Dentro de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética, este miércoles se han celebrado concentraciones en distintas ciudades, entre ellas en Santander, convocadas por Cantabria por lo Público.

Tal y como advierten, a pesar de que durante el Estado de Alarma (hasta el 9 de mayo) se han interrumpido los cortes de suministros de energía a familias vulnerable, lo que no se ha previsto son medidas para evitar la acumulación de deuda por parte de las mismas.

Por ello, las entidades alertan de la oleada de cortes que puede producirse una vez se facilite a las empresas distribuidoras la opción de interrumpir el suministro de aquellos hogares con facturas impagadas.

Lo que ellos proponen, junto a numerosas entidades sociales, es implementar el principio de precaución, un mecanismo que obligaría a las compañías suministradoras a preguntar sobre la situación de la familia antes de cualquier corte por impago y a garantizar su suministro en el caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

«Esta medida debería ir acompañada de un periodo de carencia sin cortes hasta su implementación definitiva y de una redefinición de la figura del consumidor vulnerable a fin de proteger a más familias que las que contempla la actual normativa», explican.

También advierten de cortes de suministros en distintas ciudades, y exigen soluciones a las autoridades autonómicas, que son las competentes en materia de inspección y sanciones en el ámbito de la distribución eléctrica, y al Ministerio para la Transición Ecológica, como máxima institución en el Estado en materia energética.

Así, insisten en que «los ciudadanos pagamos cada año en nuestras facturas grandes cantidades en concepto de retribuciones a la actividad de distribución y es inaceptable que las empresas responsables no mantengan adecuadamente sus redes, perjudicando en muchos casos a los barrios más humildes de nuestras ciudades y pueblos», citando expresamente el caso de la Cañada Real.

«Desde las entidades sociales, sabemos que la pobreza energética mata y no podemos tolerar ni una muerte más por su culpa. En este sentido, se estima que la precariedad energética podría ser responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año en el Estado español. En plena pandemia y de manera permanente en la vuelta a la normalidad, exigimos un futuro sin cortes de suministro donde no se haga negocio con nuestros derechos», afirman.

Y recuerdan que además de la emergencia social hay que mirar el el reto que supone la emergencia climática; una amenaza que exige con urgencia una transición ecológica y social global, en la que la dimensión energética forma parte importante por sus impactos ambientales y sociales.