«El marco global ha condicionado la fase final de la negociación del acuerdo con Mercosur»

Jonás Fernández es diputado del Parlamento Europeo y participará este viernes en una charla sobre el acuerdo firmado por la Unión Europea con Mercosur y que entrará en vigor el 1 de mayo
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La Plataforma por la Defensa de Europa en Cantabria ha organizado una charla este viernes, a las 15:00 en el Hotel NH Ciudad de Santander para debatir sobre este nuevo tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, organización que integra a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En esa mesa de debate participarán Gaspar Anabitarte, del sindicato UGAM-COAG, Enrique Conde, presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Marcos Fernández, del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, y Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE y que está en la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo.

Este político asturiano destaca, en una entrevista concedida a EL FARADIO, que el tratado con Mercosur entrará en vigor este próximo 1 de mayo y que «el marco global ha condicionado la fase final de esta negociación». En los últimos años la UE se está viendo obligada a analizar una serie de cambios producidos por la pandemia de COVID, la invasión de Rusia en Ucrania o, subraya también Fernández, la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca. «Esto hace que los europeos estemos en un entorno global bastante más complicado del que estamos habituados, en un marco en el que se disputa, por ejemplo, el Estado de Derecho o el respeto al Derecho Internacional o a las normas básicas que hemos puesto en pie desde el final de la Segunda Guerra Mundial para ordenar el mundo en un sistema basado en reglas, que nunca ha funcionado perfectamente, pero que al menos era un retén en las discusiones globales, un retén que ahora parece que algunos quieren hacer saltar por los aires», afirma.

Este nuevo clima mundial fuerza a una búsqueda de nuevas alianzas o al fortalecimiento de otras ya en marcha, «pero quizás no tan sólidas como las que necesitamos», apostilla el eurodiputado. Explica que este acuerdo, firmado después de largos años de negociaciones, se une a otros alcanzados con México y Chile y «permite a los europeos tener un espacio al otro lado del Atlántico de relaciones políticas y económicas que, de alguna manera, puedan ir permitiendo, no sé si la inmersión o al menos el mantenimiento de algún tipo de entorno basado en reglas».

Esta es una manera de «abrir un agujero a la revisada estrategia Monroe de la administración Donald Trump», toda vez que las actitudes y las políticas del Gobierno estadounidense suponen también un cambio en la manera de relacionarnos con el país más poderoso del mundo, y socio claramente preferente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El acuerdo con Mercosur ha recibido muchas críticas, especialmente desde el sector primario, que ve este giro comercial un problema para su subsistencia. Fernández cree que es necesario tranquilizar a los actores de este sector y «ofrecerles la plena garantía de que este tratado no supondrá esa amenaza existencial que en algunos casos hemos leído o visto en las noticias en los últimos meses».

Explica el eurodiputado que » los análisis económicos del tratado en sí mismo estiman que el efecto sobre el sector primario europeo va a ser neutro, es decir, que no va a tener ni impactos negativos ni positivos. Siendo esto así, ¿por qué seguimos adelante? Pues seguimos adelante porque para el 97% restante de la economía europea el impacto es netamente positivo».

Además, cuenta que se ha establecido un Reglamento de salvaguardas, a petición del Parlamento Europeo, que es una normativa europea que «establece una serie de mecanismos de monitorización y del control de los flujos comerciales vinculados a este tratado para, en fin, paralizarlo, si fuese necesario, en caso de impactos negativos sobre el sector. Es decir, ante potenciales caídas de un 5% o más de los precios, pues la comisión está autorizada a paralizar el funcionamiento del tratado para monitorizar el comportamiento de los precios».

Uno de los ejemplos que plantea Fernández es el de la carne de vacuno. Asegura que, hoy en día, Europa está importando 200.000 toneladas al año de los países de Mercosur, mientras que el acuerdo establece una cuota de 99.000 toneladas, la mitad de lo actual, que supone un 1,5% de la producción de este tipo de carne en la UE, y con un arancel del 7,5%. Y aclara también que no es cierto que esos productos tengan un estándar de calidad diferente al que se aplica a los alimentos que se producen aquí. «Las condiciones fitosanitarias y sanitarias de cualquier producto procedente de los países del Mercosur tienen que cumplir las mismas exigencias que los europeos».

A Fernández le parece que la propuesta del gobierno de la UE de reducir un 20% los recursos destinados a la Política Agraria Común es un problema mucho más evidente para el sector primario europeo. «El discurso sobre la calidad de los alimentos tienen que ver con la entrada de la extrema derecha antieuropeísta y antidemocrática en sectores sociales, en algunos casos vinculados al sector primario», opina. Un discurso, añade, que ha visto en el caso del acuerdo con Mercosur, pero no en el del tratado firmado con Estados Unidos el pasado verano, y que también podría alimentar la incertidumbre en el sector.

También alude a la preocupación por la complicación y el encarecimiento de los suministros de fertilizantes dada la actual situación geopolítica. Fernández dice que el acuerdo con Mercosur también va a mejorar ese aspecto, porque se podrán traer ese tipo de productos con un menor coste.

Además de la transparencia que ofrece la UE respecto al seguimiento que se podrá hacer del intercambio de mercancías y de que hay un capítulo específico sobre asuntos medioambientales, al eurodiputado le parece clave el refuerzo de los acuerdos en materia comercial, porque es «un elemento clave de pacificación entre sociedades», porque es una forma de establecer relaciones cívicas, sociales y humanas que ayudan a un mejor entendimiento entre países y regiones, y cree que eso no es incompatible con un avance de la UE en reducir determinadas dependencias de terceras jurisdicciones en productos, bienes o servicios básicos.

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