El Ayuntamiento de Santander ha empezado a pagar expropiaciones a petición de propietarios privados por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana.

Según documentación municipal analizada por EL FARADIO, el Consistorio inició el pasado mes de julio los trámites para la expropiación de una parcela a petición de Caja España Duero, que basó esa solicitud en la anulación del Plan General de 2012 y las dificultades en el aprovechamiento de la zona como consecuencia de la vuelta al planeamiento vigente, de 1997.

La finca está ubicada en la calle General Dávila nº 129, al lado de la del Palacio de Pronillo, de la que fue parte hasta su segregación. Se trata de un espacio con una superficie de 476 metros cuadrados.

Finca aneja al Palacio Pronillo que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para expropiar.

Su propietario era Caja España Duero (Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.), que estaba en proceso de absorción por parte de Unicaja (se cerró en septiembre).

Caja España Duero insta al Ayuntamiento de Santander el inicio de los trámites para la expropiación de la finca, que está clasificada como suelo urbano en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, el de 1997.

En el planeamiento en vigor, el destino de la parcela es dotacional público, lo que impide el aprovechamiento privado de la misma o su edificación, ni son posibles los mecanismos de redistribución de beneficios.

Tras la petición de la entidad, el concejal de Urbanismo, César Díaz (PP), pidió informes técnicos a los funcionarios del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo.

Los técnicos señalaron que según la Ley del Suelo de Cantabria cuando transcurren cuatro años desde la entrada en vigor de un Plan sin que se lleve a efecto la expropiación prevista en el mismo y siempre que estos no hayan de ser objeto de cesión obligatoria, el titular de los bienes deberá advertir a la Administración de «su propósito de iniciar el expediente de justiprecio”.

Asimismo, los informes municipales señalaban que el propietario podría presentar la correspondiente «hoja de aprecio» si pasa un año desde la advertencia de esta situación al Ayuntamiento. Y si pasan otros tres meses sin que la administración lo acepte puede ir al Jurado Provincial de Expropiación u órgano equivalente, que fijará el justiprecio.

Como la situación en Santander es que han pasado veinte años desde la entrada en vigor del plan del 97 y resulta imposible aprovechar esa zona, Caja España Duero solicitó ser expropiado por un justiprecio cuya cantidad no ha trascendido.

OTROS 2,2 MILLONES DE EUROS DE COMPENSACIÓN

En una nota de prensa, el Ayuntamiento informaba la semana pasada de la resolución de otro convenio urbanístico que supondrá la compensación por 2,2 millones de euros más los intereses a la inmobiliaria Fuentellata S.L., como consecuencia de la anulación del Plan General.

Se trata de un acuerdo aprobado en Pleno en diciembre de 2010, por el que el Ayuntamiento incorporaba 21.000 metros cuadrados de espacios públicos que la empresa cedió en el área de Mataleñas y el entorno del Faro de Cabo Mayor, a cambio de aprovechamientos urbanísticos en otro área específica incluida en el PGOU de 2012.

Tras la anulación del PGOU de Santander dictada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2016, la asignación de esos aprovechamientos quedó sin efecto, lo que ha llevado a la resolución del convenio urbanístico y a la adopción de un nuevo acuerdo para compensar a los propietarios de los terrenos incorporados como espacios públicos.

En concreto, el acuerdo supondrá el pago a la empresa privada del valor de los terrenos fijado por el Jurado Provincial de Expropiación (2,2 millones) más los intereses correspondientes, fraccionado en varias anualidades hasta el año 2022.

El presupuesto de 2019, como publicó EL FARADIO, contempla como tercera partida más importante del capítulo de inversiones (1,8 millones de euros) las compensaciones (deuda) por convenios urbanísticos frustrados por la anulación del Plan General.

Así, el próximo ejercicio, el Ayuntamiento prevé devolver 300.000 euros a Fuentellata y 1,5 millones a la Fundación Caja Cantabria por la residencia de Cazoña (otro plurianual, hasta los 7 millones de euros que ingresó en su día el Consistorio por la operación).

En el mismo comunicado el equipo de Gobierno anunciaba que ha presentado reclamación en vía administrativa por los perjuicios para las arcas municipales al frustrarse la operación urbanística de Cazoña.

Se suma a la vía judicial emprendida por el Ayuntamiento contra el Gobierno de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ministerio para la Transición Ecológica para  la devolución al Consistorio de los gastos de redacción del Plan General de 2012.

Y es que en opinión de los actuales responsables municipales la anulación del PGOU de 2012 se debe a la causa «sobrevenida» de la sentencia contra el bitrasvase del Ebro, de la que responsabilizan a otras administraciones. Sin embargo, al aprobar el Ayuntamiento su planeamiento urbanístico ya había una sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba el bitrasvase.

EL EQUIPO DE GOBIERNO ASEGURÓ QUE LA ANULACIÓN DEL PGOU NO TENDRÍA CONSECUENCIAS

Desde que el Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana de 2012, el Ayuntamiento de Santander ha repetido que esta resolución no tendría “consecuencias significativas” sobre la ciudad, a pesar de que ya ha habido reclamaciones judiciales con consecuencias económicas.

El nuevo escenario ha llevado a varias modificaciones del vigente PGOU, el de 1997, especialmente a petición de empresas interesadas, como es el caso de la cadena de supermercados Lupa -para permitir los usos productivos comerciales y de oficinas en zonas de edificación abierta y unifamiliar-, o la parroquia de PeñaCastillo -para construir dos viviendas en una parcela de su propiedad-.

En el periodo de consultas a las administraciones por la vuelta del planeamiento al documento del 97, la Delegación de Gobierno constató un resurgimiento del problema de la diversificación de espacios, en contra del criterio del equipo de Gobierno de que la anulación no supondría problemas.