La vicepresidenta y el alcalde, este lunes en Peñaherbosa. || Foto: Gobierno de Cantabria.

Lo que el Equipo de Gobierno del PP en Santander le dijo directamente a los vecinos del Pilón, se lo ha trasladado, tal cual, el alcalde de la capital, Iñigo de la Serna, a la vicepresidenta del Gobierno cántabro, Eva Díaz Tezanos (también al frente de una macroconsejería en la que se incluyen las competencias de urbanismo): que la única solución pasa por la nueva Ley del Suelo autonómica.

Es decir, que el Consistorio deriva la solución de los vecinos afectados por desarrollos urbanísticos de Santander al Gobierno de Cantabria, a través de una reforma de la Ley del Suelo que genere una obligación de realojo «con carácter inmediato» en actuaciones «tanto de iniciativa pública como privada».

De esta manera, el gobierno municipal, que se niega a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (la ley de mayor rango a escala municipal le traslada al Gobierno la patata caliente de solucionar el problema de los vecinos de El Pilón (a los que la constructora les ha trasladado que no negociará con ellos), entre otros barrios afectados por proyectos urbanísticos en Santander.

Díaz Tezanos, que había asegurado que la nueva Ley del Suelo no llegaría a tiempo para los vecinos del Pilón, hoy ha dicho que el Gobierno «lógicamente» va a estudiar la propuesta «informal» que el alcalde de Santander le ha hecho llegar.

Así, ha recalcado el «carácter inmediato» de los trabajos del Ejecutivo para la nueva Ley del Suelo, que comienzan esta misma semana.

Todo esto, «al margen» de que contemple los derechos de realojo de personas afectadas por desarrollos urbanísticos, que es lo que pide el Ayuntamiento.

DEBA PIDE LA PARALIZACIÓN DEL PGOU

La Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) ha pedido, por su parte, la paralización «urgente» del Plan General de Ordenación Urbana.

«Debe de ser urgentemente paralizado en sus previsiones y modificado en sus contenidos, por no estar orientado al interés genera», denuncia el colectivo en un comunicado remitido a los medios este lunes.

Para DEBA, el Ayuntamiento defiende “los intereses económicos de los  promotores, abandonando sin disimulo a los vecinos de la ciudad”

En su opinión, “una corporación elegida mayoritariamente por la población debe preservar los intereses de calidad de vida de esa población y no el afán de lucro de un reducido número de agentes económicos”.

Y alerta de que los problemas de los vecinos de barrios como el Cabildo de Arriba, Prado San Roque o El Pilón del Alta son una amenaza para otras zonas de la ciudad, ya que «hay  90 actuaciones similares previstas por el actual Plan General, que en su mayoría supondría la expulsión de los barrios de los vecinos que los ocupan».

Para este colectivo, el actual Plan General de Ordenación Urbana de Santander, gestado en plena burbuja inmobiliaria, es «un formidable monumento a la densificación y especulación urbanística más feroz, hasta el extremo de pretender agotar por completo el suelo de todo el término municipal para construir viviendas de segunda residencia».

Y lamentan que mientras el Plan General se ha modificado varias veces  recientemente, cada vez que ha interesado a promotores o intereses económicos concretos, «cuando se trata de proteger los intereses de los vecinos, el equipo de gobierno reacciona de manera intransigente e implacable».