Una urgencia creada por la propia institución y una pandemia que ya ha pasado lo peor como argumento: las dudas sobre la adjudicación de emergencia
Este jueves se producirá el relevo formal entre las empresas de la basura en Santander, contrato que, tras años de quejas por su mal funcionamiento, pasará del Grupo Sadisa a CESPA tras su resolución, por un importe de 16,4 millones de euros.
La empresa, perteneciente en su día a Ferrovial y que fue desbancada por Ascan-Geaser (SADISA) por los criterios subjetivos, asume este encargo por una adjudicación directa, sin concurso, abierta a posibles sobrecostes si –como ya ha pasado–, no se consigue tener a tiempo toda la maquinaria y hay que recurrir al alquiler, que ha suscitado dudas entre la oposición.
El contrato de emergencia de las basuras en Santander abre la puerta a sobrecostes
LA EMERGENCIA ES LA RESOLUCIÓN
En primer lugar, por la propia alusión a la situación de emergencia que justifica que se trate de una adjudicación directa, es decir, que no tenga que pasar por un concurso en el que compitieran varias empresas.
Uno de los argumentos que se manejan para justificar esa situación de emergencia es que el contrato ha sido resuelto (anulado por incumplimientos de la adjudicataria).
Pero esa resolución del contrato es una decisión de la propia institución, que luego acudió en busca de respaldo al Consejo de Estado.
INFORMES POLÍTICOS PRESENTADOS COMO TÉCNICOS
Desde el PSOE de Santander, en un escrito dirigido al Ayuntamiento, llaman la atención sobre otra circunstancia: la falta de informes que motiven la adjudicación o de afirmaciones que se realizan en el expediente.
El PSOE recuerda que existían alternativas que hubieran podido evitar la resolución de emergencia, incluyendo la prestación directa, la continuación provisional del servicio por el anterior contratista, o un procedimiento abierto de licitación, pero que se han descartado sin más informes o gracias al recurso de optar por el procedimiento de emergencia –alguna de estas alternativas se ha empleado en otros servicios municipales, como parques y jardines–, cuestionado también por el portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro.
Posibilidades como la de la gestión directa del servicio, sin derivarlo a una empresa privada, se descartaron desde esa área aludiendo a las “dificultades de gestión” que podrían causar la incorporación al Ayuntamiento de los trabajadores, pero admitiéndose que era una tesis personal, “a tenor de quien suscribe” y “a falta de disponer de un informe del Área de Personal al efecto”, planteando que debería ser esa área quien tuviera que pronunciarse al respecto.
Pese a la falta de informes de Personal, la directora general de Medio Ambiente plantea que los trabajadores “no pueden pasar directamente al régimen funcionarial”, obviando que podrían subrograrse a empresas públicas municipales. También se alude a la necesidad de informes económicos (en lo relacionado con los costes que supondría la maquinaria), sin que estos consten.
Además, desde el PSOE también cuestionan un argumento que emplea con frecuencia el Partido Popular: que se trata de informes técnicos.
Pero algunos de los que se citan en realidad están hechos por la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, que es un cargo de designación directa por parte del equipo de Gobierno y no un funcionario municipal (como pueden ser el interventor o el secretario).
Esto mismo se hizo en su día a la hora de rechazar las alegaciones a la modificación de la ordenanza de la plusvalía (que acabó anulada en los tribunales por discriminatoria, frente al joven abogado en Santander Miguel Gómez Cotera): se argumentaba que la decisión se apoyaba en informes técnicos –del letrado municipal–, que en realidad eran de otro cargo de confianza, la directora de Ingresos Públicos del Ayuntamiento de Santander
LA PANDEMIA COMO ARGUMENTO DE IDA Y VUELTA
El contexto de pandemia ha sido un argumento recurrente para muchos aspectos de la gestión municipal.
Si durante meses desde el Consistorio se obvió la situación de pandemia –por ejemplo, cuando se quiso celebrar la Semana Grande, las fiestas de Santiago, en un contexto de malos datos, y finalmente se acabó asumiendo su suspensión—ahora la crisis sanitaria se invoca como un motivo que obliga a extremar las medidas de limpieza e higiene.
El argumento se emplea cuando a nivel autonómica Sanidad considera desde hace semanas que se está en una situación de riesgo controlado y se han levantado prácticamente todas las restricciones.
En detalle, el portavoz socialista Daniel Fernández incide en que la fecha de la declaración de emergencia que abre la puerta a la adjudicación directa del nuevo contrato es posterior a la flexibilización de las medidas sanitarias, conocido por el Ayuntamiento al haberse abordado en una Junta de Gobierno local.
En uno de los momentos de cruce de alegaciones, SADISA llegó a esgrimir que había incrementado sus recursos y efectivos para la limpieza en los peores momentos de la crisis –en los que la limpieza, en cualquier caso, sumó recursos especiales del propio Ejército–, a lo que el Ayuntamiento le replicó que era su obligación.