Ambuibérica, la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Cantabria es, si se repasa el procedimiento de adjudicación de este servicio de ambulancias, una empresa que roza la perfección.

Tanto que en el concurso convocado desde el Servicio Cántabro de Salud (SCS, Gerencia de Atención Primaria) logró todos los puntos, 100 sobre 100, sumando tanto en los criterios que se pueden cuantificar como en los que no, según consta en documentación repasada por EL FARADIO.

Un logro que la empresa, cuestionada durante estos años por sentencias judiciales, sanciones de Inspección de Trabajo, informes de Intervención y, en la última semana, porque el plan de vacunación frente al coronavirus llegó antes a los directivos que a los trabajadores, consiguió pese a que para cumplir con todos los requisitos técnicos estimó que podía hacerlo con 2 millones de euros menos de lo que había calculado el SCS.

Algo que contribuyó ya a que lograra su primera adjudicación de este servicio, en 2012, que salió en 37,3 millones y se quedó en 35,9.

Al Tribunal de Cuentas, organismo estatal encargado de fiscalizar los contratos, también le ha llamado la atención la adjudicación a este grupo, tal y como refleja en su informe correspondiente a 2018, consultado por EL FARADIO.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

En concreto, el Tribunal de Cuentas observa el lapso de tiempo que se produjo entre el fin del anterior contrato y la convocatoria del segundo (Ambuibérica ya había sido adjudicataria en 2012 del contrato, que finalizaba en mayo de 2016, y el concurso para renovarlo se inició en 2017, aunque se habían dado pasos previos en noviembre de 2016).

No fue hasta el 9 de febrero de 2018 cuando se formalizó la adjudicación, y por una cifra inferior a la que se había licitado: el servicio pasó a costar de los 47,9 millones de euros que había calculado Sanidad a los 45,1 millones de euros que propuso la empresa y que le sirvieron para ganarle el concurso a las otras aspirantes.

Algo que este organismo estatal atribuye a una “deficiente” planificación y gestión de la contratación.

Es más, recuerda que justo al día siguiente de acabar el anterior contrato se produjo una impugnación del pliego –el proceso experimentó avatares, como un recurso de la Federación del Taxi, e incluso una paralizacion– , lo que para el Tribunal de Cuentas evidencia que “o bien debió haberse incoado con antelación o, en todo caso, tramitado con mayor diligencia para evitar la existencia de periodos sin servicio o prórrogas necesarias por la deficiente gestión administrativa”.

Dado que es un servicio fundamental, la opción de que no se prestara no pareció estar sobre la mesa, de forma que lo que sucedió fue la segunda opción a la que apuntaba el Tribunal de Cuentas, una prórroga –posibilidad contemplada en el contrato–, es decir, la prestación durante un año más sin pasar por concurso frente a otras ofertas. Con el pliego en la mano, se hubieran podido realizar hasta cuatro prórrogas.

La prórroga, por un año, tuvo un presupuesto de 9 millones de euros.