La Ley LGTBI incluía medidas de apoyo a estudiantes trans y protocolos contra el acoso escolar

El texto se atascó en la tramitación y en la recta final se pidieron decenas de comparecencias que supusieron su puntilla
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Es vuelta al cole también para los estudiantes LGTBI, aquellos a los que las estadísticas sitúan como las principales víctimas de acoso escolar o bullying, con el colectivo transexual como uno de los más significados.

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Tl y como denunció reiteradamente la asociación ALEGA, la legislatura pasada finalizó sin que se pudiera aprobar la ley LGTBI, víctima de una dilata tramitación que sufrió atascos administrativos y que sufrió la puntilla con la petición de decenas de comparecencias parlamentarias por parte de PRC y Ciudadanos, secundadas por el PP, que hicieron imposible que pudieran seguirse antes del fin de la legislatura o de, una de las fechas en las que más se hubieran materializado sus efectos, el arranque del curso escolar. Precisamente la FAPA fue uno de los comparecientes que declinó la invitación para no retrasar más la tramitación, lo que les hizo ser reconocidos en la celebración del Orgullo de este año.

El texto, consultado por EL FARADIO, dedicaba un apartado específico a la educación, desde la premisa de lograr que el sistema educativo fuera “un espacio de tolerancia y respeto, libre de toda presión, acoso, agresión o discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o forma de expresión y vivencia de la sexualidad tanto para los y las estudiantes como para los docentes y familias”.

Se pretendía “que se garantice la protección, dentro del ámbito escolar, a todas las personas contra todas las formas de exclusión social y de violencia por motivos de orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género, incluyendo el acoso y el hostigamiento”.

Por tanto, se adaptarían medidas para integrar y fomentar los valores de igualdad, diversidad y respeto en todos los niveles educativos, especialmente en los de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, promoviendo programas de protección para evitar acciones discriminatorias de manera efectiva en el ámbito educativo.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO

La ley preveía la elaboración e implantación en todos los centros educativos de un protocolo de prevención que evitara actitudes o comportamientos de LGTBIfobia que impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género y que, incluía información sobre los mecanismos de denuncia existentes en el ordenamiento jurídico frente a dichos comportamientos.

De esta manera, se garantizaba una correcta atención y ayuda para aquellos estudiantes, personal docente o de administración que fueran objeto de discriminación por orientación sexual o identidad de género como también el contacto inmediato con los padres, madres, tutores o representantes legales de los menores que hubiesen sido o estén sufriendo dicho acoso además de prestar apoyo de los profesionales de orientación educativa y psicopedagógica ante estas situaciones.

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ESTUDIANTES TRANS

La ley recomendaba al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado transexual por el nombre elegido por éste, o en caso de no contar con las suficientes condiciones de madurez el indicado por quien le represente legalmente.

Y se respetaría su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes, además de respetarse también su imagen físico y la indumentaria que quiera llevar.

En cuanto al uso de los aseos y vestuarios, se velaba por el uso mediante el que se definan los alumnos, si bien durante el proceso de tramitación se recomendó incluir un matiz, ya recogido en otras leyes LGTBI, con alusiones a la protección de la privacidad y la intimidad.

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OTRAS MEDIDAS

Además, se contemplaba que Cantabria no subvencionara ni destinara dinero público a centros que aboguen por la discriminación al alumnado por motivos de identidad sexual, orientación sexual o género, que además podrían ser sancionados, (si bien priorizando la sanción posterior frente a la prohibición previa).

Aunque la fijación de contenidos es competencia estatal, Cantabria sí que puede actuar en contenidos relacionados con la no violencia y la lucha contra la discriminación.

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