El Ayuntamiento presenta como protocolos el manual de uso de un programa informático y documentos con fechas posteriores a la tragedia de El Bocal
Entre la documentación que el Ayuntamiento de Santander y mandos de la Policía Local han remitido al juzgado que investiga la tragedia de El Bocal, cuando este les ha requerido los protocolos de actuación, se encuentran manuales técnicos del sistema ORACLE, listados de incidencias y documentos explicativos elaborados con posterioridad al desplome del puente que causó la muerte a seis jóvenes y heridas a una séptima.
El Ayuntamiento sostiene que estos documentos constituyen los protocolos de funcionamiento del cuerpo. La estrategia legal del Consistorio, personado en la causa como posible responsable civil –no como acusación–, pasa por reducir la parte de lo sucedido que compete a lo municipal a un mero error humano en la gestión de la llamada previa al derrumbe. La pasarela fue licitada y adjudicada por el Estado, aunque impulsa y defendida por el PP y, una vez abandonada, cuyo uso fue promocionado desde la ciudad.
Frente a esa tesis del error individual, los sindicatos policiales llevan más de una década denunciando carencias de medios materiales, humanos y tecnológicos, además de advertir de que la gestión de emergencias implica niveles de coordinación y complejidad que van mucho más allá de una única actuación personal.
Dentro de esa estrategia, el Ayuntamiento defiende la existencia de unos protocolos de funcionamiento que le ha reclamado la jueza –y cuyo mero envío no ha sido suficiente clarificador, ya que después de recibidos la magistrada ha ido requiriendo nuevas aclaraciones y ha citado a mandos policiales–. La existencia de esos supuestos protocolos fue ampliamente difundida por el propio Consistorio, que, al estar personado en la causa, tiene acceso a la documentación judicial.
El uso mismo del concepto “protocolos” ha generado fuertes dudas dentro del propio cuerpo policial. A los sindicatos no les consta su existencia formal y sostienen que, de existir realmente protocolos operativos con consecuencias organizativas sobre el trabajo diario, estos deberían haber pasado por mesas de negociación laboral.
De hecho, como ha publicado EL FARADIO, representantes policiales han solicitado por registro al Ayuntamiento que les aporte esos “supuestos protocolos” que “desconocen la inmensa mayoría” de los agentes.
¿Qué es un protocolo?
La propia Ley 3/2019 del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria define legalmente los protocolos operativos como “instrumentos operacionales mediante los que se establece la valoración de cada emergencia, la asignación de respuestas a la misma y la movilización de los recursos necesarios para su adecuada gestión, según el tipo de incidencia de que se trate, así como los procedimientos que aseguren una intervención coordinada de los diferentes servicios”.
El manual de un programa informático
Entre la documentación remitida al juzgado por la Jefatura de la Policía Local se encuentra el manual de uso del sistema ORACLE, el programa informático con el que trabaja diariamente el cuerpo municipal.
Según la Jefatura, este programa constituye el “procedimiento operativo” del Centro de Coordinación de Servicios (CCS-092), llegando a afirmar en el informe remitido el 23 de marzo de 2026 que el sistema “guía al operador paso a paso”, “establece una secuencia cronológica obligatoria” e “impide el cierre de la incidencia si no se han completado todas las actuaciones requeridas”. El documento añade incluso que “la primera medida operativa de carácter obligatorio será el desplazamiento de unidades de patrulla al lugar de los hechos para la confirmación del incidente y la adopción de las medidas oportunas”.
Sin embargo, los documentos originales aportados por el propio Ayuntamiento muestran otra naturaleza muy distinta. El manual histórico de ORACLE, implantado en 2002, se presenta expresamente como un “Sistema de Gestión de Recepción de llamadas del 092 de la Policía Local de Santander” y desarrolla principalmente cuestiones técnicas relacionadas con el software: formularios, usuarios, permisos, menús, bases de datos, módulos, introducción de datos y cierre de actuaciones.
De hecho, el propio manual explica que el operador debe abrir actuaciones, introducir datos y completar los llamados “protocolos mínimos de actuación”, definidos como actuaciones preconfiguradas asociadas automáticamente a determinados tipos de hechos. El documento indica incluso que “la actuación se cerrará, cuando todos los protocolos mínimos requeridos han sido realizados”.
Frente al relato de los mandos, la experiencia directa de los agentes es que es al revés: el agente que recibe la llamada escribe a mano los detalles de la llamada, ya que el programa, implantado en 2002, no funciona con la rapidez que se requiere. De hecho, la ficha se rellena después en lugar de durante el aviso, lo que reduce la descripción como guía a más bien un registro. Muchas veces se movilizan medios o recursos antes incluso de introducir la incidencia en el sistema. Además, para cerrar la actuación hay que marcar todo como realizado.
El listado genérico con fecha posterior al derrumbe
Otro de los documentos remitidos al juzgado es un listado genérico de hechos que pueden gestionarse en una atención policial, con decenas de supuestos ante los que se va enumerando qué hacer de una forma muy genérica (“confirmar hecho”, “enviar bomberos”, “realizar diligencias juzgado”…), sin que el documento establezca de forma explícita prioridades, alternativas operativas o criterios detallados de intervención.
Este documento tiene fecha del 17 de marzo, mientras que el derrumbe de la pasarela se produjo el día 3.
Un documento sin fecha
Otro de los documentos aportados es una instrucción interna para actuar en situaciones de accidente grave, incendios, derrumbes o explosiones de gas. El documento consta únicamente de dos páginas y ni siquiera tiene fecha.
Un protocolo sin formación
Los mandos policiales sostienen además que “la totalidad de los componentes de la plantilla (…) recibe formación específica” y que los integrantes del CCS-092 habían recibido “formación teórico-práctica” sobre el procedimiento operativo.
Sin embargo, el propio apartado del informe al que se remite esa supuesta formación describe fundamentalmente el funcionamiento técnico de la aplicación informática: apertura de incidencias, clasificación de hechos, pestañas del sistema y seguimiento de actuaciones.
Y esa formación en la aplicación informática no consta que se haya realizado en ninguno de los agentes especializados en la atención a las llamadas ni de los que no lo están y alguna vez han tenido que ejercer esas responsabilidades.
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