Muchos santanderinos están recordando hoy, mientras el teléfono les trae las imágenes de la inmensa movilización en defensa de Maricarmen, en Madrid, y finalmente, su desahucio, lo que pasó en la ciudad hace justo una década con otra mujer mayor que tuvo que dedicar la energía de sus últimos años a defender su casa.

Hablamos de Amparo Pérez, cuya casa en la vaguada de Las Llamas, en la que había huerta, frutales y animales, fue expropiada por el Ayuntamiento de Santander para hacer un vial a pocos metros de donde ya había otro y que a día de hoy apenas tiene uso, construido por Copsesa, que entonces tenía al frente a un alcalde del mismo partido de quien gobernaba en Santander –el PP, en ese momento con Íñigo de la Serna como alcalde, luego sería ministro de Fomento–.

En el proceso, por supuesto, hubo bajas temerarias –un teórico ahorro de costes en la licitación– y luego sobrecostes –encarecimiento del contrato– que no debían de sorprender porque ya se sucedieron en el vial que existía a pocos metros.

Amparo Pérez tenía 86 años cuando afrontó esa expropiación de su casa por parte de quienes constantemente invocan la defensa de la propiedad privada.   Su historia despertó una inusitada ola de simpatía en Santander: eran los años de lo que el poder llamó, despectivamente, plataformitis, y que básicamente era una rebelión vecinal contra un modelo urbanístico impuesto a espalda de barrios y familias, como retratamos desde EL FARADIO en nuestro libro Expulsados.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se implicó en el caso junto a la plataforma #AmparoSeQueda, otros colectivos y vecinos. Hubo concentraciones, recogidas de firmas, protestas en actos públicos y una acampada en la finca. “Amparo se queda” pasó a ser una consigna reconocible en Santander.

Los últimos días del proceso quedaron marcados por el deterioro de su salud. Un informe de su médico de cabecera advertía de que un cambio de entorno podía agravar su estado. Amparo ingresó en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por problemas respiratorios en vísperas del desalojo. Su familia entregó las llaves al Ayuntamiento el cinco de febrero de 2015 y la vivienda fue derribada el nueve de febrero.

Amparo murió seis días después, el 15 de febrero: la fecha tiene su simbolismo porque ese día, en Santander, en 1941 se produjo un incendio en el centro urbano que cambiaría la ciudad para siempre, y no por la destrucción, sino por cómo se acometió la reconstrucción, a base de expulsión de los vecinos y a beneficio de las élites del momento, esto es, el franquismo. Que sumaba además una capacidad de fuerza, violencia, represión y censura mediática que dejaba a la población indefensa a la hora de defender sus intereses.  Entonces no existía ni siquiera palabra para eso: luego se dio en llamar gentrificación, que está evolucionado a turistificación, que siempre va acompañada de expulsión. Da igual: lo de Amparo, como lo de Maricarmen, es una de esas cosas que no tiene nombre.

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