolo en que ya se han dado declaraciones genéricas de agentes. La resolución, no obstante, no cierra definitivamente esa vía. La propia providencia recoge que la defensa podrá reproducir ese medio de prueba en el juicio oral.

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