La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ha pedido acciones legales contra los colectivos participantes en una protesta contra el genocidio en Gaza que se produjeron el domingo en la Feria del Libro de Santander con motivo de la presentación del libro de un autor cuya condición sionista señalaban.

La organización, centrada en la representación de Israel en España,  considera en un comunicado y en sus redes sociales que lo ocurrido fue un episodio de “acoso antisemita” –es decir, vinculado al carácter judío por sí mismo, algo que no fue planteado en ningún momento por las convocatorias de acciones de protesta– y de censura cultural. Y define el sionismo como «el movimiento nacional de liberación
del pueblo judío, que reivindica su derecho a la autodeterminación y a tener una patria en su hogar ancestral» –el Estado de Israel existe sin estar inserto en otro estado–.

ACOM sostiene que la concentración que impidió el desarrollo del acto tuvo un carácter “coactivo e intimidatorio” y pide que se investigue la posible comisión de delitos de odio, discriminación antisemita y coacciones, señalando expresamente al Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos –una de las voces más veteranas del internacionalismo en Cantabria, muy significada en las protestas en los últimos años de denuncia del genocidio– y a su cara más conocida, el histórico activista Sergio Tamayo, que hace un par de años embarcó en la Flotilla de la Libertad.

La entidad pide también revisar si Interpueblos y la Asociación Cultural Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca –identificando públicamente a su presidenta, María Toca–, los colectivos más significados en la convocatoria, reciben subvenciones públicas, cesiones de espacios o apoyo institucional. En caso de confirmarse, reclama su retirada mientras mantengan, a juicio de ACOM, actuaciones orientadas a la exclusión o al acoso.

La asociación carga también contra la organización de la Feria, y pedirá  que aclare qué criterios se siguieron para tomar las decisiones, además de tratar de implicar al Ayuntamiento de Santander, mencionando expresamente a la alcaldesa Gema Igual y a la concejala de Cultura.

Además, ACOM reclama a la Fiscalía de Cantabria que abra diligencias para identificar a los responsables de la concentración y estudiar si los hechos pueden constituir delitos de odio, discriminación o coacciones. También pide explicaciones a la Delegación del Gobierno en Cantabria y al Ayuntamiento de Santander sobre la actuación policial durante el incidente, cuestionando la anunciada falta de identificaciones.

En los últimos años, ACOM ha llevado a los tribunales protestas propalestinas con fuerte repercusión pública. En septiembre de 2025 denunció ante la Audiencia Nacional las movilizaciones contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta, a las que atribuyó delitos de odio, desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones, y llegó a pedir la cancelación inmediata de la carrera. El juez Santiago Pedraz inadmitió después la denuncia al no apreciar indicios claros de delitos competencia de la Audiencia Nacional, en línea con el criterio de la Fiscalía.

La entidad también ha protagonizado polémicas por sus acciones legales contra periodistas, comunicadores y medios, que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) considera como una vía para “amedrentar o coartar su libertad de expresión” al presentar como antisemitismo, una figura protegida por la legislación de delitos de odio, las críticas al papel de Israel en el genocidio en Gaza que vienen señalando todo tipo de organizaciones globales, tanto instituciones como asociaciones, al acumularse los bombardeos a colegios, hospitales o los obstáculos a los repartos humanitarios y las dificultades para trabajar los medios de comunicación y ONGS.

Entre los nombres citados en esas acciones o denuncias públicas figuran periodistas y comunicadores Silvia Intxaurrondo, Raquel Ejerique, Inés Hernand, Nadwa Abu-Gazaleh, Antonio Maestre y políticos de Más Madrid como Eduardo Rubiño y Pablo Padilla, según informaciones publicadas y textos de los propios afectados.

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