Francisco Martín es quien ocupa la presidencia de la Autoridad Portuaria, cargo para el que fue designado, como viene siendo habitual, por el Gobierno de Cantabria, del que formaba parte como consejero de Industria en el momento de su nombramiento.

El lunes fue el PSOE quien recordaba que el PRC decidió que uno de sus miembros se convirtiese en el presidente del Puerto, y ahí es donde creen que se debe preguntar por esta solución planteada contra los saltos de migrantes que quieren ir a Reino Unido colándose en un barco. En nuestra tertulia estuvo el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander certificando la cuestión, refiriéndose también al ocultismo que han comprobado sus compañeros de las Juventudes Socialistas de Santander, que han pedido el plan de seguridad que establece las concertinas como una medida plausible, sin que hayan recibido una respuesta satisfactoria, pues la Autoridad Portuaria se ampara en la ley de secretos oficiales para no revelar su propia estrategia de protección del perímetro de sus instalaciones.

Este martes, de nuevo en nuestra tertulia, en Arco FM, era Elena Castillo, diputada del PP en el Congreso, quien señalaba que «la colocación de las concertinas ha sido una decisión unilateral de Francisco Martín», sin que se consensuara nada con el Consejo de Administración.

Expresaba Castillo que es una decisión que ha podido tomarse pensando «en el bienestar económico del puerto», pero también consideraba que podría estudiarse una solución «que no ataque a la seguridad de las personas que intentan saltar».

La representante de los populares estimaba que hay dos problemas distintos y que se deben atajar por separado: uno, la seguridad del Puerto; otro, la situación de los migrantes que desean salir de España rumbo al Reino Unido.

Más lejos en la crítica llegaba la abogada Pilar de la Hera: «me parece un disparate, una desproporción bestial» tomar una decisión como esta. Una solución que califica de un «cinismo galopante», un poco en la línea del refrán ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, puesto que se trata de poner un serio riesgo para la salud de esas personas, pero que no nos duele porque no vemos directamente las consecuencias.

De la Hera cree que se trata de un hecho muy grave, y que «si un país desarrollado tiene que usar medios bárbaros para defendernos de cuatro chicos, tenemos que cuestionarnos muchas cosas».

La cuestión de los migrantes que malviven en un edificio abandonado en la zona de Nueva Montaña, cerca del Puerto, viene coleando desde antes de la pandemia. Son personas que no tienen los más básicos suministros para tener una vida digna, y aún así han sido objeto de comentarios despectivos, cuando no directamente racistas, por parte de responsables públicos que, preocupados por la marcha del Puerto, les acusan de poner en peligro la actividad que allí se lleva a cabo. Una actividad que ha batido récords positivos en 2021, en plena pandemia, con más conexiones que las que tenía antes y sin que hayan llegado quejas desde Gran Bretaña porque les haya llegado algún polizón desde Santander.

Sucedía con Jaime González, expresidente de la Autoridad Portuaria, pero ahora Francisco Martín va más allá en los hechos, colocando cuchillas en el perímetro del Puerto. Artilugios disuasorios que han sido calificados de ineficaces y que han sido retirados de las fronteras de Ceuta y Melilla, lugares donde el tema migratorio es mucho más habitual, numeroso y complejo que en la capital de Cantabria.

Además de la escasa eficacia, las concertinas resultan ser un objeto que no tiene en consideración los derechos humanos, porque pueden causar graves lesiones o incluso la muerte de quien se tope con ellas a la hora de intentar franquear una valla. Hasta el Defensor del Pueblo ha afeado estos elementos de disuasión. «Alguien que huye de una necesidad extrema y sólo se nos ocurre lesionarlos», concluía De la Hera.