El problema de la vivienda se ha desplazado de la propiedad al alquiler, como reflejan los últimos datos del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con información relativa al cuarto trimestre de 2019, por tanto, a la anualidad completa.

Así, las ejecuciones hipotecarias (el momento en que se da por finalizada una hipoteca por impagos) registradas en Cantabria durante 2019 fueron 190, lo que supone una disminución del 36,5 por ciento respecto a las ingresadas un año antes y la cifra más baja de los últimos doce años.

En consonancia, también disminuyeron los lanzamientos (cuando esa ejecución se materializa en un desahucio) derivados de las citadas ejecuciones hipotecarias, que fueron 102, lo que supone un 7,3 por ciento menos que en 2018.

Mientras, los lanzamientos debidos al impago de alquiler fueron 428 –un 0,2 por ciento más-, lo que hace una media de 1,17 desahucios al día, y los debidos a otros motivos, 34 -un 12,8 por ciento menos que en 2018.

Por otro lado, los órganos judiciales de Cantabria recibieron 34 demandas por ocupación ilegal de vivienda, el doble que un año antes, resolvieron 27 y a 31 de diciembre se encontraban en trámite dieciocho.

En estos Juzgados de Primera Instancia también se tramitan los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Durante el pasado año, estos pleitos ascendieron a 8.925 frente a los 7.734 de un año antes, un aumento del 15,4 por ciento. La media del conjunto de todas las comunidades registra un incremento aun mayor, del 25 por ciento en este tipo de procedimientos.

CLÁUSULAS SUELO: PIERDE LA BANCA

En los últimos trimestres el informe incluye datos relativos a la actividad de los Juzgados de Primera Instancia que están tramitando acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como los procedimientos sobre cláusulas suelo.

En Cantabria, el órgano que tramita este tipo de procedimientos es el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, que a lo largo del pasado año recibió un total de 4.600 asuntos de este tipo, resolvió 4.740 y a 31 de diciembre mantenía en trámite 5.123.

Además, dictó un total de 2.987 sentencias -frente a las 1.501 de 2018- y el 97,8 por ciento resultaron estimatorias.

Finalmente, el informe incluye información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, dada la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.

Estos procedimientos verbales están destinados a que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

En Cantabria, los Juzgados de Primera Instancia registraron en 2019 34 asuntos de este tipo, el doble que en 2018. Además, se resolvieron 27 y a 31 de diciembre dieciocho permanecían en trámite.

LOS CONCURSOS DE ACREEDORES DE EMPRESAS CRECEN UN 32,6% 

Entre los indicadores que estudia el informe para detectar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, se encuentra el movimiento de asuntos concursales.

En 2019 se presentaron un total de 92 concursos –57 de empresas y 35 de particulares-, frente a 62 en 2018, lo que supone un incremento global en los concursos de 48,4 por ciento. A nivel nacional, crecieron un 32 por ciento.

Si se analiza por tipos de concurso, los de empresas crecieron un 32,6 por ciento –de 43 a 57- mientras que los de persona física lo hicieron un 84,2 por ciento –de 19 a 35. A nivel nacional, también aumentaron: un 18,9 y un 55,4 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil de Santander declaró 37 concursos; seis fueron declarados concluidos, en otros seis se abrió fase de convenio y en 36 se fue a la liquidación. Además, el Juzgado recibió seis expedientes de regulación de empleo de empresas concursadas.

CRECEN UN 11,2% LAS DEMANDAS POR DESPIDO

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos de los Juzgados de lo Social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

En 2019, los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron un total de 1.152 demandas por despido, algo más de un centenar que un año antes, lo que supone un incremento del 11,2 por ciento, similar al crecimiento del 11,9 por ciento registrado por la media nacional.

Las reclamaciones de cantidad se mantuvieron estables: 1.779 en 2019, solo tres procedimientos menos que un año antes. En el conjunto del país, sin embargo, este tipo de procedimientos creció un 5,7 por ciento.