La senda costera de Santander y el vertido de Solvay en Usgo, banderas negras de Cantabria

Ecologistas en Acción señala la gestión de la senda entre El Sardinero y La Maruca por sus impactos sobre el paisaje, la geología, el patrimonio y la seguridad, en un contexto marcado por la tragedia de El Bocal; la segunda bandera recae en el vertido industrial de Solvay junto a la playa de Usgo.
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Cantabria vuelve a aparecer en el informe estatal Banderas Negras 2026 de Ecologistas en Acción con dos señalamientos: uno por mala gestión ambiental, concedido a la senda costera de Santander, y otro por contaminación, referido al vertido industrial en la playa de Usgo, en Miengo. El informe, editado en julio de 2026, otorga dos banderas por cada provincia litoral o ciudad autónoma, una por contaminación y otra por mala gestión, tras la revisión de más de 8.000 kilómetros de costa.

La primera bandera negra en Cantabria recae sobre la senda costera de Santander, en el tramo de la costa norte que discurre desde El Sardinero hasta la playa de La Maruca. Ecologistas en Acción la incluye en la categoría de mala gestión y sostiene que la actuación ha alterado valores paisajísticos, geológicos, arqueológicos y etnográficos de un espacio litoral especialmente frágil.

La lectura de este apartado adquiere una dimensión especial pocos meses después de la tragedia de El Bocal, donde el pasado 3 de marzo fallecieron seis personas al desplomarse una pasarela, en una investigación que permanece abierta.

El informe de Ecologistas en Acción no menciona expresamente la tragedia de El Bocal, pero sí sitúa el foco en elementos que, tras el accidente, resultan especialmente sensibles: pasarelas, mantenimiento, seguridad, tránsito por zonas de riesgo y conservación de estructuras expuestas al salitre. La organización advierte de que la situación actual “afecta al paisaje, al suelo y a la seguridad de quienes la transitan”.

Según el informe, la senda altera el “valor paisajístico” de una ruta que discurre por “parajes agrestes, campos de cultivo y acantilados de caliza de gran belleza”. También afecta al “valor geológico”, ya que se trata de acantilados inestables, formados por lutitas y areniscas del Cretácico Inferior, con grietas naturales. Ecologistas en Acción subraya que esta área presentaba “un alto riesgo geológico y de erosión” y la define como “un terreno inestable y frágil”.

El documento añade afecciones al patrimonio arqueológico, por la presencia de materiales en la zona, con “5 piezas líticas de sílex” encontradas en el horizonte superficial de los suelos, y al patrimonio etnográfico, por el entorno del Panteón del Inglés, monumento romántico de 1892 situado en los acantilados de Cueto y levantado por José Jackson Veyán en memoria de William Rowland, fallecido al caer con su caballo por el acantilado.

Ecologistas en Acción recuerda que los movimientos vecinales llevan reclamando desde 2014 la reversión de la obra realizada en la senda. Esa reversión, señala el informe, fue aprobada en 2016, pero “desde entonces no sólo no se ha revertido”, sino que “se han abandonado todas las estructuras”, con deterioro de maderas y herrajes expuestos a “las borrascas y al salitre”.

En el apartado de motivos, la organización es especialmente dura con el diseño de la actuación. Afirma que se ha ejecutado “un vallado innecesario que agrede y erosiona al terreno”, pese a tratarse de un espacio de “alto valor geológico”. Entre sus impactos, denuncia que la intervención “altera y perjudica al paisaje”, que antes era “singular” y estaba “conservado desde milenios”.

El informe cuestiona también la existencia de “pasarelas innecesarias sobre simas peligrosas por ser también bufones” y apunta que existía una senda alternativa previa, “segura y con servidumbre de paso”, aunque actualmente “sin señalizar ni balizar”. Asimismo, critica el ensanche de la senda previa hasta cuatro metros, porque “altera el terreno”, permite el paso de “motos y vehículos rodados” y favorece que “se degrade el suelo y se acumule basura”.

Como soluciones, Ecologistas en Acción reclama que se cumpla la reversión aprobada por MITECO-Costas en 2016, adaptando un nuevo proyecto a la situación actual de la senda. También exige que el Ayuntamiento de Santander cumpla su obligación de “vigilancia y cuidado del patrimonio y las personas”, informando no solo de los peligros, sino también del valor geológico del entorno. La organización pide prohibir el tránsito rodado con cualquier tipo de motor y asumir el mantenimiento y la retirada de basuras.

La segunda bandera negra de Cantabria se concede a un clásico, el vertido industrial en la playa de Usgo, en el municipio de Miengo. Ecologistas en Acción señala a Solvay, en Torrelavega, por un colector de ocho kilómetros hasta el acantilado anexo a la playa, desde donde se vierten residuos químicos generados como subproductos de sus procesos industriales, entre ellos lodos de cloruro cálcico, cloruro de sodio, hidróxido de calcio, metales pesados y amoniaco.

El informe sostiene que los efectos de esos vertidos, condicionados por los vientos dominantes, se notan en unos 12 kilómetros de litoral, hacia el este hasta playas como El Sardinero, Liencres, Covachos, La Arnía, Virgen del Mar o Mataleñas, y hacia el oeste hasta Los Caballos, Marzán, La Concha, Los Locos, La Tablía y Punta Ballota.

Ecologistas en Acción recuerda que esta bandera negra ya fue otorgada en 2020, 2021, 2024 y 2025, y afirma que el litoral está contaminado por sustancias que el grupo Solvay lanza al mar desde 2002 mediante un emisario submarino de 0,5 metros de diámetro, que se adentra 700 metros y vierte sobre fondo arenoso a 14 metros de profundidad. El vertido, añade, está autorizado por la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria hasta 43.200 metros cúbicos diarios y 13,14 millones de metros cúbicos anuales.

Como alternativa, el informe plantea sustituir la dispersión mediante emisario por una planta de decantación industrial, con espesadores y deshidratadores de fangos, para reutilizar los residuos tratados o depositarlos en un vertedero controlado. Ecologistas en Acción atribuye a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria la competencia para exigir esa solución.

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