Las sustituciones de tutores en Infantil y Primaria se cubrirán en 24 horas y se agilizarán en el resto de niveles, se planea incorporar a 215 docentes más y los centros ya están haciendo acopio de materiales de protección: mascarillas, pantallas, batas impermeables, gafas y guantes. Estas son las medidas que contempla Educación para el curso entrante, a la espera de que el martes se reúnan la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Instituto Nacional de Salud.

Ante cualquier síntoma, el personal del centro educativo o el propio alumnado no debe acudir al centro, y es por esto que las sustituciones se planean cubrir en un día de plazo. Esta es la medida más destacada de las trasladadas hoy a los portavoces parlamentarios por la consejera de Educación, Marina Lombó, pero no la única.

Además, este año se plantea reforzar la plantilla docente y reducir las ratios profesor-alumno, así que se planea incorporar 215 nuevos maestros a la red pública para cuando empiece el curso escolar el 7 de septiembre.

La tercera y última medida excepcional es el aprovisionamiento de materiales de prevención, que ayer empezaron a llegar a los todos los centros cántabros, independientemente de su titularidad: mascarillas higiénicas y mascarillas FFP2, batas impermeables, pantallas protectoras, gafas de protección universal y guantes.

Tal y como se establece en el Protocolo de vuelta a las aulas, el resto de material lo adquirirán directamente los centros y habrá de incluir mascarillas para el alumnado para casos de rotura u olvido.

Algunos portavoces parlamentarios y diputados de la Cámara cántabra expresaban esta mañana su preocupación a la salida de la reunión con la consejera, aduciendo sobre todo a la incertidumbre: «Quedan dos semanas para el inicio de las clases y hay muchísimos temas sin resolver», afirma Iñigo Fernández, portavoz del grupo popular.

En efecto, muchas medidas quedan aún en el aire. La consejera ha afirmado que transmitirá varias dudas y propuestas en la reunión que mantienen el jueves los titulares autonómicos de Educación con su homólogo a nivel estatal y con el ministro de Sanidad.

Empieza con cuál será el nivel de incidencia del virus para forza una reducción de la presencialidad, es decir, pasar de la semipresencialiad a la suspensión de la docencia en los centros, por ejemplo.

Luego, exige un protocolo «claro, riguroso y público» para qué hacer en caso de positivo en el aula.

La tercera es qué hacer con los casos de absentismo: un alumno de educación obligatoria debe acudir al centro, pero ya hay familias que han anunciado que no enviarán a sus hijos a los colegios e institutos por miedo al contagio. Esto es en principio ilegal, pero pedirá consejo y dejará el tema en manos del Ministerio de Educación y la Fiscalía.

En su última propuesta, pedirá que sean las autoridades sanitarias, y no las educativas, las que decidan cuántas pruebas hacer al personal de los centros y con qué frecuencia.

Precisamente sobre este último punto se han pronunciado Fernández, del grupo popular, y Diego Marañón, de Ciudadanos. El conservador pide pruebas PCR al incorporarse los docentes al nuevo curso, mientras que el liberal exige que estos test se realicen de forma periódica.

Han sido estos dos diputados, además de Noelia Cobo, portavoz del grupo socialista, quienes además se han preocupado por la brecha digital. Ha sido el parlamentario de la formación naranja quien ha asegurado que «no puede haber alumnos de primera y de segunda».

Este, además, ha lamentado que aún no se sepa qué va a ocurrir con el servicio de «madrugadores», que es «muy importante para favorecer la conciliación de las familias».

El Partido Regionalista de Cantabria confía en que la reunión que mantendrán el próximo jueves los ministros de Sanidad y Educación, Salvador Illa e Isabel Celaá, respectivamente, con los consejeros y consejeras de Educación de las diferentes comunidades autónomas “solvente” todas “las incertidumbres” que han surgido ante el inicio del próximo curso escolar.

Por otro lado, Leticia Martínez, portavoz de Izquierda Unida, ha denunciado en nota de prensa la falta de transparencia en la actuación de la Consejería: «¿Dónde han ido a parar la mitad de los fondos estatales destinados a la contratación de personal docente?».

De los 17,8 millones que el Ejecutivo Central asignó a Cantabria para su uso en la Educación destinada hasta los 16 años, aseguran que únicamente se han empleado 9,3 para la contratación de docentes. Por esto, se preguntan cuál es  el destino de la otra mitad del dinero, dado que sólo se conoce que 500.000 euros irán a parar a aumentar la limpieza y desinfección de los centros dependientes de la Consejería y otros 700.000 para material de protección.

SINDICATOS DOCENTES CREEN QUE LAS MEDIDAS SON INSUFICIENTES

Las medidas también se han presentado a los sindicatos en la Junta de Personal Docente.

Desde ANPE valoraban el proceso semanal de llamamiento de interinos y el diario para sustituciones, una “reivindicación histórica” de este sindicato, si bien exigen que estos llamamientos también se extiendan a Secundaria, FP y Bachillerato.

Además, proponen que se abran listas de ofrecimientos, en todas las especialidades de todos los cuerpos.

ANPE reclama que se considere a todos los docentes nivel de riesgo 2 (NR2) frente a la Covid-19, con lo que ello implica en cuanto a medios de protección, ausencias del trabajo, etc.

Y piden que se asegure la limpieza y desinfección de los centros educativos, a lo largo de todo el curso. Para ello, las plantillas de empleados de servicios deben reforzarse, y asimismo se pide que se realice la medida de temperatura a la entrada de los centros educativos, y que los Trabajadores Especialmente Sensibles frente a la covid-19 (TES), no acudan al centro, y realicen su tarea online. Esta medida debe implantarse desde el inicio del curso, no sólo en un eventual escenario 2 ó 3.

Del mismo modo, plantean que se proporcionen los mismos medios de protección (mascarillas FFP2, etc) que en Infantil, a todos los docentes, que se realicen pruebas PCR para detectar la covid-19 a todos los docentes, antes del inicio del curso; y que se ponga en marcha un Plan de Digitalizacion de los centros.

Formación en digitalización, reducción de ratios, implementación del servicio de enfermería escolar, y regulación del teletrabajo, para los posibles escenarios 2 y 3, son otras de las propuestas de ANPE.

Desde STEC, por su parte, se considera “totalmente insuficiente” la política de contratación de la Consejería.

“Nuestra estimación, para que se cumpla una ratio inferior a 20 en los grupos “burbuja” y mantener en el resto una distancia social de al menos metro y medio, implicaría alrededor de 600 nuevos docentes, una cifra muy alejada de las doscientas nuevas plazas ofertadas hasta hoy por la Consejería. Cantabria queda en este terreno en el bloque de CC.AA. que menos profesorado va a contratar para hacer frente a la Covid-19”, lamentan.

Además de las propuestas de las pruebas PCR a todo el profesorado y la dotación de mascarillas FFP2 y pantallas faciales individuales a todos, así como la dotación de termómetros a distancia a todos los centros para que se realice a diario un protocolo de medición de temperatura obligatorio para todo el alumnado, también plantean una reunión semanal del Comité de Salud para hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución de la pandemia en los centros educativos, y adaptación del puesto de trabajo librando de la actividad docente presencial a las personas con patologías previas que las conviertan en especialmente sensibles a la Covid-19.