La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander (PAH) alerta sobre la nueva fecha de desahucio de Jennifer. Tiene dos menores de 3 y 7 años a su cargo y se enfrenta a su segundo lanzamiento de desahucio por el fondo de capital riesgo TISAD-VID,S.L., una entidad relacionada con el Grupo SADISA y su empresa ASCAN. Y el jueves está previsto el desahucio de un activista. En este caso se trataría de un procedimiento civil (desahucio en precario) que ha terminado en otro penal y, según denuncia el afectado, «en ambos se han producido numerosas irregularidades que han sido denunciadas».

LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD

Mazorra, el segundo de los afectados,  hace un llamamiento a la gente que está sensibilizada con la problemática de la vivienda y los desahucios: “Me gustaría que tanto en mi desahucio del día 27 como en el de Jénnifer del día 26, una mujer con dos niñas pequeñas que ha sufrido violencia de género hace escasos días, se colapsaran los barrios donde se llevarán a cabo los intentos de lanzamiento. Necesitamos a todo el mundo movilizado”, recalca Roberto Mazorra.

Para ello, tanto la PAH como la Plataforma Stop-Desahucios, así como varios grupos creados al efecto se movilizarán y convocan a toda la ciudadanía de Santander y Cantabria el día 26 en la calle Isla de Cuba para parar el lanzamiento de Jénnifer y el día 27 en la calle León Felipe para parar el desahucio de Roberto. Y es que para los colectivos antidesahucios hay una “flagrante e irregular actuación” por parte de los juzgados de Cantabria al no aplicar el Real Decreto-ley 11/2020 en los casos de Jénnifer y Roberto y en cientos de casos más desde que estalló la pandemia. Y de igual forma se critica la inacción de las administraciones públicas. En concreto, “la desidia absoluta del Ayuntamiento de Santander”. Y en cuanto al Gobierno de Cantabria y a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, “todavía estamos esperando a la reunión solicitada hace más de ocho días con la titular, Eugenia Gómez de Diego”. Desde las diferentes plataformas y colectivos se denuncia que la administración autonómica está “obligada por ley a solucionar las necesidades habitacionales de las familias vulnerables y no está cumpliendo con ese deber”.

EL CASO DE JENNIFER

El pasado 3 de octubre, cuando ocurrió el primer lanzamiento, se suspendió por la presión social. Jennifer vive en una vivienda donde ya había una demanda de desahucio (la cual ella ignoraba, según la PAH). Pero ella y su familia han caído en la red de una mafia de alquileres falsos. La PAH denuncia a estas mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad y la desesperación de los afectados al no encontrar vivienda. Como ella, que está cobrando el ingreso mínimo vital

La vulnerabilidad de Jennifer y sus hijas es conocida por la Dirección General de Vivienda, cuya trabajadora social visitó a la familia y conoció de primera mano la urgencia en encontrar una solución habitacional.

Por ello, la PAH hace un llamamiento a la ciudadanía, a toda la sociedad civil y movimientos ciudadanos de Cantabria a acudir este miércoles, día 26 de octubre, a las 8:30 horas en la calle Isla de Cuba, 1, de Santander.

Cuando se paralizó el desahucio el pasado 3 de octubre, desde la PAH criticaron la falta de emisión del informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales en Santander (un documento que acreditaría la situación de vulnerabilidad y que ayudaría a frenar el lanzamiento), por un “tecnicismo”.

“¿Es una familia vulnerable? Si. Sin lugar a dudas. ¿Lo sabe el juez? Sí. Sin duda. Lo saben los Servicios Sociales? Sí. Sin ninguna duda. Y sin embargo, el desahucio no se paraliza. Pueden poner cualquier excusa. Cualquier pretexto. Pero no pueden alegar ninguna razón de peso , ningún motivo, para que se empeñen en lanzar a la calle a una familia vulnerable, con dos niños pequeños , y seguir atendiendo la demanda del fondo inmobiliario propietario del piso”, lamentan.

DESAHUCIO DEL JUEVES

Y el jueves 27 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander y un empresario vallisoletano intentarán desahuciar a un activista antidesahucios. Se trataría de un procedimiento civil (desahucio en precario) que ha derivado en otro penal, y en ambos se han producido numerosas irregularidades que han sido denunciadas por el afectado y por las plataformas antidesahucios.

Los antecedentes del caso se encuentran en el año 2014, cuando la extinta LIBERBANK obtiene el inmueble como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria a través de su empresa inmobiliaria instrumental, BEYOS Y PONGA (actual MOSACATA). En el año 2015, LIBERBANK cede la vivienda en alquiler social. Dos años después, en el año 2017, el inmueble fue adquirido por el fondo inmobiliario DESARROLLOS LAS PEÑICAS, S.L., vinculado societariamente a LIBERBANK.

En 2018, DESARROLLOS LAS PEÑICAS denuncia por usurpación a los residentes en el inmueble. Pero la sentencia es favorable a los ocupantes y el juez dictamina que las personas que vivían allí lo hacían legalmente y que contaban con la autorización del propietario en su momento, LIBERBANK. Posteriormente, según explica el propio afectado, el fondo buitre vuelve a la carga y presenta demanda de desahucio por precario (procedimiento civil). A finales de 2019 hubo sentencia en primera instancia a favor de DESARROLLOS LAS PEÑICAS. En 2020, los afectados presentaron recurso ante la Audiencia Provincial y a finales de 2021 hay sentencia confirmatoria.

ASALTO A LA VIVIENDA Y AMENAZAS

A pesar de todas estas circunstancias, el 28 de mayo de 2021 un empresario vallisoletano, adquirió la vivienda por 50.000 euros sin ni siquiera haberla visto, con unas escrituras llenas de datos falsos y a pesar de conocer que el inmueble estaba habitado.

Pocos días después de la compra, el 18 de junio de 2020, según relata el propio afectado, dos individuos asaltaban la vivienda, destrozando la puerta de la entrada y entrando en el interior del inmueble. «Un par de semanas después volvían de nuevo para arrancar el contador de la luz después de forzar el armario del cuadro de contadores y el buzón de los afectados. Durante los meses de junio y de julio, el propietario se puso en contacto con los afectados, amenazándolos en varias ocasiones con medidas violentas para que abandonaran la vivienda. Posteriormente, llevó las ‘negociaciones’ un abogado de un bufete de abogados de Valladolid, que actuaba en representación del nuevo dueño. Este letrado les comunicó lo siguiente a principios de julio: “Os damos hasta el día 1 de agosto para abandonar el piso. Y vais a iros de allí, ya sea por las buenas o por las malas. La gente que va a ir es de fuera, son rumanos, de SERVIOKUPAS. Y si os tienen que dar dos hostias os las van a dar. Y por 300 euros, que es la multa por desalojaros, os las dan. Que a esa gente no se la pone nada por delante”.

Las víctimas de los hechos descritos presentaron sendas denuncias por amenazas, coacciones, allanamiento de morada, extorsión, daños, etc., contra los responsables; concretamente, contra el propietario, el abogado y el titular de la empresa Serviokupas, contratada por los anteriores. Sin embargo, a pesar de los dos atestados policiales, de la investigación policial, de las testificales de los vecinos y de los propios denunciantes, la denuncia fue archivada en primera instancia y ulteriormente por la Audiencia Provincial. Actualmente, están a la espera del auto del Tribunal Constitucional, ya que se ha presentado recurso de amparo ante dicho tribunal. Como consecuencia de las amenazas, varias personas abandonaron la vivienda y ahora sólo reside en ella Roberto Mazorra.

Roberto Mazorra es un militante de años en el movimiento antidesahucios, asesor legal y portavoz tanto de la PAH como de la plataforma Stop-Desahucios. Mazorra ha conocido todo tipo de cosas turbias en los numerosos procesos de desahucio que ha vivido, pero lo que le ha tocado sufrir a él directamente tiene poca comparación: “Inicialmente, me pareció absurdo que alguien comprara una vivienda sin haberla visto, con gente dentro y sin sentencia definitiva. Es obvio que el nuevo propietario tiene `negocietes’ y contactos en Valladolid que poseen vinculaciones con el fondo buitre. Y supongo que pensaría que utilizando la fuerza y las amenazas, que mediante actividades mafiosas, nos iban a echar de nuestra casa. La cuestión es que se trata de un semisótano que no tenía ni puertas pero que está a un minuto de la playa. Y parece que fue un chollo el precio de venta. Y si a eso añadimos que el nuevo propietario tiene varias empresas y una de ellas se dedica al alquiler de inmuebles, pues el tema está claro. Se trata de un negocio”. Mazorra también carga contra la actuación judicial. El juez de instrucción archivó inicialmente el caso porque no había datos de los denunciados, a pesar de que se había presentado un escrito donde venían hasta las direcciones y los DNI. Dicho escrito estuvo varios meses perdido en la burocracia judicial. Posteriormente, la Audiencia Provincial emitió un auto confirmatorio en donde llegaba a poner en entredicho incluso la comisión de delito. En mi opinión, son resoluciones contrarias a derecho en donde priman los intereses ideológicos por encima de la ley. La campaña mediática contra los supuestos ‘okupas’ ha hecho mucho daño a la verdad”.

DESAHUCIOS

Los juzgados de primera instancia de Cantabria tramitaron durante el segundo trimestre de este año 2022 un total de 144 desahucios y 8 procedimientos judiciales por ocupación. Es decir, los desahucios multiplican por 18 las ocupaciones.

Así se desprende de los datos del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Si el primer trimestre constató un incremento de los lanzamientos, entre abril y junio se 2022 se produjo un descenso del 33 por ciento respecto a los realizados en el mismo periodo de 2021, cuando fueron 215.

De ellos, el mayor descenso se advierte en los lanzamientos practicados como consecuencia de una ejecución hipotecaria, que disminuyeron un 69,8 por ciento, mientras que los debidos al impago de un arrendamiento (alquileres) descendieron un 5 por ciento.

Aún así, esa cifra supone una tasa de lanzamientos por cada 100.000 habitantes en nuestra región de 24,6 frente a 22,8 de la media nacional.