Rosana Alonso y su equipo han ganado el juicio por las primarias de Podemos Cantabria, anuladas ante la falta de garantías, en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, que tacha la decisión de «arbitraria» y «con aparente parcialidad».

La exsecretaria general, junto a sus responsables de Organización, David González, y de Feminismos , Belén Milán, habían sido apartados del proceso de primarias para elegir candidato autonómico, como consecuencia de una sanción impuesta por el Comité de Garantías de Podemos estatal siguiendo indicaciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral, asumida por el Comité Electoral de Podemos Cantabria. 

Esa sanción se sugirió dentro del proceso para esclarecer las acusaciones de acoso laboral que lanzaron contra el ya exdiputado José Ramón Blanco la parlamentaria Verónica Ordóñez. rival de Alonso en las primarias y ahora en la lista electoral como número tres, así como la secretaria general de Podemos Santander, Lidia Alegría, y una trabajadora del grupo parlamentario.

Juicio por la suspensión de las primarias de Podemos

Ese comité laboral concluyó entonces que Alonso, González y Milán no tomaron ninguna medida para evitar estos casos, que tienen procesos judiciales aparte (como el de Verónica Ordóñez contra José Ramón Blanco, del que recientemente se conocía el paso previo a la apertura de juicio oral por daños morales y lesiones psíquicas).

Precisamente el tener ese informe negativo del Comité de Seguridad y Salud Laboral es una de las condiciones por las que se puede apartar a cargos del partido de procesos de primarias.

En el juicio miembros del citado comité admitieron que plantearon esa sanción sin que hubiera denuncia previa contra ellos y que ni siquiera se les tomara testimonio para que pudieran matizar o rebatir esas acusaciones. 

Aunque en aquellas fechas, en concreto el 22 de octubre en EL FARADIO DE LA MAÑANA, Ordóñez desligó las denuncias del proceso de primarias, la sentencia revela un dato que no había trascendido: que quienes denunciaron por correo electrónico ante el Comité Electoral a la lista de Rosana Alonso, lo que desembocó en su exclusión de las primarias, fueron también las otras dos denunciantes de José Ramón Blanco: Lydia Alegría, la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Santander, y Lucía Reguilón, que era la periodista del grupo parlamentario.

CONTRADICCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PODEMOS

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, habla de las contradicciones en los testimonios que se escucharon en el juicio, que declararon por videoconferencia.

Uno de ellos dijo que no se entrevistó a los sancionados porque no se la habían incluido en la lista que se manejaba, mientras que el segundo aseguró que fue por la urgencia de proteger a las víctimas.

«Se desconoce el criterio seguido para discriminar a quien se entrevistaba y a quien no, siendo inexplicable que, si el motivo era la celeridad, no se realizase investigaciones o indagaciones independientes del expediente, paralelas a este, para analizar la conducta de quienes conocían los hechos y, supuestamente, no hicieron nada», asevera al respecto el fallo.

La sentencia confirma la «falta de garantías» en el proceso que «impide» que en situaciones de conflicto un afiliado pueda presentarse a un proceso.

Por ejemplo, los propios afectados por el informe ni siquiera recibieron el documento, y de hecho lo conocieron por los medios, obteniendo luego una copia, anonimizada, y las alusiones a su papel en el conflicto estaban en las conclusiones y un anexo, no dentro del documento.

Y como «no se guardaron las más mínimas garantías de los afectados», el citado informe «no puede ser tenido en cuenta» para invalidar las candidaturas.

También se refiere como la situación de conflicto interno era conocida por más personas aparte de los sancionados –en el juicio se habló del anterior responsable de la gestora, Alberto Gavín, quien admitió ante el Comité conocerlos y no haber hecho nada al respecto, sin que se adoptara sanción en su contra–

UN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La sentencia invalida el acuerdo del 1 de noviembre del Comité Electoral de Cantabria por el que se apartó a Alonso y su equipo del proceso de primarias al que se habían postulado.

La demanda era por un caso de vulneración de derechos fundamentales y se dirigía contra la dirección estatal de Podemos

Y en la sentencia recalca que pese a que los partidos políticos se consideran entes privados con autonomía organizativa, «están obligados a tener un funcionamiento democrático y han de respetar derechos constitucionales consagrados».

En este caso, se considera que esas garantías eran necesarias dado las consecuencias de lo plasmado en el informe.

Tras conocer la resolución, Alonso, Milán y González han pedido dimisiones en Podemos.