Más de 700 contratos que eran o a tiempo parcial o temporales han pasado a ser jornadas completas o contratos indefinidos como consecuencia de la aplicación de la primera fase de los planes de refuerzo de la Inspección de Trabajo, el cuerpo de la administración que vela por el cumplimiento de la legislación laboral.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, presenta a los agentes sociales la propuesta sobre objetivos y programas del sistema de inspección de trabajo.

Es lo que se dio en llamar el Plan Director Nacional por un Trabajo Digno, que en una primera fase supuso el envío de cartas a más de 700 empresas cántabras alertando de una posible situación de fraude en la contratación, con el resultado de más de 600 contratos que han pasado de temporales a indefinidos y 75 que eran de jornada parcial y se han transformado a jornada completa.

“Es un Plan que ha ofrecido muy buenos resultados» y «debe reforzarse, ya que es complementario con los objetivos que tiene Cantabria en materia de inspección», valoraba la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, quien se remitía a los anuncios de dos nuevos planes de choque por parte del Gobierno central.

El dato lo difundía la consejera, que presentaba a las organizaciones sociales la propuesta de planificación de los objetivos de la Inspección de Trabajo para el año 2020, en el que se intensificarán la lucha contra el abuso de la contratación temporal y a tiempo parcial, el seguimiento de los planes de igualdad para reducir la brecha salarial y la correcta implantación del registro de jornada.

«En el diseño de la programación de la Inspección de Trabajo para el próximo año hemos previsto reforzar la lucha contra el fraude laboral, especialmente sobre el abuso de la contratación temporal y a tiempo parcial, así como intensificar las actuaciones encaminadas a reducir la accidentalidad vinculada a la contratación temporal», ha resumido.

La reunión era preparatoria de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que tendrá lugar en el mes de noviembre.

Además de la consejera y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, han participado en la reunión el director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo; el secretario general de UGT, Mariano Carmona; la secretaria de Empleo de CCOO, Laura Lombilla, y el responsable jurídico de CEOE-CEPYME, Juan José Rodríguez.

PLAN DE TRABAJO

La consejera ha indicado que en la propuesta de objetivos de la Inspección de Trabajo que se ha presentado a las organizaciones sociales, además de las campañas tradicionales, como puede ser la de condiciones materiales de seguridad en temas de construcción o de prevención en el sector del sílice, se han previsto actuaciones específicas sobre espacios en los que se trabaje con polvo de harina, los riesgos químicos en peluquerías y centros de belleza y riesgos muscoloesqueléticos en camareras de piso.

Ana Belén Álvarez se ha referido también a la reciente incorporación de tres subinspectores a la plantilla del Servicio de Inspección de Cantabria que está formada por 10 inspectores y 15 subinspectores, lo que va a permitir reforzar todas las campañas que se marcan «de manera coordinada y consensuada» con la Inspección de Trabajo.

Además, la consejera ha indicado que es intención del Gobierno intensificar las actuaciones en materia de condiciones de seguridad y salud para aquellas personas que tengan contratos temporales, que es donde los índices de siniestralidad son más elevados.

En el área de igualdad efectiva entre mujeres y hombres también se han incrementado las intervenciones dirigidas a la corrección de la brecha salarial, así como a la verificación del cumplimiento con los derechos de conciliación de los trabajadores y trabajadoras de la región.

Finalmente, sobre la implantación del registro horario en Cantabria, la consejera ha indicado que aún es pronto para hacer una valoración en profundidad ya que la nueva normativa «es muy incipiente» y ha abogado por dar un tiempo para que las empresas y los trabajadores se adapten a ello.