El regreso del Racing de Santander a primera división ha requerido un dispositivo de seguridad tanto para el propio partido como para las distintas celebraciones nocturnas y diurnas.

Si bien el operativo ha involucrado a distintos cuerpos, como la Policía Nacional, representantes de la Policía Local de Santander han llamado la atención sobre la parte que atañe a este cuerpo dependiente del Ayuntamiento de la capital cántabra.

Así, un escrito dirigido directamente a la alcaldesa por un representante del Sindicato Independiente de Empleados Públicos y Privados (SIEP) ha señalado que durante la jornada del partido frente al Valladolid la ciudad sólo contó con 12 policías locales, algo que tacha de «irresponsable» y un «nuevo episodio de dejadez política», advirtiendo además de posibles responsabilidades civiles o penales, además de las políticas –recordando a la alcaldesa, que insistentemente presenta a la Policía como un cuerpo separado del Ayuntamiento, que ella es la máxima responsable de este servicio público local–.

Según el escrito, el operativo obligó a destinar prácticamente todos los equipos disponibles al evento deportivo, “sin dejar ninguno o a la sumo un equipo para atender todos los requerimientos que se reciben en la Sala del 092”, lo que puso «en grave riesgo «tanto a los agentes como a la ciudadanía, recordando los altercados del pasado mes de febrero frente al Burgos.

También señala que uno de los motoristas que participaban en la escolta del autobús del Racing tuvo que ser atendido por molestias en los ojos provocadas por bengalas lanzadas durante la llegada del equipo al estadio.

Además, el escrito denuncia que durante esa noche “se encontraba solo un agente en la sala del 092”, algo que considera insuficiente para gestionar el volumen de incidencias y llamadas recibidas.

En la misma línea, la sección sindical de CSIF Policía Local Santander negaba en redes que el operativo de la Policía local ascendiera a un centenar, como se había llegado a sugerir, sino que en realidad fue «el habitual» mientras la ciudad iba a ver «mutiplicada» la asistencia de personas y haciendo hincapié en que con esos 12 policías en la calle, organizados en seis equipos, se tenía que atender todo, es decir, lo relacionado con el Racig, pero también el resto de cuestones que surgieran.

CSIF señalaba que “no se trata de alarmar” sino de “contar la verdad del operativo”:  “muchísimo trabajo” con “los mismos policías de siempre”.

Los policías municipales y sus representantes sindicales llevan más de una década advirtiendo de su falta de medios humanos, materiales y tecnológicos, más allá de lo estrictamente salarial. A raíz de la tragedia en El Bocal, la muerte de seis jóvenes y heridas a una séptima tras el desplome de una pasarela de la senda costera, el Ayuntamiento trata de incriminar a una agente por la gestión del servico y ha presentado al Juzgado unos ‘protocolos’ que los propios profesionales del cuerpo desconocían hasta la fecha pese a ser quienes debían aplicarlos.

RESUMEN La investigación de El Bocal aflora las dudas sobre la existencia y eficacia de “protocolos”  de emergencias en la Policía Local 

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