La plantilla de Fresenius Medical Care, concesionaria del servicio de diálisis del Servicio Cántabro de Salud (SCS), se concentró hoy en señal de protesta por sus precarias condiciones de trabajo ante la sede de la empresa en Santander; en una movilización que precede «casi con toda seguridad» a la convocatoria de una huelga general indefinida, según precisó el Sector de Sanidad de UGT-Servicios Públicos.

«Si la empresa no se sienta a negociar en los próximos días, la huelga general indefinida es inevitable porque a los trabajadores y trabajadoras ya no les queda otra opción después de constantes incumplimientos del acuerdo laboral que se suscribió en mayo de 2021 y la negativa de la empresa a negociar un nuevo convenio colectivo», subrayó José María Fernández, portavoz del sindicato.

El sindicalista agregó que «Fresenius ya se comprometió en su momento a solucionar de una vez por todas unas condiciones de trabajo inadmisibles desde hace mucho tiempo, entre otros motivos, por una escasez de personal que provoca jornadas de trabajo maratonianas y que, si no incide más en la calidad del servicio de tratamiento de enfermedades renales, es por la profesionalidad de una plantilla que ya está agotada».

El portavoz del Sector de Sanidad de UGT-Servicios Públicos recordó que la plantilla de Fresenius Medical Care, integrada por algo más de medio centenar de trabajadores, «incluso ha tenido que pedir disculpas a los usuarios del servicio de diálisis por las demoras en sus tratamientos ocasionadas por una sobrecarga de trabajo que no termina de resolverse».

SEÑALADA POR SOBORNOS

Fresenius estuvo vinculado a denuncias de sobornos a médicos en Valdecilla, según destapó el diario El País, afirmando que seis nefrólogos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla estaban implicados en una trama de sobornos por parte de la multinacional alemana Fresenius.

A estos médicos se les habría pagado 5 millones de euros por una clínica de diálisis que se encuentra en el Zoco de Santander, y que desde el año 2007 tiene externalizado el servicio, con una prórroga desde 2013. A esa cantidad, se sumaría el 5% de la facturación de la clínica durante los siguientes cinco años, lo que supondría 750.000 euros entre 2004 y 2009.

Desde el Gobierno se justificó entonces el contrato en la necesidad de externalizar parte del servicio para atender la demanda actual, dado que los equipos instalados en el Hospital Valdecilla resultaban «insuficientes» para cubrir correctamente la prestación, tal y como explicó la entonces vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga.

En su defensa, los médicos emitieron un comunicado en el que admitieron haber tenido relación empresarial con la firma, pero niegan que hayan participado en adjudicaciones a ella. Un asunto que no estaba en cuestión, ya que de lo que se habla es de que habrían recibido sobornos, no de que hubieran adjudicado un servicio que no les compete a ellos adjudicar.