La calle Magallanes abre un nuevo frente vecinal al PP tras el estallido del MetroTus
Pese a la crispación que emana de las reacciones públicas del equipo de Gobierno del PP de Santander a las críticas políticas al MetroTus (las respuestas del PP a las críticas de la oposición, en ocasiones haciéndose eco de quejas vecinales van en la línea de que el servicio funcionará pese a sus “trabas” y el “afán destructivo”, en la Casona se va constatando el malestar que ha generado este nuevo modelo para los autobuses municipales (caracterizado por un carril específico para buses lanzadera y dos intercambiadores) que ha desembocado en la creación de una plataforma contra un sistema que ha supuesto una inversión de 7 millones de euros.
ACUERDO CON LOS TAXISTAS
De momento, y tras admitir el fallo de diseño de unos intercambiadores que, en una ciudad como Santander, no tenían modo de guarecerse de la lluvia, el Ayuntamiento parece haber firmado la paz con los taxistas, a los que se les dio la bienvenida a este carril –inicialmente vetado para ellos, luego se les abrió—con una serie de multas pese a que habían seguido las indicaciones que se les habían dado ya en noviembre.
Así, en una reunión con el sector (de la que el equipo de Gobierno traslada que los taxistas están satisfechos con el carril) se ha fijado un borrador de funcionamiento que fija seis puntos específicos para que los taxistas puedan parar dejar pasajeros.
Es una rectificación del equipo de Gobierno a sí mismos, pues en noviembre se permitía dejar, y también recoger, “en las paradas de autobús, las bocacalles o la parada de taxis existente en el paseo de Pereda, y excepcionalmente, cuando las circunstancias lo exijan, en el propio carril, tratando en todos los casos de evitar o reducir las posibles afecciones o interferencias en la circulación de este carril”.
El resto del acuerdo trasladado por el equipo de Gobierno reproduce lo que ya se había marcado en noviembre, que podrán hacerse paradas en más zonas del carril en circunstancias excepcionales (personas con movilidad reducida o cuando el viajero lleve bultos voluminosos y pesados, etcétera) y recomendando que estas maniobras se hagan con agilidad y de forma “responsable”.
La reunión se enmarcaba dentro de los contactos abiertos con los colectivos perjudicados a raíz de las críticas tras la puesta en marcha del servicio.
UN NUEVO FRENTE EN MAGALLANES
A este conflicto generado por el Ayuntamiento se suman –pendientes aún de lo que suceda con la peatonalización de la calle Cisneros—nuevas quejas, esta vez en la calle Magallanes.
Este lunes, el equipo de Gobierno anunciaba que había comenzado a recoger propuestas vecinales para su obra prevista de mejora en la calle, en una reunión con
miembros de la Asociación de Vecinos de Numancia, que abarca Magallanes, y residentes y comerciantes de esta calle, convocada para conocer sus necesidades de cara al inicio de la elaboración del proyecto.
Las obras consisten en actuaciones en la calzada y aceras (el Ayuntamiento ya tiene un contrato de mantenimiento de viales, recientemente regularizado tras años de prórrogas sin concurso a COPSESA, pero se ejecutan numerosas obras de asfaltado, superiores a los 3 millones de euros, al margen de este contrato), además de comprobar el estado del saneamiento y abastecimiento para actuar en su caso en la mejora de ambas redes.
Los concejales del equipo de Gobierno apelaban a la importancia de “escuchar” a los vecinos para “ajustar” la actuación antes de elaborar el proyecto que se había anunciado ya hace meses.
Algo que sorprendía al PSOE de Santander, cuyo secretario general Pedro Casares recordaba que el pasado viernes 24 él mismo asistió a una reunión en la que vecinos de la calle Magallanes han recogido casi 600 firmas para “alzar la voz contra la desatención” a la zona, firmas que, apuntaba, se recogen después de que los vecinos hubieran presentado escritos en el Ayuntamiento que “ni tan siquiera han sido contestados”.
De modo que el concejal cuestionaba el interés real de esa escucha del equipo de Gobierno a los vecinos, que achacaba más bien a los intentos de “evitar” el conflicto cuando les lleguen las firmas.
En concreto, los vecinos están recogiendo firmas con un manifiesto en el que denuncian que la calle está llena de pintadas, excrementos, aceras deterioradas, conducciones y suministros insalubres.
Eso en Magallanes. En la calle Alta, Podemos ha convocado para este jueves 1 a las 19.00 horas en su sede de La Moraduca, en Isaac Peral 40, una reunión para recabar opiniones de los vecinos sobre el proyecto de aparcamiento en el solar de la antigua cárcel: el partido morado critica que se van a suprimir 400 plazas de aparcamiento que eran de carácter público para incluir –además de nuevas viviendas– 700 privadas, de pago, en lo que temen que se convierta en un nuevo Mendicoaugüe vacío por la falta de demanda ante lo elevado de su precio (20.000 euros por plaza)
METROTUS, PERJUDICADOS Y BENEFICIADOS
Recientemente, se ha constituido una plataforma de afectados por el MetroTus, que agrupa a asociaciones vecinales de la ciudad, en especial a las de las zonas de la periferia como PeñaCastillo o Cueto a las que se quería beneficiar con las conexiones y que están resultando perjudicadas, estudiantes universitarios, usuarios de residencias o trabajadores del servicio, asociaciones como las Mesas de Movilidad y que se espera extender a otros colectivos como los comerciantes, perjudicados por la supresión de un centenar de plazas de aparcamiento.
Frente a los perjudicados, el nuevo modelo también tiene beneficiarios: el grupo de investigación en transportes de la Universidad de Cantabria, adscrito a la Escuela de Caminos y que ha recibido 145.000 euros ; a la empresa responsable de la construcción de la plataforma y los intercambiadores, Teginser (2,5 millones) ; y a la concesionaria privada de líneas en Santander, Alsa (una empresa de este grupo es la que suministra los autobuses articulados por los que se ha optado, –3,7 millones de euros a diez años mediante renting–; y recientemente, al margen del MetroTus, empresas de este grupo eran adjudicatarias de un contrato de servicios complementario por valor de 1,7 millones).
Las críticas al MetroTus se suman a las del nuevo alumbrado público en la ciudad, adjudicado por 15 años a Elecnor (37 millones de euros), que a su vez se lo encargó a la empresa local Chispas, adjudicataria de servicios como la pista de hielo o las ferias en procesos de adjudicación que han sido cuestionados por las condiciones de los pliegos.