La plataforma Cantabria para Vivir ha intensificado durante los últimos días la difusión de la manifestación convocada para este sábado en Santander, una movilización que busca denunciar «un modelo que nos expulsa», reivindicar que «nuestras casas no son hoteles» y reclamar medidas para garantizar el acceso a la vivienda, la protección del territorio, unos servicios públicos de calidad y oportunidades para que la población pueda desarrollar su proyecto de vida en la comunidad autónoma

En uno de los mensajes difundidos, Cantabria No Se Vende sostiene que “la del 6 de junio debe ser más que una protesta, un punto de inflexión para cambiar de una vez el rumbo de nuestra comunidad”.

“Nos quieren fuera de nuestros barrios para convertir Cantabria en un escaparate turístico y en una fuente de beneficios privados”, añade el Sindicato de Vivienda, que recuerda que “nuestras casas no son hoteles”, señala la organización, que defiende que “la ciudad, los barrios y los pueblos son de quienes los habitan”.

Otras organizaciones como Xtinction Rebellion Cantabria recuerdan que «la turistificacion no solo tiene un daño social», sino que «también tiene consecuencias negativas para nuestros ecosistemas», lamentando que «se toman decisiones sobre nuestro suelo sin contar con la ciudadanía, ignorando la crisis climática y los límites del territorio».

La movilización se enmarca en una iniciativa conjunta de diversos colectivos sociales, vecinales, ecologistas y sindicales de Cantabria que durante los últimos años han venido articulando respuestas comunes frente a distintos proyectos y políticas relacionadas con el turismo, el urbanismo y la ordenación territorial.

Esta coordinación ya impulsó concejos abiertos sobre el modelo turístico en Cabezón de la Sal y Laredo, así como movilizaciones vecinales contra el proyecto de teleférico en Vega de Pas y la manifestación celebrada el 28 de julio –el Día de las Instituciones– de 2024 en Puente San Miguel, en Reocín.

Frente al modelo basado en exclusiva por el turismo e impuesto,  plantean avanzar hacia una economía productiva, con mayor soberanía alimentaria, un turismo sostenible que contribuya a conservar el patrimonio cultural y natural, unos servicios públicos de calidad y el acceso garantizado a la vivienda dentro de una planificación territorial orientada al interés general.

De hecho, los colectivos consideran que las políticas impulsadas por el Gobierno de Cantabria profundizan en problemas ya existentes. Entre los aspectos que cuestionan figuran la falta de intervención sobre el mercado de la vivienda, el deterioro de la situación económica del sector ganadero, la proliferación de expedientes de regulación de empleo en distintos ámbitos productivos, la prórroga concedida a apartamentos turísticos sin licencia o la tramitación del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), que consideran alejada de los objetivos para los que fue concebido.

Asimismo, muestran su rechazo a iniciativas que permitan nuevas actuaciones urbanísticas en suelo rústico vinculadas a usos turísticos y alertan de las consecuencias que, a su juicio, pueden tener estas medidas sobre el territorio y la población residente.

Las organizaciones advierten de que el Ejecutivo autonómico, presidido por María José Sáenz de Buruaga, está acelerando determinadas políticas en la recta final de la legislatura. Por ello, defienden la necesidad de una respuesta ciudadana que permita abrir un debate sobre el modelo económico, territorial y social de la comunidad.

La campaña se articula en torno a la etiqueta #CantabriaParaVivir, utilizada por diversos colectivos para reclamar medidas que favorezcan el acceso a la vivienda, la protección del territorio y la permanencia de la población en sus barrios y pueblos.

La manifestación la convoca Cantabria para vivir, en la que se integran organizaciones específicas en materia de vivienda como la PAH o el Sindicato de Vivienda, además de Cantabria No Se Vende, que lleva años con una campaña de denuncia del proceso de turistificación extremo que vive Cantabria, y asociaciones vecinales que denuncian este proceso o los excesos del sector hostelero en Santander, como Pombo-Cañadío; centros sociales de barrio como Smolny; junto a otras de corte medioambiental como ARCA, Ecologistas en Acción, XR (Extinction Rebellion) u Oyambre Protegido, y otras más centradas en el medio rural como La Bardal y La Velorta, además de sindicatos como STEC y CNT, asociaciones como Alega, Quimas, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria y partidos como Izquierda Unida, Verdes Equo o Podemos, entre otras.

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