La vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públicos y las dificultades para negociar con la patronal son algunos de los motivos que, a juicio de Mariano Carmona, secretario general de UGT Cantabria, justifican la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Una movilización que, aunque tiene en el acceso a la vivienda uno de sus principales motores, pretende situar en el debate público un conjunto más amplio de reivindicaciones relacionadas con las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Así lo explica en una entrevista con El Faradio para la sección ‘En lucha’, un espacio que el periódico desarrolla en colaboración con UGT Cantabria para abordar cuestiones laborales y sociales desde la perspectiva sindical.

Carmona matiza que la reivindicación de la vivienda no es nueva para las organizaciones sindicales y recuerda que UGT ya la incorporó a sus planteamientos en torno al Primero de Mayo. En su opinión, el problema ha alcanzado una dimensión que condiciona directamente la economía de los hogares, con situaciones en las que el alquiler o la hipoteca absorben entre el 50 y el 60% del salario. «Hay motivos más que suficientes para la convocatoria de la huelga», sostiene. Entre ellos, señala la pérdida de entre siete y ocho puntos de poder adquisitivo desde la guerra de Ucrania, como consecuencia del incremento de los precios y de las dificultades para trasladar esas subidas a los convenios colectivos.

El secretario general de UGT Cantabria también denuncia el bloqueo de la negociación con la patronal y considera necesario recuperar un acuerdo estatal que permita repartir la riqueza y mejorar las condiciones salariales. «Tenemos una patronal que no somos capaces de negociar con ella», afirma.

La convocatoria pretende trasladar además a quienes aspiran a gobernar cuáles son las prioridades de la clase trabajadora: garantizar el acceso a la vivienda, reforzar los servicios públicos, asegurar unas pensiones dignas y mejorar la educación pública y la atención a la dependencia.

En este último ámbito, Carmona advierte de que buena parte de los cuidados se sostienen sobre el esfuerzo físico de las personas trabajadoras, que en muchos casos disponen de pocos medios y perciben salarios próximos al mínimo.

Vivienda pública frente a la especulación

Una de las propuestas que plantea Carmona para abordar la emergencia habitacional pasa por recuperar viviendas que actualmente están fuera del mercado público y destinarlas al alquiler social. En este sentido, recuerda las consecuencias de la anterior crisis inmobiliaria y cuestiona que inmuebles vinculados a los rescates bancarios no hayan terminado formando parte de un parque público de vivienda.

El dirigente sindical considera que podrían estudiarse fórmulas de intervención temporal sobre determinadas promociones mientras se desarrolla nueva vivienda protegida. En Cantabria, asegura conocer cinco grandes promociones prácticamente terminadas que podrían destinarse a alquiler social. «Esas viviendas se tendrían que haber puesto a disposición del Gobierno de Cantabria», defiende. También reclama que se facilite su gestión a través de empresas públicas, como la Sociedad de Vivienda y Suelo de Cantabria (GESVICAN).

Para Carmona, la construcción de nuevas viviendas no resolverá de inmediato el problema, ya que requiere años de proyectos y ejecución. Por eso considera necesario adoptar medidas transitorias que permitan ofrecer soluciones habitacionales mientras se amplía la oferta pública.

Además, advierte de que la dificultad para encontrar vivienda también afecta a la capacidad de Cantabria para atraer profesionales. En este sentido, critica que se pretenda captar trabajadores cualificados de otros países sin ofrecerles condiciones económicas y residenciales adecuadas.

Salarios, migración y servicios públicos

El secretario general de UGT Cantabria rechaza que la supervivencia de determinados negocios pueda depender de mantener salarios insuficientes. «¿Qué volvemos? ¿A la esclavitud por mantener negocios abiertos?», plantea al referirse a las dificultades que algunas pequeñas empresas alegan para asumir las subidas salariales.

También reivindica el papel de la población migrante en sectores como la hostelería, la dependencia, la alimentación y el campo. Frente a los discursos que cuestionan su aportación, Carmona sostiene que una parte importante de la actividad económica depende de estas personas trabajadoras. «Tenían que parar una semana todos los inmigrantes de este país, a ver quién recogía la fruta en Almería», afirma, en referencia a la necesidad de reconocer su contribución laboral y social.

Por otra parte, la entrevista aborda también los recientes accidentes ferroviarios y el debate sobre la seguridad de las infraestructuras. Carmona reclama respeto a las víctimas y sus familias y rechaza que las tragedias se utilicen desde el primer momento como arma de confrontación política.

A su juicio, antes de señalar responsabilidades individuales es necesario esclarecer qué ha fallado y analizar la posible concatenación de errores en los sistemas de seguridad. También vincula estos problemas con un modelo de contratación pública que, según denuncia, prima las bajas económicas en los concursos y puede terminar repercutiendo en la calidad de las obras y los servicios.

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