Cuando a primera hora de este miércoles suban las escaleras de los juzgados de la calle Alta, los siete estudiantes y activistas que hace tres años vivieron el paso de participar en una protesta a ser denunciados, comprobarán los apoyos que han ido sumando estos años de proceso.

Porque mientras se desarrolle, a partir de las 8.30 horas el juicio, verán una concentración de apoyo en la que participarán más estudiantes y activistas.

La protesta en la UC, en febrero de 2014

Y el resto de la jornada hay convocada una huelga en la comunidad educativa, con una manifestación a las 12.00 frente a Ministerios. Durante estos meses han visto declaraciones de apoyo, una huelga, ruedas de prensa multitudinarias…., y también la parte negativa.

Puede que mientras suban las escaleras ensayen sus declaraciones y recuerden que ese camino empezó con una protesta por los recortes con motivo de la visita del expresidente Ignacio Diego a un acto con estudiantes en el campus de Los Castros, sigue con un veto en los accesos por motivos nunca aclarados y con la connivencia del presidente del Consejo de Estudiantes de la época (el órgano que debía representarles), continúa con su denuncia de haber recibido agresiones por parte de la escolta del presidente y, paradójicamente, terminó con ellos denunciados, imputados y ante el banquillo.

Y a punto estuvo de ser peor, porque la Fiscalía, que se ha quedado sola en este proceso porque ni el expresidente ni el Gobierno han querido ser acusación, planteó inicialmente penas mayores, hasta que un vídeo puso en cuestión esa versión oficial.

De eso va un poco el juicio, de la presunción de veracidad que se dio a la versión de quienes sostenían que iban a reventar un acto de forma violenta, durante y después.

Y de cómo en el proceso se llegaron a desechar versiones de testigos que no encajaban en esa versión, con puntos tan inverosímiles como las declaraciones que se les atribuyó desde la Policía a varios acusados que, según ellos, dijeron milimétricamente las mismas expresiones, tacos incluidos.

PROTESTAR NO ES DELITO, PERO SE CASTIGA

Pero hace tiempo que Preguntar No Es Delito es más el caso de estas siete personas, estos  estudiantes y participantes en colectivos sociales que se sientan hoy en el banquillo.

Aquellos a quienes les preocupa su entorno, los que se mueven y protestan para defenderlo, lo han visto como una amenaza colectiva que sufren o podrían sufrir todos aquellos que están implicados en movimientos sociales.

Preguntar No Es Delito es también la historia de cómo María Jesús Cedrún, exsecretaria general de UGT, fue acusada de sabotajes en una huelga general, y condenada, eso sí, a penas notablemente inferiores a las que pedía la Fiscalía; o es el caso de Paco Gómez Nadal, activista y periodista a quien se quiso juzgar, por grabar una acción antidesahucios, por un delito que todavía no se había incorporado al Código Penal.

Son los casos de Alberto Sicilia –el mediático Principia Marsupia–, que durmió en prisión  por acompañar a refugiados en su éxodo por las fronteras europeas, o Israel Ruiz Salmón, militante de Izquierda Unida que fue detenido en Bruselas por participar en una concentración contra el racismo, mientras los racistas destrozaron la semana anterior la ciudad con total impunidad.

Y son también, hablando de racismo y refugiados, los miembros de Pasaje Seguro que el pasado viernes fueron a una manifestación en Oviedo contra la concesión del Premio Princesa de Asturias a la Concordia una Unión Europea más fortaleza y lejana que nunca, y que fueron identificados y seguidos por un helicóptero. 

Casos suficientes y con perfiles muy variados, desde el joven antisistema hasta el protestante primerizo, llegando al pensionista activista, como para pensar en que es una pauta y no una sucesión de excepciones.

PROTESTAR ES LIBERTAD

De eso, en realidad, van las manifestaciones, de decir que no te gustan los recortes en educación, que se ha priorizado a la banca que rescatamos frente al ciudadano o que las leyes laborales no ayudan a contratar pero favorecen despedir o que discriminar por razas está mal.

En tiempos en los que abunda reducir la democracia a un único punto, hay que recordar que democracia es votar; sí, es respetar las mayorías, claro; es cumplir la ley, también, pero también poder criticar al poder sin sufrir represalías. Las manifestaciones, las protestas, son, pues, un ejercicio de libertad de expresión, básico, de los que distinguen, también, a una democracia.

Y lo cierto es que gran parte de estos casos se quedan en nada: la primera sanción por la Ley Mordaza, en la que ocupar una oficina bancaria como hacía la PAH pasó a ser ilegal, fue anulada.

Las protestas han pasado de ser consideradas un ejercicio de libertad a un asunto de orden público

Y el juicio de este miércoles se celebra con una buena noticia a modo de previa: la absolución de Iván Martínez, concejal de ACPT en Torrelavega, por la ocupación de Espacio Argumosa, que ahora ya se sabe que no fue ni violenta ni ilegal.

Pero parte del daño ya está hecho: se ha conseguido que hablar de manifestaciones y protestas haya pasado de considerarse lo que es, un derecho reconocido en esa Constitución de la que tanto hablamos últimamente, perteneciente al campo de las libertades de expresión y reunión, a un asunto relacionado con el orden público, con las páginas de sucesos, con las de tribunales.

Ese efecto desalentador, que es lo que realmente late detrás de la criminalización de las protestas (la criminalización, por tanto, de las libertades), es muy conveniente para todo aquel que quiera moverse sin estorbos, como saben bien, porque se le parece mucho, quienes han abanderado candidaturas críticas en sus organizaciones o denunciado casos de corrupción y no se han visto apoyados, más aún, han sido penalizados, social o profesionalmente.

Sin llegar a subir la escalinata, ellos también piensan que protestar no es delito.