ABUSOS FINANCIEROS

Rubén Sánchez: “Si se aplicaran multas, los usuarios no tendrían que ir a los tribunales”

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La asociación de defensa de los consumidores FACUA ha hecho lo que el Gobierno de Cantabria considera imposible, que es recurrir a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios que la comunidad tiene actualizada desde el año 2006.

Sin embargo, pese a lo que el Servicio de Consumo del Gobierno autonómico alegó frente al Parlamento de Cantabria, desde la organización insisten en que sí tiene competencias para sancionar a los bancos y entidades que concedan préstamos con cláusulas abusivas y actuar de oficio contra ellos.

Acción de la PAH en Santander.

“Solo el gobierno autonómico puede multar fraudes que vulneren las normativas de protección al consumidor”, asegura el portavoz nacional de FACUA, Rubén Sánchez. “El gobierno de la Nación no tiene competencias porque, desde los años 80, están en manos de las comunidades autonómicas”.

¿Qué falla entonces?  “Hay un juego sucio por parte de muchas administraciones de consumo, entre ellas la cántabra, para intentarnos hacer creer que no pueden hacer nada contra el fraude a los consumidores, pero tienen unas clarísimas y plenísimas competencias”, insiste Sánchez. “La administración no quiere multar, nos quiere hacer creer que no tiene potestad y quiere que la gente se busque la vida yendo a tribunales”.

Esa falta de voluntad política está provocando el colapso en la justicia, según advierten desde FACUA, ya que creen que si se aplicaran estas multas, muchos de esos usuarios no tendrían que acudir a los tribunales. “Los tribunales no están para poner multas sino para obligar a los bancos a devolver el dinero robado pero eso sí puede hacerlo la administración autonómica”, recuerda Sánchez que, a su vez, destaca que las instituciones no podrán obligarles a devolver el dinero cobrado indebidamente al usuario “pero sí puede multar a las entidades por el importe de cinco veces lo robado”. “Cuando a mí me roben dinero, si la entidad piensa que le van a multar varias veces el dinero que me han defraudado, preferirá devolvérmelo”.

“Cláusulas abusivas, publicidad engañosa… Todo eso es perfectamente sancionable y, además, con cuantías que deben ser proporcionales al lucro que obtienen las empresas con la irregularidad. No sería razonable que por un fraude de 100 millones se pusiera una multita de 40.000 euros”, añade también el portavoz de FACUA para mostrar cómo debería actuar la Administración.

Además, el hecho de fiarlo todo a la justicia, discrimina a una parte de la población afectada. “Hay muchos que no recurren a la justicia porque sobrepasan el salario que se establece como tope para tener derecho a la justicia gratuita pero no les viene bien gastarse una cantidad importante de dinero en abogados”.

Desde FACUA, han puesto en marcha multitud de acciones judiciales y, de hecho, trabajan de forma individual y colectiva para llevar a cabo estas reclamaciones. “Hemos denunciado a las instituciones de protección del consumidor, hemos presentado denuncias a nivel individual a nombre de nuestros socios pero, generalmente, esto derivaba en tener que interponer una demanda judicial, lo que nos lleva siempre a lo mismo”.

“HAY QUE PLANTEAR UN PRINCIPIO DE DESCONFIANZA EN LA BANCA”

Oficina de Liberbank (Foto: Carlos Atienza)

Una gran parte de estas prácticas abusivas vienen de bancos, que las han incluido en la letra pequeña de las hipotecas o en productos que han vinculado con esos contratos. “Muchos de los usuarios que han sufrido fraudes graves han derivado en desahucios”, denuncia Sánchez, que calcula que ha afectado a millones de personas en toda España. “Hay personas que, por no poder pagar la hipoteca, que incluía una clausula suelo que inflaba su precio, han acabado teniendo un procedimiento de desahucio. Ellos tenían derecho a recuperar miles de euros que podrían haber representado la deuda por la que se había iniciado el procedimiento de desahucio”.

Como consejo a los consumidores, FACUA apunta a comparar las ofertas de diversas entidades contratar el producto que ofrezca mejores condiciones con menos niveles de obligaciones por parte del cliente para contratar productos añadidos.

“En España hay demasiada confianza en los bancos y en los directores de las entidades que la gente cree que, porque les conocen de toda la vida, son amigos, cuando lo que son es un trabajador que tiene que cumplir una misión y vender el producto de turno”, analiza Sánchez. “Hay que plantear un principio de desconfianza en la banca y no pensar que, porque llevemos veinte años con un banco, es esa entidad la que debe vendernos el producto”.

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