El Ayuntamiento de Santander ha establecido en 47.106 euros el justiprecio que se pagará por la expropiación de una finca anexa al Palacio de Pronillo y que pertenece al banco y antigua caja Unicaja (Caja España Duero), según refleja documentación municipal consultada por EL FARADIO y no divulgada públicamente por el equipo de Gobierno.

Es una expropiación que es consecuencia de la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan General de Ordenación Urbana de Santander de 2012 y la consiguiente vuelta al Plan del 97, en el que esta finca estaba calificada como equipamiento público y suelo urbano. Es decir, al ser un equipamiento público, los propietarios no pueden utilizarlo para fines privados.

Finca aneja al Palacio Pronillo que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para expropiar.

La finca está ubicada en la calle General Dávila nº 129, al lado de la del Palacio de Pronillo, de la que fue parte hasta su segregación. Se trata de un espacio con una superficie de 476 metros cuadrados.

Su propietario era Caja España Duero (Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.), que estaba en proceso de absorción por parte de Unicaja (se cerró en septiembre), y que pidió al Consistorio que asumiera esa finca para realizar esos usos públicos previstos.

Los técnicos municipales señalaron que según la Ley del Suelo de Cantabria cuando transcurren cuatro años desde la entrada en vigor de un Plan sin que se lleve a efecto la expropiación prevista en el mismo y siempre que estos no hayan de ser objeto de cesión obligatoria, el titular de los bienes deberá advertir a la Administración de “su propósito de iniciar el expediente de justiprecio”.

Como la situación en Santander es que han pasado veinte años desde la entrada en vigor del plan del 97 y resulta imposible aprovechar esa zona, Caja España Duero solicitó ser expropiada.

Y no es el único caso de expropiación como consecuencia de los efectos de la anulación del PGOU de Santander (pese a que el Ayuntamiento siempre negó que fuera a tener impacto en las cuentas de la ciudad).

Recientemente, el Ayuntamiento informaba la semana pasada de la resolución de otro convenio urbanístico que supondrá la compensación por 2,2 millones de euros más los intereses a la inmobiliaria Fuentellata S.L., como consecuencia de la anulación del Plan General.

En este caso, se trataba de un acuerdo aprobado en Pleno en diciembre de 2010, por el que el Ayuntamiento incorporaba 21.000 metros cuadrados de espacios públicos que la empresa cedió en el área de Mataleñas y el entorno del Faro de Cabo Mayor, a cambio de aprovechamientos urbanísticos en otro área específica incluida en el PGOU de 2012.

Pero tras la anulación del PGOU de Santander dictada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2016, la asignación de esos aprovechamientos quedó sin efecto, lo que ha llevado a la resolución del convenio urbanístico y a la adopción de un nuevo acuerdo para compensar a los propietarios de los terrenos incorporados como espacios públicos.

Este coste tendrá que ser fraccionado en varias anualidades hasta el año 2022.

La cifra es mayor porque esas expropiaciones podían haberse realizado antes (pues el PGOU del 97 especificaba que así debía hacerse y los propios propietarios pidieron en 2003 que así se hiciera), pero el haberlo hecho después implica el pago de más de un millón de euros sólo en concepto de intereses de demora, de un total de 3,2 millones.

LA ANULACIÓN DEL PGOU, LA TERCERA INVERSIÓN MÁS IMPORTANTE EN SANTANDER

De hecho, el presupuesto de 2019, como publicó EL FARADIO, contempla como tercera partida más importante del capítulo de inversiones (1,8 millones de euros) las compensaciones (deuda) por convenios urbanísticos frustrados por la anulación del Plan General.

Así, este ejercicio, el Ayuntamiento prevé devolver 300.000 euros a Fuentellata y 1,5 millones a la Fundación Caja Cantabria por la residencia de Cazoña (otro plurianual, hasta los 7 millones de euros que ingresó en su día el Consistorio por la operación).

En el caso de Cazoña, hay pagos comprometidos hasta 2023 para hacer frente a 9 millones de euros que hay que pagar a la antigua Caja Cantabria: en el PGOU se recogió en 2010 un cambio de usos para la parcela de lo que fue la residencia de mayores para dotarla de usos residenciales ante su traslado.

En virtud de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del Plan General de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros por la revalorización de los terrenos, un importe que ahora solicita que se devuelva, al haber quedado sin efectos el convenio urbanístico y haber perdido la parcela el uso residencial que le había prometido el Consistorio.

El Consistorio ha acabado admitiendo las consecuencias económicas del Plan General al judicializar el asunto para reclamar los costes a otras instituciones, pues sostiene que este anulación por el Tribunal Supremo se debe a la causa “sobrevenida” de la sentencia contra el bitrasvase del Ebro, de la que responsabilizan a otras administraciones. Sin embargo, al aprobar el Ayuntamiento su planeamiento urbanístico ya había una sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba el bitrasvase tras una denuncia de la asociación ecologista ARCA.

El nuevo escenario ha llevado a varias modificaciones del vigente PGOU, el de 1997, especialmente a petición de empresas interesadas, como es el caso de la cadena de supermercados Lupa -para permitir los usos productivos comerciales y de oficinas en zonas de edificación abierta y unifamiliar-, o la parroquia de PeñaCastillo -para construir dos viviendas en una parcela de su propiedad-.