Susto en Tetuán por un incendio controlado
Este martes los vecinos de Tetuán han sufrido un pequeño –y, al parecer, por fortuna leve- dejavu por un incendio que ha tenido lugar en la cocina de una vivienda del número 37, justo encima de la tienda de café ecológico Doctor Luisito.
El barrio santanderino, que hace diez años vivió un incendio devastador en las viviendas de los números 41, 43 y 45, ha sufrido esta tarde un leve recordatorio que ha parecido quedarse en un susto.
El incendio, según trasladan diferentes fuentes, se ha producido en la cocina de una vivienda, después de que un horno quedara encendido. Hasta el lugar se han movilizado Policía Local, bomberos y una unidad de Policía Nacional para controlar el proceso.
A estas horas, los vecinos y comerciantes se encuentran en la calle, a la espera de que les den permiso para volver a sus hogares y negocios, después de que el fuego haya sido controlado. Los bomberos han metido también aire en el portal para ventilar la zona e impedir que el fuego se reproduzcan.
A raíz del incidente, una mujer ha sido trasladada al hospital general Marqués de Valdecilla por inhalación de humos pero los demás vecinos han conseguido salir a la calle a tiempo.
EL INCENDIO DE 2008
Este activo barrio de Santander es conocido por su zona comercial y hostelera, gracias al dinamismo que ofrece continuamente la Asociación de Hosteleros.
Sin embargo, una trágica fecha sobrevuela el barrio en recuerdo del incendio que arrasó con varias viviendas el 8 de octubre de 2008. Hace pocas semanas se han cumplido diez años de la tragedia que, afortunadamente, no se cobró daños personales pero sí cuantiosos materiales y dejó a varios vecinos sin hogar.
Todo comenzó con un escape de gas en el número 41 que provocó una explosión y desalojo. Pero fue por la noche cuando el mismo edificio comenzó a arder, extendiéndose al número 43. Además, una sucesión de gestiones burocráticas por parte del Ayuntamiento de Santander dejó a sus propietarios sin vivienda ni posibilidad de rehabilitarla.
En marzo de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander condenó al Ayuntamiento a pagar 2,6 millones de euros en indemnizaciones a los vecinos, tras criticar el “funcionamiento anormal” de sus servicios públicos esa larga noche.
Mientras que el Consistorio ha defendido que la causa del incendio fue una “reacción anómala” a la explosión y que todo era imprevisible, los informes de la Policía Científica reflejaron que sí hubiera hecho falta dejar un retén de bomberos de guardia, que ese día se decidió que no era necesario.
Y es que, tras el escape, quedó un ‘fuego latente’ que se reactivó por la noche y que no fue detectado porque los bomberos carecían de formación suficiente para manejar los equipos de la cámara de gas para detectar el calor.
Pese a la dureza de la crítica, el Ayuntamiento de Santander quedó conforme y no recurrió la sentencia, que a los afectados les pareció insuficiente. La cifra de las indemnizaciones varíaba en función de los afectados, ya que algunos ya cobraron indemnizaciones de sus propios seguros y porque se dan distintas circunstancias, desde el valor de los pisos o de los enseres que había dentro o su participación en el conjunto de la propiedad.
El otro problema de los propietarios llegó con la actuación urbanística posterior, que desembocó en el derribo de las viviendas y la falta de alternativas a sus propietarios para reconstruirlas.
Posteriormente, esto provocó varias tensiones en el pleno, después de que el Ayuntamiento se negara a asumir responsabilidades políticas y, finalmente, se limitaron a aprobar una declaración de apoyo a los afectados.
En febrero de 2016, tras una denuncia ante la Fiscalía (que finalmente fue archivada) por prevaricación, el Consistorio anunció la puesta en marcha del nuevo servicio de emergencias sociales para cambiar el protocolo de los servicios sociales garantizando una atención inmediata, en cualquier momento del día, para todas aquellas situaciones que requieran una intervención urgente con la intervención de efectivos propios que incluyen policía local o bomberos.
La denuncia de una de las vecinas de Tetuán de prevaricación deriva del supuesto incumplimiento de un acuerdo del pleno para cambiar el protocolo que se había aprobado en julio del año anterior. Sin embargo, la Fiscalía alegó que no se había puesto fecha para la puesta en marcha del protocolo y que no había habido un incumplimiento expreso e intencionado por parte del Ayuntamiento de Santander.