Izquierda Unida-Podemos ha reclamado este jueves a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que impulse medidas para impedir que se repitan situaciones como la de Maricarmen, incluyendo la expropiación de viviendas en manos de grandes fondos y tenedores cuando sea necesario para garantizar el derecho a la vivienda frente a prácticas especulativas que expulsan a familias de sus hogares.

El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria y candidato de IU-Podemos a la Presidencia autonómica, Israel Ruiz Salmón, ha señalado que el caso de Maricarmen pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones adopten una posición más decidida ante los conflictos relacionados con la vivienda. A su juicio, el Gobierno de Cantabria debe utilizar todas las herramientas legales a su alcance para evitar que familias vulnerables pierdan su hogar mientras grandes fondos de inversión continúan tratando la vivienda como un activo especulativo.

«Las administraciones no pueden mirar hacia otro lado mientras familias enteras se enfrentan a la pérdida de su vivienda. El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses económicos de los grandes fondos de inversión y de quienes han convertido una necesidad básica en un negocio», ha afirmado.

El candidato de la izquierda cántabra ha rechazado además que el papel de las instituciones se limite a mediar entre propietarios e inquilinos. «La administración no puede limitarse a ser un mero árbitro. Cuando existe una evidente desigualdad entre una familia vulnerable y un gran tenedor, la obligación de los poderes públicos es garantizar derechos y proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad», ha sostenido.

«La expropiación es una figura legal y democrática como otras y está prevista precisamente para proteger el interés general. Cada día se expropian pequeñas porciones de terrenos a particulares para ensanchar una carretera, construir una acera o ejecutar una infraestructura de utilidad pública. Si aceptamos que el interés general justifica esas actuaciones, con más razón debe poder actuarse cuando está en juego un derecho tan básico como el acceso a una vivienda” ha señalado Ruiz Salmón.

“Lo que resulta difícil de entender es que se expropie para hacer una acera y, sin embargo, se descarte intervenir cuando una familia corre el riesgo de quedarse sin hogar mientras grandes fondos especulan con la vivienda», ha continuado el cabeza de lista de IU-Podemos.

Asimismo, Ruiz Salmón ha recordado que en Cantabria existen situaciones que reflejan los mismos problemas estructurales que han salido a la luz con el caso de Maricarmen. Entre ellas, ha citado los problemas denunciados por las familias de la calle Hermanos Calderón de Santander, a merced de un fondo y sin que todavía el gobierno de Cantabria o el ayuntamiento hayan intervenido.

Por su parte, la coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha asegurado que el acceso a una vivienda digna debe convertirse en una prioridad política para el Ejecutivo autonómico y ha considerado insuficiente una estrategia basada únicamente en la mediación o en la búsqueda de acuerdos voluntarios.

González ha insistido en que casos como el de Maricarmen o las situaciones que se están produciendo en distintos puntos de Cantabria evidencian la necesidad de reforzar la intervención pública en materia de vivienda.

«Igual que nos indignamos ante el caso de Maricarmen, debemos prestar atención a las situaciones que se viven en nuestra comunidad autónoma. La vivienda no puede ser tratada únicamente como un activo financiero cuando hay personas que ven peligrar su proyecto de vida. Frente a la especulación de los grandes fondos, las instituciones tienen que estar del lado de quienes necesitan una vivienda para vivir y no para hacer negocio», ha manifestado.

Finalmente, ambos dirigentes han reclamado al Gobierno cántabro un refuerzo del parque público de vivienda, más recursos para prevenir desahucios y una estrategia específica frente a la concentración de inmuebles en manos de grandes fondos y tenedores.

«Cada desahucio que podía haberse evitado supone un fracaso de las instituciones. La política de vivienda debe estar orientada a garantizar derechos, no a resignarse ante decisiones tomadas exclusivamente en función de la rentabilidad económica», han concluido.